Preocupados por la “fuga de cerebros” que enfrenta el Poder Judicial, los magistrados de la Corte Plena solicitaron este lunes a la Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público elaborar un informe sobre la situación salarial de la institución.
La decisión surgió en respuesta a la reciente renuncia de José Manuel Fernández Chaves, el odontólogo forense más experimentado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien cuestionó la política salarial en el Poder Judicial.
El objetivo de la Corte es desarrollar estrategias para abordar la fuga de talentos, una preocupación que también surge ante las 834 renuncias registradas entre 2018 y 2023, según datos de la Dirección de Gestión Humana.
Roxana Chacón Artavia, magistrada de la Sala Segunda, se integrará a la comisión por disposición de la Corte, ya que ella propuso revisar la política salarial.
“La fuga de cerebros y las condiciones salariales se han vuelto una prioridad para la Corte, alterando la agenda de la sesión para abordar este tema de manera prioritaria. Magistrados de todas las salas expresaron su preocupación y propusieron posibles soluciones”, detalló la oficina de prensa del Poder Judicial.
Además, la Corte informó sobre otras iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales, como la presentación próxima de la Política Integral de Bienestar y Salud Laboral del Poder Judicial. Esta propuesta busca implementar beneficios para los trabajadores y mejorar el ambiente laboral en general.
“Desde el Poder Judicial, la renuncia de personas funcionarias es un tema que nos preocupa y nos ocupa”, manifestó el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez.
“hemos insistido ante la opinión pública sobre la necesidad de tener las mejores personas profesionales y técnicas, en buenas condiciones laborales, para garantizar una administración de la justicia eficiente, eficaz y que responda oportunamente a las necesidades del país”, dijo.
La comisión que analizará el asunto, creada en el 2022 tras la aprobación de la Ley de Empleo Público, está compuesta por el magistrado Aguirre, de Sala Segunda; Julia Varela (Segunda), Gerardo Rubén Alfaro (Tercera), Damaris Vargas (Primera) y a partir de este lunes la magistrada Chacón.
También la integran Roxana Arrieta, de Gestión Humana; Rodrigo Campos, de la Dirección Jurídica; y Roger Mata, jefe de Despacho de la Presidencia de la Corte.
Las magistradas Sandra Zúñiga y Patricia Vargas expresaron su preocupación por la situación salarial en el Poder Judicial. Foto: Prensa Poder Judicial.
‘Recurso humano no recibe valor que merece’
En su carta de renuncia, el odontólogo Fernández Chaves fue tajante en su crítica a la situación salarial del Poder Judicial, al aseverar que su sueldo líquido de ¢350.000 semanales era incompatible con el tipo de puesto que desempeña.
“Ser el único especialista con 17 años de experiencia no sirve de nada. Porque si algo he aprendido es que aquí en el Poder Judicial eso no tiene ningún valor, porque el recurso humano no recibe el valor que merece”, aseveró.
El especialista también sostuvo que su salario estaba próximo a disminuir porque los puntos de carrera profesional que le reconocieron solo tienen un periodo de validez de cuatro años luego de la Ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas)″.
Fernández Chaves tuvo un papel preponderante en el juicio por el crimen de María Luisa Cedeño, al presentar las pruebas dentales que vincularon a dos de los tres imputados.
El odontólogo también alegó que para especializarse debió ir al exterior y endeudarse con al menos $70.000, pero que debió costearse las capacitaciones para continuar su desarrollo profesional dentro del sistema judicial.
