Judiciales

Familias de mujeres asesinadas reclaman por bajas penas contra feminicidas

Familiares y allegados a víctimas protestaron frente a los tribunales de Justicia de Cartago en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Familiares de víctimas de femicidios se manifestaron la mañana de este jueves frente al edificio del Poder Judicial de Cartago para demostrar su descontento con las penas impuestas contra los responsables de los crímenes. La movilización se llevó a cabo en el marco del Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“Sentimos que era necesario venir a pronunciarnos. Necesitamos un sistema más agresivo y cambios estructurales en el sistema, porque es demasiada la misoginia que hay, porque nos continúan matando”, afirmó Karol Madriz, organizadora del movimiento.

Karol, quien es hermana de Natali Madriz Chinchilla, asesinada en el 2019, aseguró que los familiares de las víctimas tienen un compromiso social con la seguridad de todas las mujeres. “No es solamente justicia por las que ya no están, sino también por las que quedan”, enfatizó. Mientras que Flora Chinchilla, madre de Natali, expresó que sigue pidiendo justicia para su hija.

La familia y allegados de Allison Bonilla y Luany Salazar también se sumaron a la manifestación para visibilizar su descontento con los castigos establecidos para los agresores.

Yendry Vázquez, mamá de Allison, mencionó que la pena de 18 años para el homicida de su hija, no es justa. “La vida de nuestros hijos no vale 18 años, Allison y Luany tenían mucha vida por vivir”, sostuvo. Además, manifestó su molestia con la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, que declaró sin lugar los recursos de apelación planteados contra la sentencia de 18 años de cárcel dictada por las autoridades.

Por su parte, Ana Patricia Zamora, madre de Luany, consideró que la sentencia de 18 años contra el asesino de su hija, es muy baja. “Nosotros como familias hemos visto con mucho dolor y mucha tristeza el accionar de los jueces de Cartago en cuestión de estas penas”, indicó Zamora.

“Mi inconformidad es muy grande. Dentro de 10 o 11 años el hombre que mató a mi hija va a andar en la calle libremente, como si no hubiera cometido nada”, expresó Ana Patricia. “Necesitamos un poco más de empatía por parte de las autoridades competentes que tengan que ver con esto”, dijo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), un 7,4% de los incidentes atendidos por la línea 9-1-1 durante el primer semestre del 2021 responden a hechos de violencia contra las mujeres. Además, la institución indicó que un 11,7% de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público en ese mismo periodo están vinculadas a esta problemática.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) registró seis femicidios en el primer semestre del 2021, antes de que entrara a regir la reforma a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la cual fue firmada el 23 de agosto. La ley amplía el delito de feminicidio a siete circunstancias más que se castigan con prisión de 20 a 35 años.

Solidaridad

Algunas personas asistieron a la actividad para solidarizarse con los familiares de las víctimas, así como para expresar su indignación con las autoridades por la forma en que asumen y resuelven los temas de violencia contra las mujeres.

Tal es el caso de Kattia Arriola Fernández, vecina de La Unión, quien participó en el movimiento en apoyo a los asistentes, así como para exigir justicia en relación a un proceso legal contra una persona que la abusó sexualmente hace cinco años. “Va demasiado lento, me molesta mucho la lentitud del proceso”, señaló.

En tanto, Angie Arce, que acompañó a la familia de Natali Madriz, aseguró que asistió a la protesta porque es un día muy importante para concientizar sobre la violencia contra las mujeres.

“Es un momento para reflexionar como ciudadanos y también acompañar y solidarizarnos con tantas víctimas, con esas madres, hermanas, hijas y familiares que viven esas situaciones que uno no se puede ni imaginar y que uno desea que no le pasen a nadie”, mencionó Arce.

A la protesta también se sumó un grupo de funcionarios del Instituto de Victimología de Costa Rica, organismo que se dedica a la protección de víctimas de hechos violentos.

Los miembros de la entidad realizaron un acto simbólico, en el cual se esposaron entre todos para representar el sentir de las familias, ya que aseguran que estas se sienten atadas de manos, pues “no tienen una respuesta pronta en la Justicia”.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.