EscucharUn informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revela que, al parecer, el gerente de la Planta Asfáltica de MECO, Luis Fernando Gutiérrez Vargas, se deshizo de posibles evidencias que lo vinculaban con la presunta corrupción en la adjudicación de obras viales cantonales investigada en el denominado caso Diamante.
Estas acciones aparentemente se ejecutaron después de los allanamientos del Caso Cochinilla, según consigna una ampliación del documento 043–SADEF–Cl–2020, el cual forma parte del expediente 20–009616–0042–PE. Este último investiga la supuesta obtención de beneficios indebidos en 15 proyectos para construir o conservar infraestructura vial cantonal, mediante el pago de dádivas.
El informe precisa que, a partir de las intervenciones telefónicas hechas como parte de la Operación Diamante —en las secuencias 0214051, 0214061, 0214145, 0214166 y 0214544—, se determinó que después de los allanamientos del Caso Cochinilla el gerente de asfaltos de MECO, Luis Fernando Gutiérrez, presuntamente “trató de eliminar cualquier prueba que le comprometiera dentro de ese proceso”, borrando información de su celular y “ocultando” documentación.
Datos confidenciales recopilados en la investigación e incorporados en ese documento precisan que Gutiérrez habría llevado a la casa de un pariente dos maletines con dinero, una computadora y documentos, por lo que a partir de ello, los agentes consideraron “indispensable” contar con una orden de ingreso a la casa del gerente, así como a la de su familiar en busca de los indicios.
Precisamente, el lunes pasado, entre los 40 allanamientos desplegados hubo ingresos a la vivienda de Gutiérrez y a la del familiar citado en la información confidencial, según consta en la orden de esa diligencia. El resultado de estos operativos se desconoce todavía.
De los 13 aprehendidos el lunes anterior, solo Gutiérrez permanece detenido, ya que la Fiscalía solicitó ocho meses de prisión preventiva, mientras que para el resto de imputados, incluidos seis alcaldes, pidió medidas alternas al encarcelamiento, como suspensión del cargo, impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y no acercarse a testigos.
Lo consignado en estos informes es consecuente con una declaración que brindó, en conferencia de prensa, a inicios de semana, el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, quien confirmó que en el transcurso de la investigación del caso Diamante se quisieron “suprimir” pruebas.
“Durante el proceso que tiene que ver con el caso Diamante sí se han detectado algunos intentos dirigidos a suprimir alguna prueba documental. No obstante, la investigación ha permitido obtener datos que le dan bastante respaldo y fortaleza al caso”, aseguró.
Además de Gutiérrez, el día de los allanamientos también fueron detenidos cinco empleados municipales, un empresario de la firma Explotec y los alcaldes Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Arnoldo Barahona Cortés (Escazú) y Alberto Cole De León (Osa).
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