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Desde las 9 a. m., cientos de trabajadores del Poder Judicial se congregaron frente a la Asamblea Legislativa para pedirle a los diputados que incorporen el texto propuesto por los gremios en la reforma a su régimen de pensiones.
Ronald Segura Mena, de la Asociación de Fiscales, dijo que la huelga se mantendrá todo el tiempo que sea necesario.
Agregó que este miércoles se unió personal de todas las dependencias del país. Se vinieron en 74 autobuses, aseguró.
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Segura sostuvo que la propuesta gremial es la más adecuada, pues establece topes y elimina las pensiones de privilegio.
Debido a la concentración, la avenida central y la avenida primera permanecen cerradas.
En cuanto a los servicios del Poder Judicial, la afectación continúa en salas de juicio, recepción de denuncias, suministro de hojas de delincuencia y atraso en entrega de cadáveres.
La molestia de los empleados judiciales se debe a que los legisladores de la Comisión Especial de Pensiones acordaron desechar el texto planteado por los gremios.
En su lugar, acogieron la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y en ella incorporarán las recomendaciones de un estudio actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.
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El estudio de la UCR concluyó que el fondo de jubilaciones es insolvente y comenzará a comerse los intereses de la reserva del sistema en el 2029. Agotaría dicho recursos en el 2048. El régimen tiene un déficit actuarial de ¢5,36 billones.
La UCR propuso elevar la edad de retiro de 60 años a 65 años, subir la cotización de trabajadores y jubilados del 11% al 15% y que el monto de la pensión sea de entre 72,5% y 85% del salario del empleado, en vez del 100%.
El estudio también planteó un tope a las pensiones de 10 salarios base (¢4 millones en la actualidad) y una cotización solidaria del 50% sobre el monto de la jubilación que exceda ese tope.
