Con poco más de un mes al frente de la Dirección de Adaptación Social, José Luis Bermúdez Obando, un máster en Administración, de 54 años, busca la forma de utilizar sus conocimientos administrativos en esa dependencia del Ministerio de Justicia.

Reconoce que aunque el principal problema penitenciario es el hacinamiento, también es urgente mejorar la gestión de todo el sistema, tomando en cuenta la escasez de recursos y otras necesidades prioritarias como el manejo de riesgo y la prevención del delito.

“Creo que es muy importante el desarrollo del programa de ocupación laboral penitenciaria, denominado Construyendo Oportunidades, de manera que las personas privadas de libertad pueda coadyuvar en el tema de la construcción y en labores agroalimentarias, así colaborarán en la construcción de soluciones para el sistema”, manifestó Bermúdez.

El funcionario cree que el 33% de hacinamiento que existe actualmente en los centros penitenciarios no solo se resuelve con más celdas, sino con mejor organización.

Por ejemplo, considera que la habilitación de la Unidad de Atención Integral (UAI) Pococí permitirá desahogar un poco el sistema penitenciario, pero afirma que en cada traslado que se realice debe existir una logística adecuada para evitar contratiempos, como fugas, entre otros riesgos.

Además, asegura que se están pensando otras alternativas, como el traslado del Centro de Atención Institucional (CAI) Adulto Mayor, ubicado en San Rafael de Alajuela, a La Uruca; y el aumento de capacidad en la cárcel Marcus Garvey (Limón) y el Centro de Atención Semiinstitucional (CASI) San Agustín.

“Uno de los objetivos de esta administración es la construcción de 3.000 nuevos espacios en dos años y es todo un reto, pero para eso se cuentan con recursos que tiene el Patronato de Construcción”, aseguró Bermúdez, aunque no precisó el monto disponible.

Este administrador dice que en sus visitas a centros penitenciarios, en compañía de la ministra, Marcia González, o la viceministra, Isabel Porras, han sido los propios reclusos los que le han externado los múltiples problemas derivados del haciniamiento.

Coordinación clave

Por eso Bermúdez apela a que se habiliten más espacios de diálogo con los encargados de los procesos y con con los administradores de cada centro penal, para mejorar la administración de la justicia.

“Lograr una coordinación genera una mejora en los procesos y eso incide en el trabajo y abordaje con los privados de libertad (...).

“La idea es una mejora de la gestión del sistema penitenciario y brindar a la ciudadanía la confianza de que todos los procedimientos y los criterios que se utilizan en los niveles de atención son rigurosos técnica y científicamente, así como garantizar la transparencia en los procesos”, detalló el jerarca.

Mencionó que debe hacerse una revisión del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, fortalecer el Instituto Nacional de Criminología y también trabajar en la modernización tecnológica de esa entidad, pilares que ya se están abordando.

Agregó que también pretende abarcar el eje de desarrollo humano, así como el de prevención de riesgo y la violencia.

Monitoreo electrónico en la mira

Las tobilleras electrónicas y su monitoreo son otros de los puntos de interés para Bermúdez, quien cree que el uso del dispositivo tuvo un crecimiento exponencial en un corto plazo, por lo que en la actualidad “hay más de 800 personas monitereadas”.

“El crecimiento ha superado la demanda de las personas que trabajan con el monitoreo. Se debe generar una mesa de diálogo con el Ministerio Público, la Defensa Pública, los jueces penales y los de ejecución de la pena.

“Hay que fortalecer y capacitar al equipo económico, al técnico encargado de la función inmediata del control y darle seguimiento al plan de atención”, precisó Bermúdez, quien asumió la Dirección de Adaptación Social de manera ad honorem, es decir, sin recibir salario de parte del Ministerio de Justicia.

Experiencia en el Poder Judicial

Bermúdez asumió su nuevo cargo el pasado 27 de junio y, aunque se encontraba pensionado, ya había colaborado con la viceministra Isabel Porras en la cartera de Justicia y Paz, como asesor.

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Los dos se conocieron en el Poder Judicial, donde el jerarca de Adaptación trabajó por 30 años. Allí se desempeñó como jefe de secciones administrativas y, posteriormente, asumió como director general de Gestión Humana.

“Siento que al país le debo ofrecer un servicio, ese servicio me pareció que lo podía dar aquí (en Adaptación Social), creo que puedo dar mi grano de arena en un puesto que es de confianza, buscando la mejora sustantiva de todos los procesos, ese es un gran reto”, puntualizó Bermúdez.

El funcionario estará acompañado por Daisy Matamoros Zúñiga, quien fue nombrada subdirectora de Adaptación Social y laboró en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por 17 años como asesora en el despacho ministerial y en la Dirección General de Policía.