Luego de una audiencia que se extendió durante tres días, las once personas sospechosas de administración fraudulenta y estafa mayor, relacionadas con la cooperativa Coopeservidores, afrontarán el proceso investigativo en libertad, según lo dispuso el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
Se descartó la medida cautelar de privación de libertad contra cuatro de ellos, la cual había sido solicitada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, y también se rechazaron las medidas menos gravosas solicitadas para los otros siete.
Finalmente, solo deberán firmar cada mes y tienen prohibición de salida del país el exgerente general de Coopeservidores, Óscar Hidalgo Chaves, así como Bejarano Barquero, exjefe de Cobros, y Torres González, exjefe de Operaciones de la cooperativa. Las mismas medidas se dictaron contra un hombre de apellido Mora Arias, coordinador de Coopefénix.
A las 9 p. m. de este 7 de setiembre terminó la audiencia de medidas en los Tribunales de Justicia de Goicoechea. Foto: (Rafael Pacheco Granados)
Desde su captura el pasado miércoles, cuando se realizaron 23 allanamientos simultáneos en San José, Alajuela y Heredia, hubo cuatro personas detenidas, mientras que el resto quedó en libertad la misma noche del 4 de setiembre.
Se trata de Santos Lozano Galindo, exgerente financiero de Coopeservidores; Mora Sánchez, gerente legal y Chinchilla Villalta, jefe de servicios generales y Seguridad. Los gerentes de Coopefénix: Quesada Muñoz y Corredera Ramos; la persona representante de la empresa Servicio de Cobro Logística y Administración SCLA de apellidos Mora Arias y el representante de RGM Servicios de Limpieza, de apellidos Gutiérrez Mora.
En relación con estas personas, el juez Paul Fuentes consideró que tienen suficientes arraigos (domicilio, familia y empleo) para permanecer vinculadas al proceso sin necesidad de otras medidas.
El Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó a las 9:49 a. m. que la audiencia concluyó a las 9 p. m. del sábado, y poco después fueron liberadas las cuatro personas que estaban detenidas.
Falta de arraigo
Según el abogado Jorge Rodríguez Bonilla, defensor del exgerente general Óscar Hidalgo, la razón del juez para dictar la medida de impedimento de salida del país y la obligación de firmar cada mes contra cuatro personas, incluido su cliente, se debe a que actualmente no cuentan con arraigo laboral.
Rodríguez considera que la investigación de la Fiscalía es muy prematura para determinar si alguno de los acusados tiene participación directa en los hechos denunciados y calificó lo ocurrido en la audiencia como un fracaso para el Ministerio Público.
Agregó que está pendiente el estudio contable de los documentos decomisados en marzo en las oficinas de Coopeservidores. Ninguna de esas evidencias ha sido abierta por el Ministerio Público ni enviada a los encargados del estudio, el cual podría tardar entre uno y dos años.
Rodríguez mencionó que los fiscales presentes en la audiencia, de apellidos Arana y Chinchilla, no tenían el conocimiento de que en una cooperativa de ahorro y crédito, el gerente está subordinado al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y a la auditoría interna, por lo que esas instancias también deberían ser involucradas en el proceso. Comentó que los fiscales abordaron el caso como si se tratara de una sociedad anónima.
Añadió que su cliente se ofreció a la Fiscalía como testigo de la corona, es decir, está dispuesto a colaborar para esclarecer los hechos ocurridos, basándose en su conocimiento como exgerente general. Esta postura podría facilitar al Ministerio Público acelerar el caso y eventualmente permitiría a Hidalgo recibir una pena menor, si es hallado culpable de algún delito.
Rodríguez alega que la denuncia que originó los allanamientos del Ministerio Público fue presentada por Óscar Hidalgo cuando era gerente. Además, hubo una segunda denuncia contra funcionarios y exfuncionarios de Coopeservidores por presunta malversación o sustracción de fondos, basándose en una auditoría pagada por la misma cooperativa, la cual evidenció dichos actos.
Durante la reciente audiencia, Rodríguez expuso que si es necesario investigar a Hidalgo, que se proceda con ello, ya que su cliente está dispuesto a asumir su responsabilidad si fuese culpable de algo. Sin embargo, pidió al Ministerio Público que siga la ruta del dinero, pues, según la segunda denuncia, habría “muchas personas en libertad” que poseen fondos de la cooperativa. Solicitó que se realicen cuanto antes las investigaciones contra las personas denunciadas por Hidalgo.
Incertidumbre persiste
La cooperativa Coopeservidores contaba con 138.000 asociados, entre los que había adultos mayores, pensionados y pequeños ahorrantes, quienes siguen a la espera de una respuesta sobre los dineros que tenían invertidos. Muchos de ellos participaron en una manifestación el pasado miércoles. La cooperativa, debido a su situación financiera inviable, fue cerrada en julio tras un proceso de intervención.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, declaró después de los allanamientos del miércoles que, según el avance de la investigación, aparentemente existió un conflicto de interés y un uso irregular de recursos.
Esto se dio luego de que Coopeservidores vendiera a la cooperativa Coopefénix parte de su cartera de créditos por un monto millonario significativo, sin especificar la cantidad. Zúñiga afirmó que dicho valor era “muy superior a lo que pudieron ofertar otras cooperativas”, lo que evidenció un claro conflicto de intereses.
La investigación se realiza en el expediente 24-000017-0621-PE.
