San José (Redacción). Mucha agua ha pasado por el río San Juan desde que, un año atrás, el gobierno costarricense llamó la atención a Nicaragua, luego de que las autoridades del vecino país depositaran sedimentos del dragado de ese río en isla Calero , terreno costarricense ubicado en la provincia de Limón.
El dragado de 33 km. tenía como objetivo hacer más navegable el río fronterizo y estuvo a cargo del exguerrillero Edén Pastora, quien recibía órdenes del presidente Daniel Ortega.
El conflicto inició luego de que una familia de apellido Reyes denunciara la intromisión de Pastora en la finca Aragón , irrespetando así la soberanía nacional.
Una vez conocidos los hechos, el gobierno de Costa Rica protestó enviando una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en la que demandaba el cese inmediato “de cualquier acción o actividad que afecte el territorio costarricense o a sus habitantes, que lesione la soberanía nacional o que cause daños ecológicos a su territorio”.
Como resultado de las incursiones nicaragüenses en suelo tico se detectó el daño de 2.500 metros cuadrados de humedales.
Mientras que Edén Pastora negó a la prensa pinolera haber irrespetado la soberanía tica y aseguró que realizaba un operativo antidrogas en la finca Aragón. El Ministerio de Relaciones Exteriores nica denunció a las “tropas” ticas por supuestamente entrar a su territorio.
El 2 de noviembre el gobierno tico pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que enviara un equipo imparcial capaz de determinar si el Ejército nica había realizado una invasión militar a suelo costarricense.
Daniel Ortega respondió a esto diciendo que demandaría a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda y acusó al Estado costarricense de estar ligado con el narcotráfico.
A mediados de noviembre la fiscalía tica giró una orden de captura contra Edén Pastora para que diera cuenta por los daños ambientales que se observaban en isla Calero. Al excombatiente se le atribuían las causas de usurpación de bienes de dominio público e infracción a la ley forestal.
Casi un mes después de los primeros acontecimientos, Costa Rica denunció a Nicaragua ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) y la Secretaría de la Convención Internacional sobre Humedales, mientras la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para discutir la incursión militar en suelo nacional.
El 7 de diciembre del 2010, se confirmó ante el foro de cancilleres de la OEA, el daño ambiental ocasionado a la zona y la presencia de militares nicaragüenses en Costa Rica. Esto se logró con el informe presentado por el Secretario General de esa entidad , José Miguel Insulza.
En enero de este año, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional Ramsar divulgó un documento en el calificó de ecocidio (homicidio ecológico) la apertura de un canal por parte de Nicaragua que desviaba el río San Juan hacia la Laguna Portillos, utilizando para ello el territorio de isla Calero.
Los cálculos del impacto ambiental comenzaron a hacerse luego de emitido el informe de Ramsar. Basándose en esto, la Fundación Neotrópica estimó que los daños por servicios ambientales ascenderían a unos $10 millones anuales .
También se utilizaron imágenes de ONUsat para detectar el destrozo ambiental.
El 8 de marzo, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda rechazó la petición de Costa Rica de pedirle a Nicaragua que suspendieran las labores de dragado. La resolución no imposibilitó al país para presentar nuevas pruebas en el caso . Eso sí, la Corte estableció que las autoridades del vecino país retiraran sus tropas y se otorgó la custodia ambiental de la zona a Costa Rica.
Un día después de la resolución de las CIJ se constató que Nicaragua retiró sus tropas de la zona en conflicto.
A finales del mes de marzo, el país estrenó 153 policías fronterizos que se ocuparían de resguardar la soberanía del territorio, combatir el tráfico de personas y el narcotráfico en la frontera norte del país.
La polémica que despertó el tema estuvo también en la web, donde incluso se utilizaron los mapas de Google para alegar que isla Calero pertenecía a Nicaragua y no a Costa Rica, ya que inicialmente y por un error —que luego fue corregido— la peleada isla se atribuía al vecino país del norte.
Especialistas de Ramsar intentaron hacer una inspección en Calero, el 6 de abril de este año, para cumplir con la inspección dictada por la CIJ, para evaluar el daño ambiental causado en la zona. Sin embargo, fueron agredidos según ellos mismos reconocieron por un grupo de manifestantes nicaragüenses.
Ante la negativa de los nicaragüenses de negociar primero en suelo costarricense y luego en suelo nica, ambas partes se reunieron en Peñas Blancas, cada quien del lado de su país, para discutir sobre el crimen y la inseguridad en la zona fronteriza.
Posterior a esta reunión, la Corte Internacional de Justicia fijó el 5 de diciembre como la fecha límite para presentar una demanda escrita y denunciar la invasión de Nicaragua.
En junio pasado, Edén Pastora, excombatiente y encargado del proceso de dragado en el río San Juan, anunció que llegaría una nueva draga para continuar la labor de “limpieza del río”, a pesar de que el depósito de sedimientos en suelo tico fue uno de los detonantes del conflicto fronterizo.
El 24 de junio, la cancillería de la República comunicó al tribunal de La Haya, que Nicaragua permitía la presencia de integrantes de la Juventud Sandinista en isla Calero, cuando la resolución emitida por la Corte Interamericana de Justicia del 8 de marzo restringía el acceso a esa zona en tanto no se resolviera el conflicto.
René Castro, quien hasta junio fue el canciller que atendió el tema de isla Calero, fue trasladado de su cargo hacia el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Enrique Castillo –embajador tico ante la OEA y quien se encargó de defender las posiciones nacionales en ese foro– vino a sustituirlo.
El 5 de agosto, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua planteó a Laura Chinchilla la posibilidad de crear una comisión ambiental internacional que cuidara del medio ambiente en isla Calero, petición a la que la mandataria se negó.
El excanciller Castró realizó su comparecencia ante la Asamblea Legislativa en agosto de este año. En esa oportunidad los diputados del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio le criticaron por sus afirmaciones del 2010 de que el dragado en el río San Juan, no afectaría al país.
Las principales críticas giraron en torno a que estas obras ocasionaron más tarde la incursión de nicaragüenses en suelo tico y posteriormente un conflicto fronterizo.
El 17 de agosto, el gobierno costarricense volvió a llamar la atención sobre la incursión de nicaragüenses en la zona del conflicto, lo cual incumplía la resolución planteada por la CIJ de no cometer actos que agraven la disputa entre las dos naciones.
Apenas unos días después, el gobierno tico debió volver a reclamar ante La Haya luego de que se conociera la colocación de unos tubos que evidenciaban la intención de enviar a suelo costarricense sedimentos del dragado del río San Juan .
En setiembre de este año, en la celebración del 32° aniversario del Ejército nicaragüense, el general Julio César Avilés manifestó que no permitiría el cercenamiento del río San Juan y del humedal en disputa en la isla Calero.
El nuevo canciller Enrique Castillo acusó al presidente Daniel Ortega de haber premeditado la invasión a la isla Calero , declaraciones que fueron mal recibidas en Nicaragua y le valieron la calificación de “buscapleitos” por parte de un diputado nica.
A finales de setiembre, la presidenta Laura Chinchilla aprovechó su presencia la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar la lentitud del sistema internacional para proteger a Costa Rica de la invasión por parte del gobierno nicaragüense a isla Calero.
Días después, el Minaet anunció su deseo de restaurar la zona dañada de isla Calero, con ayuda de Ramsar.
El canciller de la República viajó a Londres donde pretende afinar la estrategia que servirá para la defensa del país ante la Corte Interamericana de Justicia, con sede en La Haya. Para la defensa de Costa Rica en este caso se destinaron ¢850 millones.
Se anunció que Enrique Castillo se reuniría con un agente de la CIJ, con todo el equipo jurídico, abogados externos, su agente, co agentes, y personal técnico nacional para planear la estrategia a seguir.
En la actualidad el gobierno construye una carretera que se extiende desde Los Chiles hasta Delta Costa Rica, frente a la polémica isla Calero. Este proyecto costará unos ¢ 7.000 millones ,y por esta vía podrán circular autos de doble tracción y se pretende con ella evitar que los nacionales deban usar el río San Juan para transitar.