La postura la dio a conocer la cartera por medio de un comunicado de prensa divulgado la mañana de este miércoles, luego de que La Nación publicara que los jueces rechazaban alguna responsabilidad sobre la crisis penitenciaria y que más bien les proponían hacer más uso del régimen de confianza.
En el boletín, Fiorella Salazar, jerarca de esa institución, justificó su posición al asegurar que el cambio de modalidad de cerrado a semiabierto “no puede ser tomado a la ligera, toda vez que conlleva un proceso de valoración técnica para determinar si la persona está lista para su inserción social”.
“Se aplica (el cambio de régimen) por mérito, por desempeño, y detrás existe una valoración técnica que lo respalda. Las personas que no cumplen con eso simplemente no tienen por qué salir del sistema penitenciario”.
Añadió: “Nos interesa decirle a la ciudadanía que la persona que pasa de un régimen cerrado a uno abierto lo hace cuando lo merece, nunca como una medida para liberar espacios en el sistema penitenciario”.
No obstante, la propuesta de los juzgadores iba orientada a hacer egresos responsables por medio de esas valoraciones ordinarias y también de extraordinarias, dado lo apremiante de la situación.
Es decir, no se trataba de abrir puertas de las cárceles y permitir la salida de cualquier que estuviera recluido.
