José Andrés Céspedes. 21 agosto
Los magistrados expresaron que tienen dificultad para ejecutar mayores reducciones al presupuesto sin afectar atención a personas usuarias de juzgados, medicatura forense, programa de atención a víctimas o pensiones alimentarias. Foto: Roberto Carlos Sánchez @rosanchezphoto
Los magistrados expresaron que tienen dificultad para ejecutar mayores reducciones al presupuesto sin afectar atención a personas usuarias de juzgados, medicatura forense, programa de atención a víctimas o pensiones alimentarias. Foto: Roberto Carlos Sánchez @rosanchezphoto

El Poder Judicial se reunió este viernes con el presidente de la República, Carlos Alvarado, para reiterar que una reducción mayor a su presupuesto podría “paralizar servicios esenciales de justicia”.

Así lo manifestó la magistrada Patricia Solano, quien también reconoció la apertura del mandatario y del ministro de Hacienda, Elian Villegas, para generar espacios de diálogo sobre este tema.

El 4 de agosto, el Poder Judicial indicó que considera imposible acceder a la solicitud del Ministerio de Hacienda de recortar el 10% de su presupuesto para el 2021.

Así lo dieron a conocer los jerarcas de los diversos órganos judiciales durante una conferencia de prensa virtual, en la cual expusieron que, eventualmente, una disminución como la solicitada podría traer una afectación en el servicio a los usuarios.

El encuentro de este viernes contó con la participación del presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz y Patricia Solano; los magistrados Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala Primera, y Orlando Aguirre, quien preside la Sala Segunda.

También los acompañaron la directora de Planificación, Nacira Valverde, y la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero Jenkins.

“Hemos ajustado nuestro presupuesto a las directrices del Ministerio de Hacienda y al cumplimiento de la regla fiscal, por lo que los recortes adicionales ponen en peligro la efectividad del servicio”, afirmó el presidente de la Corte, Fernando Cruz.

Por parte del Poder Ejecutivo estuvieron presentes, además del mandatario Alvarado, los ministros de la Presidencia, Marcelo Prieto; de Hacienda, Elian Villegas; de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, y la titular de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido.

“Los temas tratados giraron en torno a los mecanismos de coordinación directos con el Ejecutivo, así como la atención a las coordinaciones para expropiaciones, recursos para el combate a la corrupción y una constante conversación sobre la situación fiscal”, informó Presidencia.

Los magistrados expresaron que tienen dificultad para ejecutar mayores reducciones al presupuesto sin afectar atención a personas usuarias de juzgados, medicatura forense, programa de atención a víctimas o pensiones alimentarias.

La directora de Planificación del Poder Judicial estimó que la atención a personas usuarias de juzgados, alcanza a más de 2.000 por día.

El magistrado Rivas destacó que todos los servicios que prestan son esenciales, como atención a homicidios, narcotráfico o pensiones alimentarias. Según explicó, no detuvieron la atención para no afectar a la ciudadanía, mediante el uso máximo de teletrabajo.

Por su parte, el ministro de Hacienda externó su reconocimiento al recorte presupuestario realizado por el Poder Judicial en beneficio de las finanzas públicas, a la vez que afirmó que el traslado de fondos para el combate a la corrupción será incluido en el próximo presupuesto extraordinario.

Ajustes realizados

El pasado 2 de junio, la Corte Plena aprobó un plan de gastos para el 2021 por un monto de ¢468.793 millones, lo que representa un decrecimiento del 0,82% en relación con las erogaciones del 2020, que fueron de ¢472.677 millones. La reducción hecha es de ¢3.884 millones y se ajustaba a los pedidos de Hacienda.

Fernando Cruz explicó el 4 de agosto que ese plan de gastos no creaba plazas nuevas y se mantenía la planilla del Poder Judicial en 12.596 puestos.

“El presupuesto del 2021 decrece un 0,66% en recurso humano, un 1,35% en gastos variables, un 2,21% en inversión, un 12,45% en adquisición de vehículos, un 6,21% en inversión de tecnología y un 4,74% en construcciones”, puntualizó el jerarca judicial.

No obstante, una vez que Cruz envió el presupuesto a Hacienda, el pasado 20 de julio, el ministro Villegas hizo llegar a la Corte una nota en la cual pidió que “el gasto presupuestario máximo para el año 2021 sea igual al 90% del presupuesto ordinario aprobado para el año 2020″.

Esa petición significa un recorte adicional de ¢43.383 millones al plan presentado.

Luego de conocer el tema, la Corte Plena aprobó una reducción extra de ¢8.915 millones.

Eso implicó hacer recortes en rubros en recurso humano, por ¢4.830 millones; construcciones, ¢1.479 millones; vehículos, ¢1.113 millones; informática, ¢1.072 millones; capacitación, ¢273 millones, y otros gastos de operación –como información, impresión, viáticos, actividades protocolarias y alimentos– por ¢148 millones.

Las autoridades judiciales dijeron que esa rebaja de ¢8.915 millones, sumados a los ¢3.884 millones que se redujeron en la primera propuesta de presupuesto del 2021, significan una reducción total de ¢12.799 millones.

Hicieron ver que el recorte se distribuye en todos los ámbitos y, por lo tanto, repercute en las labores que desarrollarán órganos como la Fiscalía, la Policía Judicial y la Defensa Pública, y dificulta la posibilidad de asumir nuevas funciones y la expansión en los servicios.