Un total de 12 exdirectivos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) fueron librados de responsabilidad por el caso de la inconclusa carretera 1856, conocida como la trocha fronteriza.
Así se desprende de las conclusiones de un procedimiento administrativo (DJ-79-2012-B) de la Contraloría General de la República que comenzó en diciembre del 2012 y terminó siete años después, a finales de la semana pasada.
La investigación libró de responsabilidad a Vanessa Rosales, quien fuera presidenta ejecutiva de esa institución, cuando se decretó la emergencia para construir esa carretera, el 21 de febrero del 2011.
El decreto surgió a raíz de la invasión del ejército nicaragüense en territorio costarricense, ocurrida en isla Calero, Pococí, en octubre del 2010.
Otros directivos exonerados en este proceso son los viceministros de la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) Mauricio Boraschi Hernández (Presidencia), María Lorena López Rosales (Infraestructura), Juan Carlos Pacheco Romero (Inversión Pública), Roy Barboza Sequeira (Vivienda), Wálter Navarro Romero (Seguridad), Ana Lorena Guevara (Ambiente) y Ana Cecilia Morice Trejos (Salud).
Completan la lista los exdirectivos José Ángel Villalobos Villalobos, Mayra Díaz Méndez, Adolfo Ortiz Barboza, y Orlando Esquivel Hernández.
Andrei Bourrouet Vargas, otro de los exonerados y quien fungió como viceministro de Energía, falleció durante el proceso de investigación.
En este proceso la Contraloría investigó el accionar de todos los directivos en cuanto al dinero que se iba a invertir procedente del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) para la construcción del camino fronterizo.
Los datos disponibles para la prensa dan cuenta de que la trocha le costó al país al menos ¢20.000 millones; sin embargo, la gran mayoría del dinero provino de contribuciones de otras instituciones públicas.
Del FNE solo se invirtieron ¢1.800 millones que se ejecutaron durante los primeros días de la crisis, para dotar de equipos básicos al Ministerio de Seguridad Pública, encargado de resguardar la soberanía nacional.
Originalmente se había firmado un convenio entre la CNE y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para que este último recibiera ¢19.000 millones del Fondo de Emergencias para atender la trocha.
El dinero se giraría bajo la condición de que el Consejo rindiera informes a la CNE sobre el uso de los recursos. Sin embargo, la investigación del ente contralor evidenció que el Conavi incumplió con esta condición, por lo que la CNE ordenó la devolución del primer porcentaje autorizado y nunca giró más.
"Es importante indicar que en la ejecución del convenio, la CNE determinó que el Conavi había incumplido la cláusula cuarta del convenio para el uso de los recursos, por lo que el Conavi los reintegró a la CNE, razón por la cual no se tiene acreditado el uso de recursos del FNE para la ejecución de las obras objeto de investigación en este procedimiento administrativo.
“Es por ello que, a juicio de este órgano decisor, no existen motivos para considerar que en este período haya habido un incumplimiento de deberes por parte de la CNE -como institución- en relación con los hechos investigados en el procedimiento administrativo”, agrega la resolución de la Contraloría.
El plan general de emergencia requería de tiempo y coordinación, por parte de una comisión de alto nivel en la que participó la presidenta Laura Chinchilla, con el fin de definir la estrategia política y de seguridad nacional que se iba a seguir.
La. emergencia “era completamente atípica por sus implicaciones en el ámbito internacional y respecto de lo cual no existían antecedentes en el país, pues era inédita”, dice el informe.
Presupuestos ajenos
Según lo expuesto por varios defensores de las personas investigadas, a la CNE no le correspondía ejercer controles en procesos de contratación y de pago de las obras que sí se ejecutaron, porque los recursos no eran del Fondo Nacional de Emergencias.
Esa entidad realiza una función de coordinación, pero no puede obligar a otras entidades públicas “a realizar obras con determinados estándares, si se realizan con fondos de sus presupuestos institucionales, ya que quien contrata no es la CNE”, explicó en el informe César Céspedes, defensor de la exdirectiva Mayra Díaz.
Por su parte, la expresidenta de la CNE, Vanessa Rosales, alegó en el documento que existen vicios de nulidad en los hechos que se les atribuían, pues ni siquiera estuvo claro de qué se les acusaba ni cuándo y cómo cometieron las supuestas faltas.
“Ante la existencia de vacíos es evidente la violación al debido proceso y al derecho de defensa”, sostuvo.
Sobre la lentitud del proceso, (siete años) la Contraloría informó de que se debió a que los investigados interpusieron múltiples recursos de revocatorias y apelación en contra del acto de apertura, del órgano decisor y de la contralora general.
También hubo solicitudes de reprogramación de las audiencias por diversos motivos tanto de los investigados, como de sus abogados.
Por último, un procedimiento administrativo contra seis personas del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el exdirector ejecutivo y dos ingenieros que en forma paralela investigaba la Contraloría, se tuvo que suspender cuando el caso se elevó a instancias penales.
El informe deberá esperar a que se emita una eventual sentencia, para poder continuarlo.
Caso paralelo en Juzgado Penal de Hacienda
En tanto, en la instancia penal, la audiencia preliminar por la construcción de la trocha fronteriza finalizó el 30 de enero de este año, según informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Actualmente se encuentran a la espera de que Juzgado Penal de Hacienda, Goicoechea, les comunique la resolución, la cual será de manera escrita.
El departamento de prensa y comunicación Institucional del Poder Judicial informó de que ya el caso lo tiene un juez.
Hasta el año pasado los imputados eran las mismas 26 personas que en enero del 2017 la Fiscalía acusó por los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
El Juzgado Penal de Hacienda había dictado un sobreseimiento definitivo a favor de otras 47 personas, que inicialmente se investigaron, entre ellas la expresidenta de la República Laura Chinchilla Miranda y el exfiscal Jorge Chavarría Guzmán.
Esa vez también se libraron del proceso penal el exvicepresidente Luis Liberman, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes y la exmagistrada Ana Virginia Calzada Miranda, así como funcionarios del Conavi y dueños de constructoras.
La trocha fronteriza le costó al Estado al menos ¢20.000 millones, aunque el perjuicio económico para al Estado fue estimado en ¢1.234 millones, que serían cobrados mediante acción civil presentada por la Procuraduría General de la República.
