Tres comerciantes, condenados a 10 años de cárcel por una millonaria evasión al fisco, desaparecieron el 23 de setiembre del 2020.

Ese día, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José giró las órdenes de captura en contra del empresario, Wilson Gerardo Soto Mora, de 73 años; su hija, Ericka Alicia Soto Navarro (43), y el exsupervisor de zona, Ólger Arturo Murillo Hernández (56).

Sin embargo, cuatro meses después de esa disposición, las autoridades siguen sin tener rastro sobre su paradero. Por ello, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó el pasado 19 de enero una fotografía de cada uno, con el fin de que la población brinde de manera confidencial datos que permitan ubicarlos.

“Las órdenes de captura ingresaron formalmente a la Sección de Capturas del OIJ entre el 30 de setiembre y los primeros días de octubre del 2020, por lo cual se inició con las diligencias tendientes a sus detenciones.

“A ellos se les requiere porque cuentan con una sentencia de 10 años por el delito de Defraudación Fiscal contra la Hacienda Pública, por lo que deben descontar su pena en un centro penitenciario, tal y como lo están cumpliendo los otros tres imputados del caso”, explicó la Policía Judicial por medio de su oficina de prensa.

Datos de la Dirección General de Migración y Extranjería revelan que del 2017 en adelante, ninguno de los imputados registra salidas de Costa Rica por los puestos fronterizos oficiales; empero, se desconoce si permanecen en territorio nacional o salieron de otra forma del país.

Conglomerado disfrazado

El caso por el que Soto Mora, Soto Navarro, Murillo Hernández y otras tres personas fueron condenadas se remonta al 2001 y 2002. Según la sentencia número 354–2017, en aquel entonces los seis obtuvieron un beneficio patrimonial antijurídico, después de inducir a la Administración Tributaria a un error.

De acuerdo con el fallo, en el 2001 el perjuicio económico a la Hacienda Pública fue de ¢149,7 millones, mientras que al año siguiente fue de ¢277,7 millones.

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La condena explica que cada uno de los involucrados en el caso tenía funciones específicas, las cuales les permitieron “idear y poner en marcha un plan ilícito con el fin de engañar a la Administración Tributaria y defraudar a la Hacienda Pública”.

“Dicho plan consistió en disfrazar el conglomerado empresarial del cual formaban parte, haciéndolo pasar ante la Administración Tributaria como si se tratara de empresas individuales (en adelante tiendas), cuando en realidad componían la cadena comercial conocida como El Regalón, la cual se dedicaba a la compra y venta de mercancías varias, como ropa y zapatos, en diferentes zonas del país.

“De este modo, como parte de la compleja organización creada para defraudar a la Hacienda Pública, gran parte de las tiendas ingresaron al régimen de tributación simplificada de la Administración Tributaria, cuando lo correcto era que en su conjunto fueran reportadas en el régimen tradicional; lo que les permitió facilidades como la no generación de facturas por ventas al detalle y la declaración de sus actividades con base en las compras efectuadas.

“Además, como parte del plan ilícito preestablecido por los coimputados, dichas tiendas no contaron con cuentas bancarias, sino que parte de sus ingresos fueron direccionados de manera ilícita hacia las cuentas bancarias de los coimputados”, precisa la sentencia.

El 4 de octubre del 2017, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial dictó la sentencia; más de un año después, el 31 de diciembre del 2018, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ratificó el fallo y, finalmente, el 12 de junio del 2020 los magistrados de la Sala Tercera declararon sin lugar el recurso de casación interpuesto por un abogado.

Al llegar a manos de los altos jueces, todas las vías para evitar la condena o, al menos reducirla, fueron desechadas y por ello quedó en firme la pena de 10 años de prisión por dos delitos de Defraudación Fiscal.

El proceso judicial de este caso tardó 16 años, ya que fue en el 2004 cuando se abrió la investigación dentro del expediente el 04–000022–0618–PE.

No obstante, las autoridades de tributación lo consideraron en su momento un fallo histórico al ser el primero por defraudación fiscal en Costa Rica.

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Caso similar

En agosto del 2003, tres empresarios sospechosos de una defraudación fiscal por ¢3.947 millones salieron de Costa Rica antes de que el OIJ allanara sus casas y empresas.

Por ello, el Gobierno emitió en aquel entonces una orden de captura internacional en contra de un matrimonio conformado por un sujeto, apellidado Li Su, y una mujer, de apellido Vemon.

El tercer sospechoso fue un salvadoreño identificado como Sosa Sosa.

Todos salieron del país seis días después de que Tributación entregara al Ministerio Público un informe que, al parecer, revelaba presuntas anomalías en las cifras reportadas por concepto de impuestos de renta y de ventas.

Desde entonces no se supo más de ellos.

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