Kerly Solís llegó hasta el Registro Judicial de San José para sacar su hoja de delincuencia. Está desempleada y este es el último requisito que necesita para comenzar en un nuevo trabajo. Sin embargo, se llevó la sorpresa de que la oficina donde se retira el documento está cerrada.
"Me quedo varada con esta situación", dijo Solís, quien espera no perder el empleo si no entrega ese papel.
Al igual que ella, decenas de usuarios se han visto afectados por la huelga indefinida que empezó este miércoles en el Poder Judicial.
Los burócratas dicen estar molestos con los diputados por haber descartado como texto base el proyecto de ley que ellos plantearon para reformar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial.
Dicho régimen debe ajustarse porque los ingresos ya no son suficientes para pagar los gastos y ese déficit será aún mayor conforme pasen los años. Entre los cambios se propone aumentar la edad de pensión y poner un límite a los montos que se pagan por jubilación.
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Con esta huelga también se han visto afectados los usuarios de la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia, ya que no se están entregando cuerpos de personas fallecidas, ni se están realizado autopsias. Ahí solo se atienden casos de urgencia en los cuales se pueda ver comprometida alguna evidencia, confirmó Jorge Cartín, perito de la sección de Química Analítica de la Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En los tribunales de San José, las salas de juicios estaban vacías. Los empleados judiciales solo estaban laborando en dos salas donde se llevaban a cabo audiencias privadas.
La oficina de Recepción del Denuncias del OIJ también estaba vacía, aunque allí sí están laborando, según Luis Víquez, jefe del departamento.
Víquez explicó que las únicas denuncias que no están recibiendo son aquellas por delitos menores, como el hurto de un celular. Otras por robo de vehículos, secuestros y asaltos, sí las atienden.
Sin embargo, es poca la gente que se ha acercado a la Policía Judicial. Antes del mediodía solo habían llegado 15 personas, de las cuales a cuatro se les rechazó la denuncia por tratarse de un hurto de celular. En promedio, se reciben a diario 80 denuncias, detalló Víquez.
"Unidos en la lucha por una jubilación digna y justa", dice un cartel que fue pegado en una ventana que se ve desde las afueras de los Tribunales de San José.
La molestia de los empleados judiciales se debe a que los legisladores de la Comisión Especial de Pensiones acordaron desechar el texto planteado por los gremios.
En su lugar, acogieron la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y en ella incorporarán las recomendaciones de un estudio actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.
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El estudio de la UCR concluyó que el fondo de jubilaciones es insolvente y comenzará a comerse los intereses de la reserva del sistema en el 2029. Agotaría dicho recursos en el 2048. El régimen tiene un déficit actuarial de ¢5,36 billones.
La UCR propuso elevar la edad de retiro de 60 años a 65 años, subir la cotización de trabajadores y jubilados del 11% al 15% y que el monto de la pensión sea de entre 72,5% y 85% del salario del empleado, en vez del 100%.
El estudio también planteó un tope a las pensiones de 10 salarios base (¢4 millones en la actualidad) y una cotización solidaria del 50% sobre el monto de la jubilación que exceda ese tope.
Corte pide mantener servicios esenciales
Por medio de un comunicado de prensa, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, hizo un llamado a los 13.000 empleados judiciales para que no se vean afectados los servicios esenciales.
"La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia ratifica su respeto a la libertad sindical, pero llama a la población judicial al diálogo y a mantener la calma. El Poder Judicial debe garantizar el servicio de administración de justicia en todo el país y la atención de las necesidades esenciales de las personas usuarias", expresó Chinchilla en el boletín.
Asimismo, el Consejo Superior del Poder Judicial giró una circular en la que dice que el derecho a la huelga debe hacerse con absoluto respeto de los otros derechos de las demás personas.
En la misiva se ordena que se deben atender los servicios eseciales como:
1. Levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos.
2. Atención de denuncias.
3. Solicitudes de imposición de una medida cautelar.
4. Cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer.
5. Atención de solicitudes de medidas de protección.
6. Juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir.
7. Intervenciones de las comunicaciones.
8. Mantenimientos de los sistemas informáticos y de la comunicación.
9. Atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de salida del país.
10. Mantenimiento, actualización y comunicaciones relativas al Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP).
11. Traslados de personas privadas de libertad y custodia en celdas.
12. Protección a víctimas y testigos.
13. La disponibilidad que deben tener la Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV) y los Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación.
14. El libre acceso a los edificios judiciales.
15. La custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados.
La oficina de prensa del Poder Judicial comunicó que la Sala Primera, la Sala Segunda, la de Casación y la Constitucional están laborando con normalidad. En ellas se está recibiendo documentación.
Asimismo, la Contraloría de Servicios del Poder Judicial mantiene atención al público.
El movimiento de huelga podría durar hasta el próximo miércoles, día en que podrían reunirse con los diputados para buscar una solución, según Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
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