Escuchar
“Ese tipo de insinuaciones transgreden la institucionalidad”. Con esa frase, el nuevo fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, respondió a cuestionamientos del Poder Ejecutivo hacia el trabajo y decisiones del Poder Judicial con respecto a sospechosos de delitos.
Esas críticas, agregó Díaz, no van a debilitar la imagen del Poder Judicial ni del Ministerio Público, que opera como órgano acusador del Estado y que él dirige desde el 31 de octubre. “Nosotros nos abocamos, sin ningún tipo de presión, a desarrollar nuestra función y conocemos bastante bien lo que tenemos que hacer”.
Lejos de ver los cuestionamientos del Ejecutivo como una pelea desigual, afirma que ni siquiera es una pelea pues se trata de manifestaciones que puede hacer cualquier ciudadano. Añadió que en la Fiscalía son respetuosos y que serán actuaciones objetivas e independientes de la Fiscalía las que sirvan como carta de presentación.
Díaz, en su primera entrevista con La Nación, aludió de esa forma a lo dicho por el ministro de Seguridad, Jorge Torres, en una publicación en Twitter, el sábado 14 de enero: “La Fuerza Pública hace su trabajo, duro, esforzado y permanente. Pero no estamos logrando resultados en muchas ocasiones por tanto beneficio que se otorga desde el Poder Judicial a delincuentes que cometen hechos de gravedad”.
A ello, el presidente Rodrigo Chaves, también en Twitter, dijo seguidamente: “No podemos seguir así. La Policía capturándolos y el Poder Judicial liberándoles de manera inmediata. Hay una crisis que no viene de falta de trabajo del Ministerio de Seguridad. Viene de que hay una puerta rotatoria en las cortes, pareciera”.
Diez días después, Chaves, enfiló cuestionamientos hacia la Fiscalía por haber pedido desestimar el bautizado por Hacienda como “megacaso” de evasión fiscal que le atribuyen al banquero Leonel Baruch Goldber, dueño del medio CRHoy. “Nosotros no vamos ya a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos”. Por eso, pidió que la Procuraduría General de la República, un órgano adscrito al Poder Ejecutivo, “actúe como acusador”.
El mandatario mencionó un conflicto de intereses entre la fiscal que analizó ese caso, Criss González, y el empresario investigado y ese mismo día la procuradora adjunta, Magda Rojas, sostuvo que la Procuraduría carece de medios legales para acusar y que no puede ser instrumentalizada.
Al preguntarle al fiscal general si tales cuestionamientos de figuras políticas pueden debilitar la imagen del Ministerio Público, sostuvo que de ninguna manera. Sí, indicó que “definitivamente ese tipo de insinuaciones transgreden la institucionalidad”.
Dejó claro que el monopolio de la acción penal lo tiene la Fiscalía. Solamente en ciertos casos, el artículo 16 del Código Procesal Penal (Ley N.° 7594) establece la participación de la Procuraduría General de la República, la cual decide por criterio propio y no del Poder Ejecutivo, si se presenta como querellante o no.
Entre los casos específicos donde la Procuraduría puede tener acción están los ilícitos tributarios. Esa entidad tiene acceso al expediente, pero la Fiscalía trabaja de forma independiente, de modo que no se comparte la estrategia de la investigación, que está protegida por secreto sumarial, de modo que tampoco se le avisa a la Procuraduría sobre eventuales allanamientos o detenciones, de los que solo se enteran al final.
Firmes pero respetuosos
De igual forma, al cuestionarle al fiscal general si considera como una presión el hecho de que mandatario y ministro usen redes sociales para lanzar cuestionamientos, consideró que no lo interpreta de esa manera.
LEA MÁS: Video aclararía legítima defensa de detenido por homicidio frente a Estadio Antonio Escarré
Aclaró que no ha recibido ni está dispuesto a tolerar ninguna presión indebida. Ratifica que la función que les corresponde por ley está siendo bien desarrollada, con personal y equipos de trabajo muy motivados.
En torno a la liberación de personas sospechosas de homicidios y otros delitos graves, expresó que a la Fiscalía le corresponde solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva, el uso de tobilleras u otras, pero son los jueces los que deciden si las acogen o no.
“Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Yo no critico nunca las actuaciones de los jueces, lo que hago es usar los recursos legales al alcance en torno a dichas resoluciones. Así lo hemos hecho cuando no estamos de acuerdo con una actuación judicial específica”, dijo.
La legislación les permite presentar recursos de revocatoria, apelaciones o casaciones en casos de diferir y a eso es lo que se abocan para hacer respetar la ley.
Admite que ciertas resoluciones producen frustración en los cuerpos policiales y que eso es entendible, pues en ocasiones son trabajos que les han consumido mucho tiempo, que se hacen con objetivos muy específicos, a veces en lugares donde la violencia está focalizada.
En cuanto a la crítica que hizo el ministro Jorge Torres por el hecho de que un juez dejó en libertad, pero con tobillera, a un hombre detenido por homicidio en las cercanías del estadio Antonio Escarré, en San José, la Fiscalía aclaró que esa decisión se basó en un video captado por una cámara de seguridad que hace presumir que actuó en defensa propia.
