Dos guardaparques deberán descontar una pena de 18 años de prisión luego de que el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón los señaló como responsables de permitirle a una banda sembrar marihuana en el Parque Internacional La Amistad, en el cantón de Coto Brus, Puntarenas.
Los sentenciados son Mario Alberto Beita Gamboa y Errol Alfredo Morales Barrios, a quienes también se les inhabilitó por un lapso de cuatro años para ejercer cargos públicos.
Los jueces también castigaron a los integrantes del grupo narco, pues durante el debate se logró demostrar que entre el 2014 y el 2016 talaron árboles en diversos lotes de la montaña, hasta tener limpia una área estimada de una hectárea, en la cual sembraron un aproximado de 800.000 matas de marihuana.
Durante el juicio se determinó que la organización estaba dirigida por cuatro hermanos, Misael, Manuel, Carlos y Gregorio Vargas Hidalgo. A los dos primeros se impuso una pena de 18 años, al tercero 15 y al último 10.
Asimismo, recibieron una condena de 15 años de cárcel los hermanos John Kenneth y Luis Freddy Tenorio Figueroa, Rafael Alexánder Castro Montero y Rony Sandí Meses. Estos eran considerados como colaboradores, pues algunos se dedicaban al cuido de las plantas, otros a labores de seguridad y de transporte de la droga.
Todos permanecerán un año más en prisión preventiva mientras lo resuelto por el tribunal queda en firme.
Otros seis acusados, entre ellos tres mujeres y otro hermano Vargas Hidalgo fueron absueltos por duda determinó el tribunal, integrado por los jueces Andrea Vanessa Araúz Cabrera, quien presidió, José Luis Cambronero Delgado y Manuel Morales Vásquez.
Los hermanos Misael, Manuel y Gregorio Vargas registran otra condena el 26 de junio de 1997 por integrar una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en la zona sur del país. Gregorio y Misael descontaron 18 años y Manuel 10, según consta en la sentencia 2000-00223 del 25 de febrero del 2000. La policía los señaló a la organización como el Cartel del Sur.
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Reacciones
El Fiscal Adjunto de Pérez Zeledón, Édgar Ramírez Villalobos, se manifestó muy satisfecho con el resultado del juicio, pues explicó de que se trató de un proceso muy complicado que demandó una investigación de más de cinco años.
“La investigación la iniciamos en el 2011, pero por diversos motivos tuvimos que cerrarla y se reactivó en el 2015, hasta que se logró la captura de los imputados en agosto del 2016. Es una gran satisfacción porque fue un trabajo muy arduo que se hizo en conjunto con la Policía Judicial.
“Se logró demostrar la mayoría de los delitos acusados y cómo la organización logró integrar a funcionarios públicos. También se pudo establecer que el grupo tenía nexos con organizaciones narcotraficantes de otros países, aunque no se les condenó por eso”, dijo el fiscal.
Ramírez agregó que posiblemente impugnen la sentencia, pues el tribunal absolvió a los imputados del delito de legitimación de capitales.
Entre tanto, Leonel Villalobos Salazar, abogado de Misael Vargas y del hermano absuelto, dijo que en el fallo hay incoherencias y que presentará un recurso de apelación.
“La resolución no está ajustada a derecho porque presenta incogruencias tales, como que se haya dictado sentencia absolutoria a favor de uno de los Vargas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero el desacuerdo es que no se hayan utilizado los mismos argumentos para absolver al resto de los imputados”, afirmó.
Villalobos se mostró conforme con la decisión del tribunal de absolver a todos los acusados del delito de legitimación de capitales.
Sin embargo, discrepó sobre la valoración que hicieron los jueces sobre el delito de tráfico de marihuana.
"El fallo descansa sobre la interpretación que dio un oficial de investigación al contenido de las conversaciones telefónicas, sin que ello se materialice con el decomiso de otros elementos de prueba, y ya la Sala III ha resuelto que el contenido de las conversaciones sin materialización no tiene valor probatorio”.
Caso en breve
Este grupo narcotraficante fue desarticulado el 22 de agosto del 2016, cuando el Ministerio Público, en conjunto con agentes del Organismo de Investiogación Judicial (OIJ), realizaron varios allanamientos en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus.
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En total se detuvo a 16 personas, todas fueron llevadas a juicio y se les atribuyeron los delitos de infracción a la Ley forestal, peculado de uso, usurpación de bienes de dominio público, asociación ilícita, y el de cultivo, preparación, extracción y transporte de marihuana en su modalidad agravada.
En este proceso, la Procuraduría General de la República presentó una acción civil por el daño ambiental que fue aceptada por el tribunal que ordenó a los condenados a pagar ¢5 millones de manera solidaria.
Asimismo, fueron decomisados dos vehículos y varios teléfonos celulares.