La Fiscalía Adjunta de San Carlos acusó por tráfico internacional de droga al portero sancarleño Román Arrieta Soto y solicitó la apertura de un juicio en su contra.
Así lo confirmó el Ministerio Público en un comunicado de prensa, en el cual agregó que la audiencia preliminar se llevará a cabo el próximo 31 de octubre y en ella se decidirá si habrá o no debate.
El guardameta es investigado como presunto responsable del delito de tráfico internacional de drogas, luego de que se hallara un celular, en apariencia de su propiedad, dentro de una bodega allanada por envíos de cocaína camuflados en exportaciones de piña.
Por el mismo caso, la Fiscalía también acusó a un hombre y una mujer de apellidos Salazar Salas y Castro Morales, respectivamente, quienes fueron detenidos, en abril del 2017, durante la incursión policial en la cual apareció el teléfono del deportista.
En contra de esta pareja también existe una investigación abierta ya que figuran como sospechosos de un delito de legitimación de capitales.
Este martes, los fiscales consiguieron que la prisión preventiva de Arrieta se prorrogue hasta el próximo 10 de diciembre. Salazar Salas también está detenido, mientras que Castro Morales cumple otras medidas cautelares distintas a la reclusión.
Los hechos
Román Arrieta Soto fue capturado el pasado 12 de abril, durante un allanamiento realizado en su vivienda, en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.
Un año antes, el 18 de abril del 2017, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó 910 kilos de cocaína en una empacadora de piña ubicada en La Cruz de Peñas Blancas, en San Ramón y detuvo a los sospechosos Castro y Salazar.
Al parecer, ese día Arrieta también se encontraba en el lugar, pero huyó al detectar la presencia de las autoridades. Se presume que durante el escape dejó olvidado su celular.
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Durante la pesquisa, el Ministerio Público logró recabar prueba testimonial que confirma la presencia del portero dentro de la empacadora el día que se encontró la droga y detectó vínculos directos entre Arrieta y las actividades de Salazar y Castro, así como una relación de amistad con estos.
También estableció la participación de los tres en una sociedad anónima que tiene a su nombre una quinta de recreo en San Carlos.
Este caso avanza bajo el expediente 17-000205-799-PE.