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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción empezó este jueves a tomar la declaración indagatoria a varias personas denunciadas en la causa por presunta corrupción en contratos de obra vial.
Se trata de otros individuos investigados en la causa, aparte de los 30 que fueron detenidos el 14 de junio pasado en más de 50 allanamientos.
Lo anterior es parte de las investigaciones en el Caso Cochinilla, donde se detectó la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que generó un déficit de ¢78.000 millones en cuestión de tres años.
“La Fiscalía se encuentra dirigiendo diligencias relevantes para el desarrollo del caso”, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Ese despacho indicó que no dará más información hasta que las indagatorias finalicen. Lo anterior, en apego a lo establecido por el artículo 295 del Código Procesal Penal.
La diligencia se inició este jueves y está programada para continuar en los próximos días. Los nombres de los indagados no trascendieron.
En esta causa, que se tramita en el expediente 19-000025-1218-PE, fueron investigadas al menos otras 19 personas.
Entre ellos están varios funcionarios del Conavi, el exgerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, un exasesor del presidente Carlos Alvarado, así como empresarios y funcionarios de empresas constructoras.
La Fiscalía incluso puede llamar a otras personas que, conforme avancen las pesquisas, aparezcan involucradas al caso.
El exjuez penal y de instrucción Ewald Acuña, quien actualmente se desempeña como litigante en el ámbito penal, indicó días atrás que el avance de este proceso va a depender de la estrategia del Ministerio Público para hilar las pruebas.
No descartó que puedan surgir “testigos de la corona”, es decir, que alguno de los investigados u otra persona brinde detalles que permitan incluir a otros individuos en la cúspide de la presunta organización criminal, a cambio de su libertad.
Ewald Acuña sostuvo que la presente etapa de análisis de prueba puede durar al menos ocho meses, dependiendo de los recursos con que cuente la Fiscalía y el apoyo que les brinde el Organismo de Investigación Judicial.
El avance en las indagatorias de la Fiscalía podrán seguir en paralelo con la audiencia de apelación que comenzará el lunes entrante en el Tribunal Penal de Hacienda.
El miércoles fueron notificadas las partes para esta vista oral y privada que será a partir de las 8:30 a. m. en los Tribunales de Goicoechea y estará a cargo del juez Hugo Porter Aguilar.
Entre las apelaciones, está la objeción de varios defensores a la resolución que declaró el expediente como causa de crimen organizado y la resolución que decretó una prórroga instrumental de la medida cautelar, con la que se dejó por más tiempo tras las rejas a 28 imputados.
También se analizará la apelación de la Fiscalía contra la resolución que ordenó medidas cautelares diferentes a la cárcel contra de 14 imputados, para quienes el Ministerio Público había solicitado prisión.
