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Ocho de los 14 imputados del caso Coopemex ofrecieron someterse a una conciliación o la suspensión del proceso a prueba, medidas alternativas para evitar el juicio por administración fraudulenta.
Si la defensa concreta este acuerdo con los demandantes, los acusados deberán devolver el dinero que le adeudan a la cooperativa, realizar trabajo comunal y donaciones a entidades de bien social.
Rodrigo Araya, representante del fideicomiso de la cooperativa, explicó que cinco de los sospechosos ya retornaron el dinero y cancelaron los créditos que tenían con Coopemex, mientras que otros tres se comprometieron a cancelar lo adeudado. Los montos no trascendieron.
Los beneficiados con una suspensión del proceso a prueba serían los imputados de apellidos Lara, Carrillo, Espinoza, Clark, Coronado, Solano y Mata. En tanto, la propuesta de otro acusado, de apellido Carpio, es llegar a una conciliación, por lo que cumpliría las medidas durante un plazo menor al resto.
Este jueves, en el Tribunal Penal de San José, la fiscala Dixiela Madrigal leerá los cargos, los cuales deberán ser aceptados por los sospechosos para que las juezas avalen las propuestas alternas.
En la suspensión del proceso a prueba la persona acusada elude el juicio, pero se compromete a cumplir un plan de reparación por su delito, como un arreglo con la víctima u otro tipo de condiciones, como no portar armas, someterse a tratamiento médico o psicológico o iniciar estudios académicos.
Las otras seis personas, de apellidos Sandoval, García, Ramírez, Jiménez, Villalobos y Sánchez, no entrarían al acuerdo, pues su responsabilidad en el presunto delito habría sido mayor.
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“Hay un grupo de seis imputados con los que se tomó la decisión de no negociar, porque son los que ostentan los cargos más importantes y los que consideramos que causaron un mayor daño”, declaró Araya.
Los defensores de estos sospechosos solicitaron la suspensión del proceso a prueba al otro abogado demandante, Oscar Arroyo, quien representa al concurso de acreedores afectados.
Aunque Arroyo expresó su anuencia, Araya adelantó que ni él ni la fiscala aceptarían la propuesta.
“El fideicomiso se opone a cualquier medida alterna. Queremos ir a juicio”, aseguró Araya.
Estos imputados también exploran ingresar a un procedimiento especial abreviado, en el cual admitirían las acusaciones para recibir una condena menor sin necesidad de debate, con la aprobación del Ministerio Público. Esta posibilidad será analizada por los denunciantes.
Hechos denunciados
En este proceso se indagan las razones que llevaron a que Coopemex, en su momento la tercera cooperativa más grande de Costa Rica, debiera ser absorbida por el Banco Popular en el 2010.
El caso inició el 26 de febrero de ese año, cuando la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), tras una audiencia, denunció ante la Fiscalía la pérdida de más de ¢8.000 millones en la cooperativa.
Al parecer, los imputados se adjudicaron dineros de esta entidad, cuando integraban su Junta Directiva, entre el 2005 y 2009.
Supuestamente, idearon un plan para suponer operaciones, exagerar gastos y alterar las cuentas de la cooperativa, la cual presentaba problemas de morosidad en su cartera de créditos.
Los denunciados se exponen a penas de dos meses a tres años de prisión si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base, y de seis meses a diez años cuando lo supere.
El Código Penal dicta que “las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del público, o por quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, haya obtenido sus recursos, total o parcialmente del ahorro del público”.
