Dos guardaparques fueron detenidos este lunes porque, en apariencia, facilitaban el cultivo de marihuana en el Parque Internacional La Amistad, al sur de la cordillera de Talamanca.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estos funcionarios, de apellidos Morales y Beita, le colaboraban a una familia que se dedicaba al tráfico local de drogas desde el 2011 y que fue desarticulada este lunes.
Además de los guardaparques, la Policía Judicial capturó a cinco miembros de esa narcofamilia. Tres de ellos son de apellido Vargas; uno es apellidado Montoya y, el otro, es Ortega. Ellos cayeron en distintos allanamientos realizados en Pérez Zeledón y en Buenos Aires de Puntarenas.
Algunos integrantes de esta agrupación ya habían sido aprehendidos 21 años atrás por transportar marihuana y cocaína a Alemania.
Otras siete personas que fueron detenidas el 5 de agosto también están ligadas a esta organización. Ese día ellos fueron capturados en Bajos de Coto de Buenos Aires, Puntarenas. Los imputados viajaban en un carro y llevaban más de nueve kilos de marihuana.
En los allanamientos de este lunes se decomisó evidencia importante como documentos, equipo de computación, dinero en efectivo y algunos otros aparatos electrónicos.
Modo de operar. Los líderes de la organización eran dos hermanos, de apellido Vargas Hidalgo, mientras que las mujeres de dicha familia tenían una labor de ser colaboradoras e intermediarias con clientes, indicó la Policía Judicial.
Mientras, según el director del OIJ, Wálter Espinoza, los dos funcionarios se "aprovecharon de la condición y de los medios que les brindó el Estado para ejecutar actividades ilegales".
"Ellos fiscalizaban el crecimiento de los plantíos, colaboraban con el transporte dentro del país y avisaban a los miembros del grupo delictivo si había una incursión en la zona por parte de autoridades policiales.
"Esto quiere decir que, para ejecutar el crimen, la organización se había inmunizado y utilizó a los funcionarios para garantizarse protección", apuntó Espinoza, quien agregó que la investigación tardó cerca de ocho meses.
En apariencia, ellos tenían 14 sitios dedicados al cultivo de marihuana dentro del área protegida.
De acuerdo con información policial, desde esos puntos, trasladaban la droga en vehuculos hasta el sector de Buenos Aires y Pérez Zeledón. Allí la procesaban y almacenaban para distribuirla a nivel nacional, principalmente en el Valle Central.
"Generalmente llevaban cargamentos que superaban los dos o tres quintales (200 a 300 kilos), pero no sabemos cada cuánto se daba esto", apuntó Espinoza.
Al parecer, el dinero que ganaban lo invertían en construcción de casas en Pérez Zeledón y Buenos Aires, compra de vehículos y motocicletas. Los excedentes los usaban para mantener la actividad ilegal.
"Parte de la investigación estuvo dirigida a determinar la procedencia de los bienes que tenían estas personas", dijo Espinoza.