Francela, Oriana, Roxana, Anette, María Fernanda y Seilyn son algunos de los nombres de las 15 mujeres víctimas de feminicidio este 2022. De ese total, once eran mamás y dejaron a 17 niños y niñas huérfanos al ser asesinadas.
Desafortunadamente, la cifra aún no es definitiva, pues hay 24 muertes que no han sido clasificadas y están a la espera de investigaciones judiciales que permitan esclarecer los hechos y determinar si se trata de un feminicidio. Entre esas la más reciente, ocurrida el 2 de diciembre anterior en San Pablo de Turrubares, donde murió una mujer identificada como Stephanie Andrea Valverde Aguilar, de 32 años y madre de cinco hijos.
Por edad, la víctima más longeva tenía 60 años, no obstante, el promedio de edad de las víctimas oscila entre 30 y 40 años, con fue el caso de Rosibel Picado Montes (33 años) quien murió, según se investiga, a manos de su compañero sentimental en San Francisco de Heredia.
También, Seilyn Cabezas quien recibió un disparo presuntamente de su esposo en un centro comercial en Tilarán, Guanacaste para luego suicidarse con la misma arma y Anette Benavides, de 40 años, que fue atacada a múltiples puñaladas en San Rafael de Heredia y el sospechoso de los hechos es su pareja sentimental.
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Según el tipo de feminicidio, ocho de los casos se consideraron como feminicidio artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, que incluye a quienes den muerte a una mujer con la que mantengan o hayan mantenido una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia y casual aún cuando medie divorcio, separación o ruptura.
Otros cinco se agruparon en feminicidio en otros contextos, una categoría incorporada en la reforma de la ley de Violencia contra las Mujeres de 2021 y que recoge las muertes violentas, por género, ocurridas en contextos donde la persona autora se aprovecha de un vínculo de amistad, confianza o parentesco, sea explotador sexual, tenga antecedentes de violencia en el ámbito familiar, entre otros. Y dos de los casos restantes se integraron en feminicidio ampliado.
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A modo de ejemplo, la muerte de María Fernanda Quesada, de 28 años, el 3 de marzo por la noche en la Garita Nueva de Tamarindo, en Santa Cruz, Guanacaste, corresponde a un feminicidio artículo 21 por ser su esposo el principal sospechoso del crimen. Mientras tanto, el crimen de Laila Chaves, de 53 años, en abril, se consideró feminicidio en otros contextos por tratarse aparentemente de su hijo quien la habría herido con un arma blanca.
Variación de números
Un nuevo conteo de casos podría elevar el número y cambiar completamente las circunstancias o percepciones que se tienen sobre muchos o pocos feminicidios, (actualmente 15 y con los 24 faltantes serían 39 si se clasifican todos como feminicidios).
Por esa razón es que especialistas en violencia de género no se atreven a dar una explicación sobre el constante movimiento en las estadísticas año con año, como en 2019 con 17 muertes de mujeres, 2020 con 28 asesinatos y 2021 con un total de 19.
“Las personas que trabajan con las estadísticas en la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención del Feminicidio han dicho que los números son muy bajos para poder hacer un análisis de tendencias y que sea significativamente establecido como para decir, esto es lo que está pasando o estas son las diferencias entre todos”, dijo Dixie Mendoza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
En eso también coincidió Adina Castro, coordinadora del departamento de violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), pues para Castro el número se mueve de una forma desconocida y hoy se puede hablar de ese dato, pero en unos días existe otro, o se incluyen las que esperan su categorización, por lo que tampoco encuentra una respuesta sobre la aparente reducción en 2022.
De hecho, Mendoza enfatizó que cuando hacen falta muchas causas por clasificar no es que haya impunidad, sino que las investigaciones tardan más y es muy probable (con algunas excepciones) que tal vez no sean feminicidios, porque cuando son crímenes de mujeres, las características están más definidas y en especial si se tiene claridad de quién mató a la víctima y qué tipo de relación tenía con ella.
La Subcomisión Interinstitucional para la Prevención de Feminicidios toma en cuenta, para clasificar un feminicidio, criterios como vínculos de pareja y socio afectivos actuales o en el pasado entre el victimario y la víctima, componentes sexuales directo entre las partes como acoso sexual, ataque sexual, secuestro o privación de libertad, relación de poder, negación a establecer una relación con el atacante, entre otros.
Estadísticas del Poder Judicial evidencian que nueve de cada diez personas que piden medidas de protección son mujeres contra sus parejas o exparejas. Específicamente, en el año 2019, las solicitudes de las mujeres representaron un 86% de las causas, en tanto en el 2020 y 2021 fue un 87%, lo que se traduce en que aproximadamente 47.000 femeninas anualmente acudieron a instancias judiciales.
¡Busque ayuda!
En el país existen distintas formas de solicitar mecanismos de ayuda ante una agresión, violencia doméstica y violación, la más conocida es el sistema de emergencias 911, pero también existen otros programas como el Equipo de Respuesta Rápida del Poder Judicial, que atiende denuncias junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras instituciones, en las primeras 72 horas de ocurrido el ataque.
“Todos los casos se deben valorar y si un hecho no reúne los criterios del Protocolo de las 72 horas, esto no implica que a la víctima no se le brinde recepción de denuncia inmediata, valoración médico legal, atención médica asistencial y apoyo psicológico”, explicó el Poder Judicial.
Estos equipos funcionan en 20 zonas del país desde el Gran Área Metropolitana hasta Guápiles, Siquirres, Liberia, Cañas, Santa Cruz, Nicoya, Puntarenas, Quepos, Parrita y Limón, basta con presentarse a una oficina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fiscalía, o al servicio de emergencias del hospital más cercano.
“Es importante que la comunidad y la familia se sientan responsables de actuar frente a situaciones de violencia, porque también hacerse de la vista gorda y no hacer o decir nada de alguna manera es ser partícipe. Tenemos que involucrarnos y participar para apoyar a más mujeres”, añadió Castro.
Los infantes, quienes por lo general son testigos de las agresiones y daño a sus madres, reciben acompañamiento psicológico por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Al mismo tiempo, tras una investigación preliminar, se busca con rapidez si un familiar, vecino o amigo puede acogerlos y, como última instancia, ante la ausencia de estos recursos, se ubica al pequeño en un albergue del PANI, según explicó Rodolfo Meneses, abogado del centro de orientación e información de la entidad.
El PANI mantiene la línea de llamadas gratuita 1147 o el WhatsApp 8989-1147 para atención de menores y situaciones de riesgo que los incluyan a ellos o sus parientes, funciona de lunes a viernes de 7 a. m. a 10 p. m.