La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el reclamo presentado por el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, por presuntas irregularidades en la sentencia del caso Caja–Fischel.
Lo resuelto por este organismo autónomo, adscrito a la Organización de Estados Americanos, fue confirmado este miércoles por la noche por el propio exmandatario en declaraciones a La Nación.
El expresidente consideró que el documento con las explicaciones brindadas por la CIDH es “más privado” y por ello prefirió reservárselo.
Por esta razón no fue posible conocer el razonamiento de los siete miembros de la Comisión que analizaron los alegatos, presentados por el expresidente desde el 2 de noviembre del 2011.
Luego transcurrieron más de seis años para que se acogiera para estudio la queja y más de dos para emitir una resolución.
Calderón Fournier, presidente en el periodo 1990-1994, había alegado al menos 11 violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, entre otros reclamos, dijo haber sido juzgado dos veces penalmente por los mismos hechos; y que uno de los fundamentos de su sentencia fue una ley posterior a los hechos.
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Ahora, tras lo resuelto por la CIDH, Calderón considera que hubo elementos de fondo planteados que no se tomaron en cuenta, entre estos el hecho de que a su criterio un fiscal fuera nombrado como juez en el caso y que al día siguiente de la condena volviera a ser fiscal.
“Es desilusionante, no se refiere a ninguno de los argumentos de fondo; por fortuna, ya había olvidado este asunto”, afirmó el exmandatario, quien en 2018 dijo que su único objetivo era limpiar su nombre.
Agregó que ahora confía en que la Sala Tercera revise la petición de anulación de sentencia hecha por otro de los imputados del caso, con el objetivo de que se sepa que hubo contradicciones.
“Sigo confiando en la justicia costarricense”, aseguró.
El caso
En octubre del 2009, el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea señaló que Rafael Ángel Calderón Fournier recibió comisiones ilegales por la aprobación de un crédito del gobierno de Finlandia, para comprar equipo para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los jueces lo condenaron entonces por dos cargos de peculado y le impusieron una pena de cinco años de cárcel.
Dos años después, en mayo del 2011, y ante apelación de los involucrados, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el expresidente por recibir comisiones ilegales y lo eximió de ir a prisión tras bajar su pena de cinco a tres años de cárcel.
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El mismo beneficio recibieron otros cinco imputados en el denominado caso CCSS-Fischel.
Ellos son Eliseo Vargas García, expresidente ejecutivo de la CCSS; Gerardo Bolaños Alpízar (q.d.D.g.), exdirectivo de esa entidad; y el exgerente de modernización Juan Carlos Sánchez Arguedas.
Igual medida se les aplicó al expresidente de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel y al exgerente de O. Fischel R., Marvin Barrantes.
Con un voto de mayoría, los magistrados de Casación recalificaron los hechos atribuidos al exmandatario por el Tribunal Penal de Juicio de Goicoechea (solo se le atribuyó un delito de peculado) y le concedieron la ejecución condicional de la pena por cinco años.
Además, en setiembre del 2016 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea ratificó que Calderón Fournier no debía pagarle daños a la Caja.j
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