La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió para estudio el reclamo que presentó el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier por el caso Caja-Fischel, en el que resultó condenado por peculado.
La información fue confirmada este jueves por el propio exmandatario, quien alega que en el proceso se violentaron al menos 11 aspectos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
De acuerdo con Calderón, la queja la presentó el 2 de noviembre del 2011, por lo que la Comisión demoró más de seis años en darle una primera respuesta.
Agregó que ahora el Estado Costarricense tiene tres meses para referirse al hecho. Sin embargo, la Cancillería adelantó que hasta a las 3 p. m. de este jueves no había recibido la notificación respectiva.
Algunas de las irregularidades que, según el expresidente Calderón, ocurrieron durante el proceso judicial son:
- Haber sido juzgado dos veces penalmente por los mismos hechos, en una fue absuelto y en la segunda condenado.
- Que uno de los fundamentos de la sentencia sea una ley posterior a los hechos.
- Que un fiscal fuera nombrado como juez en el caso y que, de acuerdo con Calderón, al día siguiente de la condena volviera a ser fiscal.
- El hecho de que se cambiara el juez al final del juicio, después de nueve meses, por una supuesta contractura muscular y que el encargado del fallo no preguntara a ninguno de los testigos durante el debate.
- La situación de que la magistrada suplente a la que le tocaba redactar la propuesta de fallo no recibiera el expediente durante cuatro meses y que esta renunciara a la Corte Suprema de Justicia, lo cual para el exmandatario es raro.
- La falta al derecho de apelación.
- No haber sido intimado de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Calderón mencionó que se siente satisfecho por el acogimiento formal de su denuncia y reiteró que busca limpiar su nombre.
"Estoy muy contento, es algo que he esperado por más de seis años, es grandioso que mi denuncia haya sido acogida formalmente", expresó ante consulta de La Nación.
El exmandatario explicó que no busca obtener dinero, solo que exista claridad sobre su caso.
"Lo que buscamos es anular la sentencia para que queden claras las cosas para la historia, eso es lo único que a mí me interesa, no estoy pidiéndole a la Corte un centavo, lo que estoy pidiendo es anular la sentencia que es falsa, vergonzosa y violatoria a la Convención Americana de Derechos Humanos", detalló.
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Posted by Rafael Angel Calderon Fournier on Thursday, January 18, 2018
El caso
En octubre del 2009, el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea señaló que Rafael Ángel Calderón Fournier recibió comisiones ilegales por la aprobación de un crédito del gobierno de Finlandia, para comprar equipo para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los jueces lo condenaron entonces por dos cargos de peculado y le impusieron una pena de cinco años de cárcel.
Dos años después, en mayo del 2011, y ante apelación de los involucrados, la Sala III de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el expresidente por recibir comisiones ilegales y lo eximió de ir a prisión tras bajar su pena de cinco a tres años de cárcel.
El mismo beneficio recibieron otros cinco imputados en el denominado caso CCSS-Fischel.
Ellos son Eliseo Vargas García, expresidente ejecutivo de la CCSS; Gerardo Bolaños Alpízar (q.d.D.g.), exdirectivo de esa entidad; y el exgerente de modernización Juan Carlos Sánchez Arguedas.
Igual medida se les aplicó al expresidente de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel y al exgerente de O. Fischel R., Marvin Barrantes.
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Con un voto de mayoría, los magistrados de Casación recalificaron los hechos atribuidos al exmandatario por el Tribunal Penal de Juicio de Goicoechea (solo se le atribuyó un delito de peculado) y le concedieron la ejecución condicional de la pena por cinco años.
Además, en setiembre del 2016 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea ratificó que Calderón Fournier no debía pagarle daños a la Caja.
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Colaboró el periodista Carlos Arguedas.
Información actualizada a las 5:28 p. m. con antecedentes del caso.