La Corte Plena dejó en suspenso la entrada en vigencia de la nueva Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, debido a la falta de financiamiento.
La medida la adoptaron los magistrados este jueves, luego de que aprobaron la proyección de gastos para el año 2020, en la cual no se contempla la creación de plazas nuevas.
Según estimaciones del Poder Judicial, para aplicar la Ley contra el Crimen Organizado se requiere contratar más de 40 personas especializadas, además de funcionarios administrativos y la construcción de edificios más seguros. Con las limitaciones presupuestarias, eso es imposible de cumplir.
Por tal motivo los magistrados acordaron pedir a la Asamblea Legislativa que se postergue por 30 meses la aplicación de esa norma y que se le otorgue un financiamiento de ¢14.413 millones, por tractos en un lapso de tres años, para adaptar el Poder Judicial a los requirimientos de la legislación.
La Corte Plena ya había logrado una prórroga de un año y se había programado el arranque de la ley para octubre del 2019.
La Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 3 de setiembre de 2017 para ponerla a funcionar siete meses después, es decir el 19 de octubre de 2018.
El objetivo con la legislación es que juzgados y tribunales especializados se encarguen de conocer los procesos por casos vinculados a organizaciones de narcotraficantes, grupos dedicados a la trata de personas, pornografía o bandas de asaltantes bancarios.
Lo anterior incluye especialización de jueces penales, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios.
Debido, precisamente, a la falta de contenido presupuestario fue que se acordó postergar por un año la aplicación de la ley.
Presupuesto limitado
La anterior determinación la tomaron los magistrados en una sesión extraordinaria realizada para discutir y aprobar el presupuesto para el 2020.
En la proyección de gastos elaborada por la Unidad de Planificación del Poder Judicial se hizo ver a los altos jueces que debían ajustarse a las limitaciones que impuso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2018 por la Asamblea Legislativa.
Nacira Valverde Bérmudez, directora de Planificación, dijo que luego de revisar el plan de gastos "se ajustó el presupuesto al límite estipulado por el Ministerio de Hacienda (...) con cero crecimiento en plazas. Para cumplir, se tomaron una serie de acciones que comprendieron reajustes en materia de sustitución de personal y readaptaciones en los diferentes programas”.
Luego de una discusión, los magistrados aprobaron el plan de gastos por ¢470.743 millones, el cual es un 0,56% menor al del actual periodo, en el que se presupuestaron ¢473.402 millones.
Este proyecto será enviado el próximo 14 de junio para que sea conocido por el Ministerio de Hacienda.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, aseveró que el presupuesto del Poder Judicial se aprobó conforme al marco legal y ajustándose a la regla fiscal.
"De igual manera debemos plantear una serie de valoraciones y propuestas para los temas prioritarios de crimen organizado y otras leyes especiales pues debemos hacerle frente a estas nuevas obligaciones”, aseveró Cruz.
Unidad anticorrupción
Uno de los temas que demandó mayor tiempo a los magistrados, este jueves, fue la discusión sobre cómo afectaría la limitación presupuestaria el plan de crear una Unidad Especializada Anticorrupción en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El 4 de marzo pasado, la Corte Plena aprobó la creación de esa unidad atendiendo una sugerencia de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Poder Judicial.
Debido a que en el presupuesto del 2020 no se estipulaba ninguna fuente para darle sustento financiero a esa nueva oficina, Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional y coordinadora de la comisión, amenazó con no aprobar el plan de gasto.
“El presupuesto debe estar diseñado para atender las necesidades que tiene el país como es la atención de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción (...). El plan no cumple con mis prioridades como magistrada, así que votaré de manera negativa”, advirtió Hernández.
Sin embargo, luego de una reunión de más de una hora se dispuso que el Poder Judicial hará una redistribución en la ejecución presupuestaria para el próximo año para atender los casos de corrupción y que ese tema sea una prioridad en todas las áreas de la institución.
En la reunión estuvieron presentes Nacira Valverde, directora de Planificación; Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); Emilia Navas, fiscala general de la República; y otros dos funcionarios judiciales.
Luego de escuchar el acuerdo, Hernández dijo que votaría a favor del presupuesto.
Espinoza señaló que, con la disposición tomada por la Corte Plena, se espera que en un plazo de tres meses se pueda tener un cuerpo especializado con, al menos. 18 investigadores.
El jerarca del OIJ explicó que en la actualidad cuentan con 11 oficiales, pero que que los asuntos de corrupción son tan complejos que se necesita personal calificado, en especial analistas financieros, para darle seguimiento a los movimientos de dinero.
Otras limitaciones
Paralelamente, los magistrados aprobaron otras cuatro observaciones que serán enviadas a la Asamblea Legislativa y que tienen que ver con la afectación que sufrirá la aplicación de otras leyes especiales, debido a los recortes en el presupuesto del 2020.
Ley contra el maltrato animal: Para atender las denuncias generadas por esta legislación que entró a regir el 11 de junio del 2017, se necesitan al menos 13 nuevas plazas y la contratación de servicios como la realización de autopsias de animales. Se estima que para el año entrante eso significaría un gasto de ¢796 millones.
Ley de Justicia Restaurativa: Esta legislación fue aprobada en junio del 2018 y, entre otros aspectos, ordena ofrecer servicios de atención de la masculinidad para los casos de violencia doméstica con fondos de la oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público. Según proyecciones de Planificación, para las nuevas tareas se requieren ¢422 millones.
Acceso a la justicia de pueblos indígenas: Desde el año anterior se implementaron planes para facilitar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, que para ponerlos a funcionar ocupan ¢110 millones.
Código Procesal Agrario: En setiembre del 2018, se aprobó la nueva legislación en esta área que empieza a regir a partir de febrero del 2020 y que obligará al Poder Judicial a aplicar una serie de modificaciones que, según se estima, generarán una erogación de ¢749 millones.