Defensa Pública asegura que hay reos aptos para salir de prisión con beneficio

La crítica de esa entidad va orientada también al poco uso que se le da al régimen semiinstitucional, el cual alberga a los reos que salen de las prisiones mediante beneficios carcelarios, ya que, apuntó, esta administración ha implementado una “contracción importante” en los criterios que estima como oportunos para autorizar un cambio de nivel. Es decir, los volvió más rígidos de cierta manera.

Según indicó esa misma Unidad, para dar una idea clara de lo antes dicho, entre el 2016 y el 2017, se reubicaron a 5.410 personas en ese nivel de confianza, mientras que para junio de este año en ese régimen había solo 2.873 reclusos. Es decir, el sistema semiabierto es menos utilizado cada año, mientras las cárceles se abarrotan cada día de más presos sin una solución clara a la mano.

Ante estos señalamientos, el Ministerio de Justicia negó que se den retrasos tanto en las valoraciones ordinarias (que se efectúan por reglamento desde los años setenta) como en las extraordinarias (que se realizan cuando, entre otras opciones, se necesita desahogar el sistema hacinado). Por el contrario, aseguró en respuesta a este medio que están al día, lo cual significa que los presos que están actualmente tras las rejas “no tienen por qué salir del sistema penitenciario”.

Fiorella Salazar, jerarca de esa institución, aseguró que al menos bajo su administración, no sucederán las reubicaciones en regímenes de confianza para aliviar la sobrepoblación, ya que es una posibilidad que, a su criterio, el reo debe merecer. Sobre el régimen semiinstitucional, ella dijo: “Se aplica (el cambio de régimen) por mérito, por desempeño, y porque detrás existe una valoración técnica que lo respalda”

Insistió, entonces, en que la solución para paliar el hacinamiento es la de levantar el cierre definitivo de la cárcel de San Sebastián y conseguir que los jueces les permiten utilizar gimnasios de prisiones para albergar población. Justamente, este martes, la Sala Constitucional realizará una audiencia pública para resolver un recurso de hábeas corpus interpuesto por Salazar, con el fin de levantar la medida correctiva de la cárcel de San Sebastián y otras que impiden usar los espacios libres.

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Reo: ‘Tengo siete meses esperando una valoración’

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Carlos García está preso desde hace 16 años. Actualmente, está en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos, en Alajuela, y debido a que, según dijo, tiene buen comportamiento y deseos reales de reinserción, es que pidió ser valorado para pasar al régimen semiinstitucional.

Sin embargo, su petitoria fue rechazada, por lo que él presentó poco después un recurso de revocatoria contra la resolución del INC. Siete meses después, su caso no ha sido visto y su posibilidad de regresar a la libertad, bajo confianza, se ve coartada.

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Este es uno de los muchos casos que la Defensa Pública ha detectado en las visitas de monitoreo que hace cada seis meses a las prisiones nacionales.

Según dijo Laura Arias, coordinadora de esa Unidad de Ejecución, los atrasos en las valoraciones se dan en todos los centros penales, pero principalmente en cuatro: en la Nelson Mandela (en San Carlos, Alajuela); en la Carlos Luis Fallas (en Pococí de Limón); en la Jorge Arturo Montero Castro y en la Gerardo Rodríguez, ambas en el complejo penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela.

“Esto motiva que desde la Defensa Pública se tramite un alto número de incidentes por atrasos en valoraciones o por omisión en valoraciones y ha provocado que a través de recursos de amparo reclamemos el derecho de acceso a la justicia administrativa, lo cual ha generado condenas contra el INC y contra los centros penales (...). Se formulan con una frecuencia importante, dependiendo de la jurisdicción”, apuntó Arias.

Precisamente, apuntó la coordinadora, a raíz de esas condenas de la Sala Constitucional es que el Instituto emitió dos importantes circulares al respecto: la 06-2020, de setiembre del año anterior; y la 02-2021, del 6 de setiembre pasado.

En la primera se autorreguló y dictó plazos para resolver. En el caso de las valoraciones estipuló que 15 días era un tiempo prudente para determinar la reubicación o no de un preso.

Pero, en la práctica, eso no se cumple, no solo por la sobrepoblación, sino por la falta de personal técnico que hay en las cárceles para realizar estos procesos, recalcó Arias.

“No solo no se brindan los procesos técnicos que corresponden, sino que no se pueden valorar de manera oportuna”, agregó la coordinadora con franca preocupación.

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Un sistema frenado

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Más alarmante es que en la segunda circular del INC, la de este año, se admite claramente que tiene “severos retrasos” en el conocimiento de casos, con relación a libertades condicionales. Esta opción solo la puede imponer un juez; sin embargo, para mejor resolver, suelen solicitar un informe al Instituto para conocer realmente si la persona es merecedora de este beneficio o no. No obstante, al existir estos retrasos se ve coartado también esta posibilidad en la población penal.

Puntualmente, ese oficio señala: “Actualmente, existe un atraso considerable en la emisión de los acuerdos que corresponde tomar al Instituto Nacional de Criminología, a efectos de lo que establece el artículo sesenta y cuatro del Código Penal en relación con el trámite de las libertades condicionales”.

Por ello, emiten una serie de lineamientos para volver más célere ese procedimiento.

Para la coordinadora Arias, el mayor problema en este asunto recae en la Secretaría de Actas del INC, que es la encargada de notificar a las partes los acuerdos tomados en las sesiones del Instituto.

“Si usted pregunta el INC, le contestarán que frecuentemente realizan valoraciones y hacen sesiones extraordinarias, pero esos acuerdos se pegan en Secretaría, ya que no son transcritos y esto genera que no se comuniquen. En San José tenemos libertades condicionales que tienen hasta ocho meses de espera porque no se comunica el acuerdo por parte del INC”, dijo la coordinadora.

A final de cuentas, señaló Laura Arias, toda este lento flujo de un sistema cerrado a un sistema semiabierto lo único que genera es más y más sobrepoblación.

“El sistema, a como lo tenemos actualmente, significa que de cerrados se pasa a semiinstitucional y luego al programa Comunidad. Si no hay ese traslado, se vuelve preocupante. Por eso, es importante entender que las valoraciones son necesarias y, que, a partir de lo que arroje ese estudio técnico, es que debe haber respuestas.

“Si la persona pasa a confianza, se abre un cupo en el sistema carcelario; si no tiene condiciones para pasar, entonces se le debe dar el acompañamiento técnico para preparar a esa persona para que, en su próxima valoración, ojalá reúna las condiciones para salir. Pero esto tiene que verse como un sistema integral o si no la respuesta tampoco favorecerá y generará fenómenos recurrentes como el brote de hacinamiento que se ve hoy”, concluyó Arias.