EscucharUn mexicano de apellidos García Elizondo, capturado luego de 37 allanamientos que realizó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 9 de noviembre del 2021, quedó fuera del Caso Azteca, en el que se investiga la presunta incursión del narcotráfico en contratos públicos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para lavar dinero.
Pese a que en el arranque de la investigación fue considerado uno de los cabecillas de la organización, La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada informó que García no se incluyó en la acusación “debido a que se descartó totalmente su participación en el grupo, lo anterior, tras el análisis objetivo que se hizo de los elementos de prueba obtenidos por el Ministerio Público, y en apego al principio de objetividad. En razón de lo anterior, en su favor se solicitó un sobreseimiento definitivo”.
Otras ocho personas fueron acusadas en junio pasado por tráfico de drogas y legitimación de capitales y están a la espera de la audiencia preliminar en la que se determinará si el caso va a juicio.
Se cree que desde el 2019 la banda habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos para legitimar dinero por medio del Estado.
García Elizondo cumplió prisión preventiva por seis meses desde el 20 de noviembre de 2021, cuando el Juzgado Penal de San José dictó la medida de cárcel contra él y otras cinco personas detenidas en allanamientos realizados por el OIJ en Puntarenas, Alajuela, San José y Cartago.
El foráneo había cumplido una pena de 15 años de prisión dictada en su contra el 24 de setiembre de 2010. En esa ocasión, el Tribunal de Juicio de Puntarenas lo declaró culpable de infracción a la Ley de Psicotrópicos, en la modalidad de posesión de drogas para el comercio ilícito a nivel internacional. En ese juicio, otros tres mexicanos, socios de García, también fueron condenados y cumplieron 12 años de cárcel cada uno. Fueron identificados como Rafael García, Raúl Quirós y Juventino Téllez.
Con ellos, se condenó a 20 años de cárcel al colombiano Walberto Salazar Cuero, quien, según las autoridades, era el principal líder de la banda y socio del capo mexicano de la droga Edgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie. Se les relacionó con dos embarques: uno de 1,600 kilos, decomisado en una residencia en Tuetal de Alajuela el 19 de diciembre de 2008, y otro de 1,340 kilos de droga que transportaban en un barco que las autoridades estadounidenses interceptaron ese mismo año a unas 200 millas de Cabo Blanco, en el Pacífico nacional.
Funcionarios de AyA a la espera
En los allanamientos del Caso Azteca, también se detuvo a 15 funcionarios del AyA, quienes aún no figuran en la solicitud de acusación y apertura a juicio contra ocho personas que en noviembre tendrán la audiencia preliminar.
En el AyA informaron que, en su momento, los funcionarios involucrados fueron suspendidos de sus cargos, aunque, por disposiciones laborales, esa medida se dio con goce de salario.
Esas personas se reincorporaron a la institución en marzo de 2023, pero no se les permite participar en procesos de licitación y contratación institucional. Según el AyA, además del proceso penal, los sospechosos enfrentan una causa administrativa interna, pero no se detallaron más aspectos debido a la confidencialidad del procedimiento.
Los 15 funcionarios públicos son de apellidos Ulate Montoya, Corrales Casanova, Ramírez Marín y Arias Cordero. También figuran Acuña Rojas (mujer), Balcazar Ramírez, Mora Guevara, Araya Li, Cordero Barrantes, Calvo Sánchez, Torres Hernández, Aguilar Jiménez, Fonseca Hernández, Vindas Romero y, por último, el director regional del AyA en el Pacífico Central, Araya Araya.
La Fiscalía indicó que está resolviendo la situación jurídica de algunos de ellos, por lo que todavía no aparecen en la solicitud de juicio planteada ante el Juzgado.
Los acusados hasta ahora son Camelo Méndez, López Cobo y Montaño Mosquera, colombianos, así como una mujer de apellidos Guillén Sánchez. En mayo pasado los tres primeros quedaron libres, pero apegados al proceso, luego de que el Juzgado rechazó una nueva prórroga de prisión preventiva contra ellos, así como también libró del uso de brazalete electrónico a la mujer.
Con ellos también se acusa a un sujeto de apellidos Segura Aguilar, quien al parecer adquirió una vivienda para resguardar estupefacientes, a una abogada de apellidos Ávila Cortés, a otra mujer de apellidos Fernández Vargas y a un exfuncionario del Banco Nacional de apellidos Villalobos Zúñiga, quien supuestamente asesoraba al grupo sobre cómo bancarizar fondos sin levantar sospechas de lavado.
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