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La Corte Plena aprobó este lunes un proyecto especial para agilizar la expropiación de 430 terrenos que se consideran fundamentales para no atrasar la realización de varios proyectos de obra pública, en diferentes partes del país.
El plan consiste en la creación de cuatro plazas de jueces, con los respectivos asistentes y el debido equipamiento, para que de ahora y hasta el 2024, se dediquen de manera exclusiva a conocer estos asuntos. En la actualidad solo hay tres jueces de expropiaciones.
La creación de estas plazas nuevas la adoptaron los magistrados luego de conocer el informe sobre una reunión que sostuvieron los jerarcas del Poder Judicial con el presidente de la República, Carlos Alvarado y los ministros de Hacienda Elian Villegas y del MOPT, Rodolfo Méndez, el 21 de agosto pasado en Casa Presidencial, para analizar el presupuesto del 2021.
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En dicha reunión, según informó Nacira Valverde, jefa de Planificación del Poder Judicial, el Gobierno accedió a ampliar el presupuesto del próximo año en ¢2.837 millones, con lo cual el plan de gastos será de ¢462.705 millones.
Valverde dijo que los nuevos fondos serán para esas plazas dedicadas a las expropiaciones, pues el Ejecutivo les hizo ver que necesitan impulsar la ejecución de obra pública como una necesidad para reactivar la economía.
Agregó que, además, se logró fondos para 55 plazas que serán destinadas para reforzar la capacidad de respuesta de la administración de justicia frente a las denuncias por corrupción. Las plazas serán cuatro para jueces, 38 para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 13 en el Ministerio Público.
La Corte Plena, desde marzo del 2019, había declarado de interés institucional el abordaje prioritario de la corrupción y determinó fortalecer la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, así como la creación de una sección especializada en esa materia en el OIJ y formalizar una oficina de cumplimiento y seguimiento de diagnósticos institucionales. Sin embargo, dicho plan no se había ejecutado por falta de contenido presupuestario.
Plan de Defensa Pública
En otro asunto tratado este lunes en la sesión de Corte Plena, la jefatura de la Defensa Pública anunció que impulsará la aplicación de medidas alternas en los procesos penales como una forma de disminuir la mora judicial.
El anuncio lo hizo Juan Carlos Pérez Murillo, nuevo jefe de ese órgano del Poder Judicial, quien agregó que esa es una de las metas que se propuso alcanzar en los próximo cuatro meses.
“Si particularmente se promueve que los compañeros defensores públicos motiven la aplicación de medidas alternas en las etapas primarias del procedimiento, por supuesto respetando los criterios técnicos en cada caso en particular, podríamos tener una solución del caso y no preocuparnos de otras etapas del proceso.
“Eso liberaría las agendas de trabajo de los tribunales de justicia y consecuentemente disminuiría la cantidad de casos en circulación”, dijo Pérez.
Asimismo, el nuevo jefe de la Defensa informó que espera, antes de diciembre, poder sacar a concurso la contratación de 247 nuevos defensores públicos. Esas plazas tienen contenido presupuestario, pero en la actualidad están siendo ocupadas por defensores de manera interina.
