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“No es una responsabilidad del Poder Judicial que la administración penitenciaria no tenga los espacios para albergar y cumplir con las órdenes de los jueces (...). Hay un deber del Ministerio de Justicia y Paz de recibir a las personas detenidas por orden del juez, es la institución encargada de hacerlo y el no hacerlo está paralizando la justicia penal”.
De esa forma reaccionó Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, luego de que en las últimas semanas la cartera de Justicia les señalara por la crisis carcelaria que afronta el país actualmente. La magistrada fue directa y recalcó que si en este momento hay espacios que no se pueden utilizar es por mandatos que ellos no pueden cuestionar, tomando en cuenta que los jueces son autoridades máximas e independientes que analizan los contextos y situaciones para tomar decisiones.
A principios de setiembre, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas, afirmó que el sistema penitenciario estaba al borde de un colapso y que los jueces de ejecución de la pena impiden utilizar nuevos espacios. Sin embargo, esto obedece a que existen órdenes de cierre que impiden su habilitación.
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El motivo de que este viernes el Poder Judicial se refiriera al tema, por medio de tres magistrados y del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, es que la situación carcelaria ha hecho que las celdas judiciales estén saturadas e incluso que en algunos casos todas las partes estén listas para un juicio o audiencia y se suspenda porque no se puede trasladar a la persona privada de libertad ante la falta de espacio en los aposentos de los tribunales destinados para ellos.
Hasta ahora, el Poder Judicial no cuenta con datos específicos de la cantidad de juicios o audiencias que se han tenido que posponer a causa de la saturación de las celdas judiciales; no obstante, dijeron estar trabajando en ello.
La vicepresidenta de la Corte también recordó que existe un protocolo de audiencias virtuales; sin embargo, destacó que Justicia no cuenta con suficientes espacios para poder utilizar esta modalidad tanto como se quisiera.
Solano agregó que estas circunstancias afectan a los presos, pero también a quienes están esperando justicia por las situaciones que vivieron en determinado momento de su vida. “Hay un deber del Ministerio de Justicia de recibir a los reos y realmente el que no haya espacio está paralizando la justicia penal”, aseveró la alta jueza.
Hasta este viernes, el OIJ contabilizaba 335 personas en celdas judiciales, de las cuales 252 deberían estar ya en una cárcel del país. Esa situación afecta hasta ahora a 14 tribunales de justicia del país, de un total de 32. Se trata del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José, así como las sedes judiciales en Alajuela, Cartago, Heredia, Limón, Sarapiquí, San Ramón, Pococí, Nicoya, Siquirres, Liberia, San Carlos y Corredores.
Si bien es cierto, el espacio de las 128 celdas existentes en todo el país en un contexto normal es para 819 personas, en este momento la situación pandémica redujo la capacidad a 454. También debe tenerse en cuenta que no todos los despachos cuentan con el mismo campo, ya que esto depende de su estructura.
Por otra parte, la Policía Judicial, además, ha tenido que incrementar el pago de horas extra a sus funcionarios, así como destinar investigadores u otros funcionarios a la custodia de personas en celdas judiciales. Esa situación preocupa a Wálter Espinoza, quien teme que el personal no dé abasto en algún momento. El jerarca considera que esta situación genera un desestímulo a las acciones policiales y a la seguridad del país.
“Hay alguien que está fallando y no es el Poder Judicial. Alguien está desatendiendo la orden de los jueces, alguien tomó la determinación de incumplir el mandato de la Sala Constitucional reiterado, manifiesto, notificado y comunicado al Ministerio de Justicia a efectos de que tomen medidas para que reciba estas personas.
“En un contexto cercano yo no conozco ningún caso en el que se haya irrespetado a la Sala Constitucional de la forma en la que está sucediendo. La Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el sector privado y el propio Poder Judicial acatan las decisiones que se toman constitucionalmente, pero resulta ser que el Ministerio de Justicia simplemente incumple”, reclamó Espinoza.
El jefe policial reconoció que ellos seguirán haciendo esfuerzos en medio de los hechos y agradeció el apoyo a las otras instancias del Poder Judicial, tomando en cuenta que actualmente Costa Rica afronta un contexto álgido con un aumento en la tasa de homicidios y con índices de violencia que, a su criterio, se están disparando.
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Problema de larga data
En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, recordó que el problema de saturación de detenidos en celdas judiciales no es nuevo y, aunque sabe que la pandemia agravó la situación, la calificó como “apremiante y angustiante”.
“Somos respetuosos de competencias constitucionales y legales de los poderes del Estado, porque somos un Estado de derecho, pero esta situación nos está provocando un colapso del sistema penal con suspensiones de audiencias y juicios, convirtiendo las celdas de un sitio de paso a uno de encarcelamiento que contraviene exigencias internacionales sobre la privación de libertad. No nos corresponde a nosotros resolver el problema de la crisis penitenciaria, eso es un resorte del Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio Justicia y Paz”, explicó Cruz.
El alto juez hizo un llamado e instó al Poder Ejecutivo a tomar, a la mayor brevedad, “las acciones necesarias para darle pronta solución a este problema”, replicando así la posición de la magistrada Solano en cuanto a la necesidad de que todos los privados de libertad a los que ya se les impuso una medida que implica su encarcelamiento sean recibidos por Justicia, tomando en cuenta que las celdas son espacios finitos en los que se deben respetar derechos y dividir a las personas por hombres, mujeres, población LGTBI, menores de edad y, dependiendo de las circunstancias, también pacientes con covid–19.
