Hugo Solano C.. 3 noviembre, 2018
El 25 de agosto del año pasado el empresario Juan Carlos Bolaños compareció en la Asamblea Legislativa. Fotografía: José Cordero.

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea, resolvió este viernes por la noche que el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, deberá seguir en prisión preventiva seis meses más, hasta abril del 2019.

El empresario es investigado por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito. El importador de cemento chino fue capturado a las 4 a. m. del 3 de noviembre del 2017, en vía pública en Atenas, Alajuela, cuando se trasladaba a alta velocidad en un vehículo Land Rover.

Bolaños es el único de los involucrados en el caso que sigue en prisión, pues los demás sospechosos de los delitos que la Fiscalía investiga por corrupción quedaron con otras medidas.

Ya el Juzgado notificó a las partes sobre lo resuelto. Se acogió la solicitud de la Fiscalía, mientras que la defensa de Bolaños solicitaba que lo dejaran fuera de prisión.

Bolaños ha estado en diferentes centros penitenciarios desde su captura. El mes pasado fue trasladado a la cárcel del adulto mayor en San Rafael de Alajuela.

De igual manera, el Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó este sábado que el Juzgado amplió por seis meses la medida de arresto domiciliario contra Mario Barrenechea, exgerente general del Banco de Costa Rica (BCR), quien usa tobillera electrónica desde agosto de este año.

La situación del caso

A casi un año de los primeros allanamientos realizados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso del cemento chino, los implicados cumplen con diferentes medidas cautelares y solo el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas permanece en prisión preventiva.

El escándalo del cemento chino tiene su origen en el otorgamiento, por parte del BCR, de dos dudosas líneas de crédito hasta por $30 millones, a la compañía Sinocem Costa Rica, propiedad de Bolaños.

Entre las más recientes modificaciones de medidas a los involucrados con este caso, están las de los exfuncionarios del Banco de Costa Rica (BCR), Leonardo Acuña Alvarado, quien se desempeñaba como subgerente de Finanzas y Riesgos, y Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista.

Ambos permanecían en arresto domiciliario, pero el lunes 17 de setiembre el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José declaró con lugar la apelación planteada por el abogado de ambos, Francisco Dall’Anese, y les impuso otras medidas menos gravosas.

En total, seis miembros de la alta gerencia del BCR son investigados por un aparente delito de peculado, bajo el supuesto de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con el financiamiento de $30 millones otorgados a Bolaños para importar cemento desde China.

Entre los implicados en la investigación también figuran Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista del BCR; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito, y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.

La investigación por este caso se encuentra en desarrollo dentro de la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas, según el artículo 295 del Código Procesal Penal.