Comerciante condenada por millonaria evasión al fisco se entregó tras más de un año en fuga

Contra ella había una orden de captura desde el 23 de setiembre del 2020, pues su rastro se había perdido pese a que debía descontar una condena de diez años de prisión por el delito de defraudación fiscal contra la Hacienda Pública. Al igual que ella, su papá Wilson Gerardo Soto Mora, de 73 años, y Ólger Arturo Murillo Hernández (56) eran buscados por este mismo caso.

Los tres estaban relacionados con una empresa familiar dedicada a la importación de ropa, por medio de la cual hicieron una defraudación de ¢380 millones al fisco.

Durante todo este tiempo, la Policía Judicial hacía publicaciones frecuentes de su fotografía para intentar dar con su paradero, así como investigaciones propias para ver si lograban capturarla. Tras meses intensos de búsqueda y con la ayuda de la ciudadanía, “se logró que ella se entregara”, señaló el OIJ.

Actualmente, el único que falta por entregarse es Wilson Soto Mora, el papá de Éricka Soto, confirmó el OIJ. No fue posible conocer ni la fecha ni el lugar de detención de Murillo Hernández.

16 años de proceso judicial

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El caso por el que Soto Mora, Soto Navarro, Murillo Hernández y otras tres personas fueron condenadas se remonta al 2001 y 2002. Según la sentencia en su contra, en aquel entonces los seis obtuvieron un beneficio patrimonial antijurídico, después de inducir a la Administración Tributaria a un error.

En el 2004 se abrió la investigación dentro del expediente el 04–000022–0618–PE. Trece años después, el 4 de octubre del 2017, el Tribunal Penal de Goicoechea dictó la sentencia de diez años en contra de los implicados.

Ese fallo fue ratificado el 31 de diciembre del 2018. Por ello, el abogado de los encartados interpuso un recurso de casación para intentar reducir o evitar la sentencia, pero, el 12 de junio del 2020 los magistrados de la Sala Tercera declararon sin lugar esa queja planteada. Con esto último, se acabaron los recursos para seguir intentando traerse abajo la resolución, por lo cual esta quedó en firme 16 años después de haber iniciado el proceso.

Según indicó Tributación en octubre del 2020, esta fue la primera condena en firme por este tipo de delito. “Se trató de un proceso judicial muy complejo que se realizó durante 16 años. Involucró la investigación de 156 personas, físicas y jurídicas, y la participación del Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial”, detalló esa entidad en aquel momento.