Grupo Extra y casa de propietaria allanadas por presunta administración fraudulenta

Además de la sede periodística, también se desplegaron diligencias en dos casas en Alajuela, donde vive la dueña y gerenta general del medio, Iary Gómez Quesada. Todos los operativos, detalló el ente fiscal, fueron autorizados por un Juzgado Penal.

“Las diligencias tienen como objetivo recabar prueba documental para incluir al caso, el cual corresponde al número 21–000407–1220–PE. De acuerdo con el despacho (de la Fiscalía), en el 2021, se recibió una denuncia por presunto delito de administración fraudulenta, en la que se señala un aparente conflicto económico familiar.

“Por tratarse de un proceso en investigación, por ahora es toda la información que facilitará, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, explicó el Ministerio Público por medio de su oficina de prensa.

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Jorge Antonio Rodríguez Bonilla, abogado del Grupo Extra, aseguró que los agentes judiciales se llevaron documentos del área contable de la empresa, así como otros elementos de la casa de sus representantes legales. Sostuvo que no hay nada que esconder y que esperan salir victoriosos al final del proceso.

Asimismo dijo que la labor periodística en el Diario Extra y el canal Extra TV 42 no se vio afectada por las diligencias judiciales y que todos los colaboradores siguieron trabajando sin problema.

Rodríguez destacó que el lunes anterior el Juzgado Concursal del Primer Circuito de San José mandó a archivar una solicitud de quiebra presentada por la socia Dunia Ugalde Cordero. Consideró que esta decisión hizo que los abogados de la mujer trasladaran el caso a la vía penal y ante eso se realizaron los allanamientos.

“Se trata de la misma situación, nada más que en la sede penal. No he tenido acceso al expediente, solo me notificaron la orden de allanamiento. Será hasta mañana (jueves) que la jueza desocupe el expediente y yo podré revisarlo.

“Ella me hizo un resumen de los hechos y le dije que estamos para servirle, pues es lo mismo de la quiebra, de modo que solo estoy verificando que se lleven solo lo que dice la orden”, manifestó Rodríguez.

El abogado añadió que la orden judicial indica que la idea es determinar si hay flujo de caja para seguirle pagando a Ugalde los $50.000 convenidos por mes por las 40 acciones que posee, ya que debido a la crisis económica durante la pandemia no se le pudo hacer frente a la obligación.

La mujer ha presentado varios juicios civiles que no han fructificado y ahora comienza un nuevo proceso, pues todavía se le adeudan unos $5,9 millones.

“Ella dice que como no se le pueden pagar los $50.000 por mes, entonces Diario Extra está en quiebra, pero como el juez civil dijo que el diario no está en quiebra, entonces ahora dice que se administra mal y presenta un caso por administración fraudulenta”, aseveró.

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Por su parte, Federico Campos Calderón, representante legal de Ugalde, aseguró que “esta diligencia tiene relación con una denuncia interpuesta por la socia Dunia Ugalde, con respecto a una serie de manejos fraudulentos de los bienes de la empresa y otras decisiones societarias.

Aseveró que esas decisiones fueron tomadas a espaldas de su cliente y, según afirma, la han afectado en sus derechos e intereses patrimoniales. “El Ministerio Público requiere recabar una serie de evidencias y documentos que solo a través de un allanamiento se intentan obtener”, precisó Campos.

En su sitio web, la empresa periodística aseguró que el operativo judicial es “producto de un expediente oculto y amañado por Dunia Ugalde y sus abogados, denunciantes de hechos falsos y sin prueba alguna más allá de sus versiones”.

Al respecto, Campos fue enfático al decir que “si fuera así jamás el Ministerio Público le hubiera dado trámite y menos un juez de la República hubiese autorizado el allanamiento. Tenemos pruebas sólidas que respaldan la denuncia y los posibles delitos”.

Además, el abogado aseguró que al hablar de “escaramuza” la parte denunciada busca soslayar las eventuales responsabilidades penales que recaerán en los denunciados.

“Como era de esperarse, desvían la atención de los graves hechos denunciados a un atentado contra la libertad de prensa. Los medios periodísticos son empresas y deben administrarse correctamente de cara a todos los socios y eso no ha sucedido aquí. Ya están las pruebas presentadas ante la Fiscalía y por eso se hizo el allanamiento. Pronto se sabrá la verdad”, sostuvo Campos.

El representante legal de Ugalde también mencionó que la decisión del Juzgado Concursal del Primer Circuito de San José de archivar el caso será apelada, por lo que afirmó que es una medida que aún no está en firme.

Reclamo por deuda

Copiado!

El 22 de febrero de este año, el juez Sergio Huertas Ortega, del Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió que para evitar que se inicie un proceso de quiebra de la compañía se debían pagar $6 millones. Así consta en una resolución incorporada al expediente 21–000156–0958–CI–3, abierto el 3 de noviembre del 2021.

Dunia Ugalde Cordero, una accionista de la sociedad, fue quien planteó la gestión debido a una aparente falta de pago de un contrato de compra venta de cuotas firmado el 21 de abril del 2004. Según la demandante, desde el 1.° de abril del 2020 la sociedad dejó de cancelar las obligaciones mensuales que eran por un monto de $50.000.

En un escrito, ella aseveró que a la fecha quedaba un saldo pendiente de pagar de $5,4 millones, que sumado a los intereses moratorios por $525.000, representa una suma de $5,9 millones que debían retribuirle.

A inicios de marzo, la Sociedad Periodística Extra Ltda presentó un incidente de excepción mediante el cual impugnó una resolución del Juzgado Concursal del Primer Circuito de San José y, de esa forma, logró que se aplazara una orden para que se abriera un proceso de quiebra contra dicha sociedad.

Diario Extra publicó, en su edición del pasado martes, que el día anterior, lunes 16 de mayo, el mismo Juzgado Concursal del Primer Circuito de San José rechazó el proceso de quiebra, ordenó su archivo y determinó que Ugalde debía pagar las costas procesales. La publicación no ahonda en los motivos para esta decisión.

Sobre esto, Federico Campos, reiteró que la decisión será apelada, por lo que es una medida que aún no está en firme.

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