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Lleva 28 años de ser médico y 23 especializado en cirugía plástica y en todo ese tiempo nunca había visto casos “tan grotescos”, de pacientes que se somenten a procedimientos estéticos y quedan deformados, en condición crítica o incluso muertos. La experiencia la relata Mario Quesada, jefe de Cirugía Plástica del Hospital México, quien se declara “alarmado” por la cantidad de pacientes graves que ingresan a hospitales públicos.
Según declaró, en entrevista con La Nación, en el 2021 el México recibió dos o tres casos por mes con complicaciones serias, y en lo que va de este año incluso percibe un incremento con respecto al periodo anterior. Según precisó, en enero hubo 14 casos e incluso una de las pacientes falleció. También rememoró a otra persona que estuvo casi siete meses internada y salió con deformidades fuertes.
Por toda esta situación, Quesada hizo un llamado al Colegio de Médicos para una mejor fiscalización del trabajo que dichas clínicas realizan.
“Con plata de todos los costarricenses pagamos estas complicaciones”, dijo el galeno, quien agregó que entre las personas atendidas este año, llegaron cuatro con la bacteria helicobacter absesun. En enero una de las pacientes llegó sin vida y el mismo día de esa muerte, llegó otra mujer con perforación intestinal, desde una clínica de San José.
El fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Carlos Escalante Ugalde, sostiene que no todos los afectados presentan la denuncia ante ese colegio profesional, sino que acuden directamente a vías judiciales. Por lo anterior, ellos no tienen conocimiento directo de un incremento de casos.
“Nos enteramos de unos aparentes casos del Hospital México que salieron en la prensa, no obstante, ningún hospital presentó la denuncia ni tampoco algún colega que haya tenido conocimiento”, agregó el Colegio ante consultas de este medio.
En lo que a ellos respecta, en el 2018 tramitaron ocho denuncias, ya para el 2021 subieron a 14, y en lo que llevamos del año 2022, van 12, por lo que se nota una tendencia al incremento.
Añaden que el Colegio actúa por denuncias anónimas, confidenciales o de oficio. También, cuando trasciende a través de los medios o cuando la persona afectada se presenta directamente ante ellos. “Siempre se procede a realizar la investigación preliminar y esperan que el afectado se apersone a la institución para continuar con el proceso”, indicaron.
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Tortuosa vía legal
A las semanas o meses de dolor y recuperación, se suman otros tantos meses u años de espera para ver que una causa judicial por este asunto prospere y por eso, algunas de las víctimas desisten de acudir a la vía legal. El delito es por falta de cuidado, por impericia, imprudencia o negligencia.
Muchas veces, cuando las autoridades llegan a la clínica privada en busca de pruebas, ya han desaparecido los expedientes, de modo que si el paciente no tiene un recibo o un documento donde se indique que fue operado en ese lugar, la denuncia no procede.
En caso de que la Policía Judicial logre encontrar el expediente, viene la fase donde la Medicatura Forense debe demostrar que hubo impericia o negligencia para ver si procede la judicialización.
Quesada, citando declaraciones del abogado del Colegio de Médicos, Julián Solano Porras, dijo que de todos los casos por este tipo de impericias, solo el 10% pasan a etapa judicial y de esos solo el 5% termina en una condenatoria, es decir menos de un 1% de los casos ocurridos.
“Será que el Colegio de Médicos se ha anquilosado en cuanto a su normativa y se ha convertido en una especie de sindicato, que no fiscaliza la labor de sus agremiados. Ha sido muy flojo en ese aspecto y hace dificilísima la posibilidad de que una denuncia por mal praxis llegue a buen término”, acotó el galeno, quien además es presidente de la Asociación de Cirujanos Plásticos.
Se trata de procesos que duran hasta seis años o más. Muchas veces al paciente la familia le recrimina haber buscado una cirugía plástica, de modo que junto al dolor sufrido y la deformidad que queda en el cuerpo, viene esa otra carga familiar y, en suma, un proceso judicial sumamente engorroso.
Hasta Casación
A manera de ejemplo, el 3 de marzo del 2017, tras casi seis años de haberse sometido a una cirugía, el Tribunal Penal de Pavas condenó al médico Andrés Vargas Scott, a cuatro años de cárcel por aplicar un tratamiento que dejó con lesiones de por vida a la exmodelo Cristina García Chacón.
El médico, quien no era especialista en cirugía plástica, fue condenado por haberle infiltrado en los glúteos a la víctima una sustancia de relleno conocida como PMMA (polimetilmetacrilato) que le provocó un daño grave y la obligó a seguir tratamientos durante años. Por ese delito los jueces le impusieron a Vargas tres años de cárcel y uno más por falsificación de documento privado. Vargas no fue a prisión, pues se le dio el beneficio de arresto domiciliario con monitoreo electrónico (tobillera).
Además de la pena impuesta, el Tribunal ordenó al médico el pago de $200.000 por daño moral y más de $78.334 por los gastos médicos que García tuvo que hacer en México para recuperar en parte su salud. Sin embargo, la defensa del médico apeló el caso.
Aunque el Tribunal de Apelación rechazó el primer recurso de alzada, volvieron a insistir y en la actualidad se está la espera de lo que resuelva el Tribunal de Casación, que es la última instancia. Así las cosas, García, quien fue operada en setiembre del 2011, no ha visto que su caso llegue a término.
“Pobrecita la gente. Si el Colegio de Médicos piensa que usted puede hacer procedimientos quirúrgicos invasivos con solo tener un curso no reconocido, pues que lo digan y así acabamos con los especialistas. Creo que hay mucha permisividad”, afirmó Quesada.
Y es que para esas operaciones, además de los seis años de carrera en Medicina, se requieren cuatro más de especialidad y tres adicionales para cirugías plásticas, acotó Quesada.
En ese sentido, el Colegio de Médicos informó de que existen denuncias tanto en contra de médicos generales como de médicos especialistas. “Se verifica cada denuncia. Lo que nosotros hacemos es la apertura de una investigación preliminar y si se determinan elementos de prueba que respalden lo denunciado, se eleva al Tribunal de Ética Médica para el debido proceso”, indicaron.
A finales del año pasado esa entidad, junto con los ministerios de Salud y Economía lanzaron una campaña en la que llamaban a analizar muy bien con quién y dónde se piensan realizar un tratamiento estético. En esa campaña recordaron que las fallas de un profesional médico se pueden denunciar a ese Colegio al teléfono 2210-2263 o por medio de la página web.
Hermana de profesora fallecida sostiene que el tiempo no cura el dolor
“Han sido casi dos años terribles. A veces pienso que el tiempo va a curar las heridas o va a doler menos, pero no. Máxime sabiendo que las personas que hicieron eso siguen libres”, dijo Rebeca Rodríguez, hermana de Arelys Rodríguez Rojas, educadora de 37 años, quien se complicó y falleció por una presunta impericia durante un procedimiento estético que le realizó un médico, de apellidos Sánchez Bagnarello, en Golfito, el 12 de octubre del 2020.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron a la casa de Rebeca recientemente para informarle que las pericias a su cargo ya concluyeron y quedaron en el expediente, sin embargo todavía no existe una solicitud de elevación a juicio.
La Fiscalía de Golfito informó que la causa por la muerte de la docente (N.° 20-001751-0062-PE) se encuentra en aún en la etapa de investigación por el presunto delito de homicidio culposo, en su modalidad de mal praxis. Figura como investigada una persona de apellidos Sánchez Bagnarello.
Rodríguez lamentó que el proceso avance de forma tan lenta, pero dice que no va a descansar para que se le haga justicia a su hermana, pues toda la familia está esperando ver lo que va a pasar. “El día que yo me sienta satisfecha será cuando condenen al autor de esa muerte. Estamos hablando de una vida que se perdió. ¿Cómo va a ser que la persona que mató a mi hermana vive como si nada? No es justo”, afirmó.
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Rebeca, de 37 años, trabaja atendiendo una verdulería que Arelys tenía en la finca donde viven en Aguabuena, Coto Brus. Las dos hijas de la fallecida quedaron con la familia, una tiene 12 años y es colegial, mientras que la otra ya obtuvo la licenciatura como profesora de Español y espera conseguir trabajo pronto.
Otro de los casos que está judicializado desde el 2018 es el de la periodista Maricruz Leiva, quien acusó por un supuesto mal procedimiento médico a la doctora que la operó, de apellidos Fallas Guevara.
Casi cuatro años después de esa cirugía, que la tuvo entre la vida y la muerte durante meses, Leiva sigue a la espera de que el proceso llegue a juicio.
“A veces uno se desespera y quisiera que esto se resolviera ya, porque son muy lentos los procesos judiciales. Sin embargo, siempre he confiado en el sistema de justicia de Costa Rica y estoy segura que esto pronto se va a mover. Creo en Dios y estoy segura que la verdad va a salir a la luz y espero que sea ahorita”, afirmó la comunicadora.
