El empresario Juan Carlos Bolaños, de 39 años, fue trasladado el pasado viernes a la cárcel de Adulto Mayor, en San Rafael de Alajuela, para que pueda seguir la rehabilitación que requiere después de una operación de rodilla realizada en diciembre pasado, informó el Ministerio de Justicia y Paz.

La reubicación fue ordenada por los jueces del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José, “para proteger su integridad física y donde pudiera realizar las terapias y rehabilitación para su tratamiento de salud”.

La orden fue ratificada por el Instituto Nacional de Criminología.

Sin embargo, los abogados de Bolaños brindaron razones contradictorias para justificar el traslado.

Uno de los defensores, Juan Marcos Rivero, aseguró que el empresario fue reubicado porque “lo intentaron matar”. Él alega que Bolaños recibió varias agresiones en las últimas dos semanas, que supuestamente incluyeron ataques a golpes y puñaladas.

El Ministerio de Justicia negó “categóricamente” que hayan existido ataques contra Bolaños.

Por otra parte, José Miguel Villalobos, el otro abogado de Bolaños, afirmó desconocer las razones para reubicarlo y también negó algún intento de asesinato.

“No tenemos idea, son decisiones del Ministerio de Justicia”, dijo Villalobos.

El abogado explicó que Bolaños estaba en la cárcel Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela, pero en las últimas semanas fue trasladado a un pabellón en La Reforma.

Esto provocó que los defensores presentaran un reclamo por aparente inseguridad, así que lo ubicaron en una celda individual, que tampoco reunía las condiciones para albergar al importador cementero, alegaron los abogados.

Después de esto, pasó a la cárcel del Adulto Mayor, aunque Villalobos apuntó que su objetivo era que Bolaños volviera a la cárcel Luis Paulino Mora.

Bolaños descuenta prisión preventiva desde el 8 de noviembre del 2017 por el caso del cemento chino. La medida continuará al menos hasta el 4 de noviembre. Al empresario se le investiga por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.

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El caso

Siete exfuncionarios del Banco de Costa Rica (BCR) son investigados por supuestamente haber facilitado el otorgamiento irregular de dos líneas de crédito de $30 millones a Bolaños para importar cemento desde China. Asimismo, son indagados cuatro funcionarios del Banco Popular y dos gerentes de Sinocem Costa Rica por un aparente crédito anómalo de $5 millones entregado en el 2015.

De todos los involucrados en el caso, solo Bolaños cumple con prisión preventiva.

Leonardo Acuña Alvarado y Andrés Víquez Lizano, exsubgerentes del BCR, permanecían en arresto domiciliario, hasta que el Tribunal Penal declaró con lugar una apelación del abogado de ambos, Francisco Dall’Anese, y les impuso firmar cada ocho días ante el despacho que determine la causa, e informar y reportar al Juzgado Penal de Hacienda sobre su nuevo lugar de trabajo, horario y funciones en los próximos 15 días.

Los otros implicados del BCR son: Mario Barrenechea Coto, quien pasó de prisión preventiva al arresto domiciliario; Marvin Corrales Barboza, que tiene prohibido acercarse a menos de un kilómetro a las oficinas bancarias en las que laboraba y comunicarse con los testigos de la causa; y Paola Mora, quien debe firmar cada 15 días en un despacho judicial y tiene prohibido contactar a testigos del caso.

Asimismo, Rodrigo Ramírez Rodríguez y Gilberth Barrantes Campos están libres y sin medidas cautelares.

A los detenidos de Sinocem, de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga, se les impuso firmar cada 15 días y no salir del país. La misma medida aplica para los empleados del Banco Popular: Bogantes Brenes, Gómez Barrantes, Delgado Negrini y Alpízar Hidalgo.