Una mujer de apellidos Chacón Vargas, compañera sentimental del presunto líder de una banda dedicada al lavado de dinero, se entregó ante la Fiscalía el lunes anterior, luego de permanecer tres meses en fuga.
La información fue revelada por el medio digital CRHoy.com y confirmada a La Nación por el abogado de la sospechosa, Andy Jack Sánchez Porras, y la oficina de prensa del Ministerio Público, la cual detalló que ese mismo día procedieron a tomarle la declaración indagatoria a la investigada.
Dentro de la causa 19–000082–1322–PE, a Chacón se le atribuye el aparente delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. Sin embargo, como “el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar más información, puesto que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal”, precisó el ente acusador del Estado.
La institución añadió que en una audiencia realizada el martes 31 de mayo ante el Juzgado Penal de Pérez Zeledón, la Fiscalía solicitó contra Chacón Vargas las siguientes medidas cautelares: mantener domicilio fijo, firmar una vez a la semana e impedimento de salida de Costa Rica.
Dicha petición fue acogida, por lo que la sospechosa cumplirá con las medidas impuestas durante toda la duración del proceso.
El abogado Sánchez contó que luego de hablar con su clienta sobre la investigación, él la acompañó a la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial para que se pusiera a las órdenes de las autoridades.
“Ella hizo una manifestación del motivo por el cual no se había hecho presente al proceso judicial y con una serie de elementos que dimos, la Fiscalía solicitó una audiencia de medidas cautelares, en donde se expuso su situación, aspectos de género, que es madre de dos menores y que ella misma se hizo presente ante las autoridades, teniendo conocimiento de que la pena a la que se expone por el delito por el que se le investiga es de 10 a 20 años.
“Todos los aspectos se valoraron y se determinó que eran secundarios en comparación con los arraigos familiares, domiciliar y laboral que tiene mi representada, porque siempre ha vivido en el país, tiene domicilio fijo, una familia, comercios y todo eso se ponderó en el caso de ella”, aseveró el defensor.
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Paradero desconocido
El pasado 22 de febrero, cuando agentes de la Policía Judicial y funcionarios del ente fiscal desplegaron varios allanamientos para detener a los presuntos integrantes de la organización, Chacón, su esposo, apellidado Segura Angulo, y otros dos sujetos no fueron detenidos porque no estaban en su vivienda al momento del operativo.
A mediados de abril, Segura y dos de sus supuestos cómplices, Garro Núñez y Núñez Jiménez, fueron detenidos en Panamá y, posteriormente, extraditados a Costa Rica.
Una vez en el país, afrontaron una audiencia de solicitud de medidas cautelares y, el 6 de mayo anterior, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea, les impuso seis meses de prisión preventiva a los tres hombres, mientras avanzan las pesquisas en su contra.
Se desconoce dónde estuvo la mujer entre marzo y el pasado lunes 30 de mayo, ya que ese dato no trascendió.
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Antecedentes
El Caso Fénix comenzó a investigarse cuando las autoridades recibieron una alerta financiera que ingresó en el 2019 a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
El reporte hacía referencia a una organización que, en apariencia, se dedicaba al lavado de dinero por medio de múltiples negocios, entre ellos la ganadería, la venta de llantas, los lubricentros, las verdulerías, los bares y los restaurantes.
El asunto se destapó porque uno de los integrantes de la banda registró “una conducta inusual en cuanto a los flujos de dinero”.
Luego de múltiples investigaciones que incluyeron intervenciones telefónicas dirigidas por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, se logró identificar a 19 personas físicas, así como 19 personerías jurídicas como involucradas en el ilícito.
Con base en esos datos, el 22 de febrero pasado se ejecutó un operativo para desarticular a la organización, que operaba principalmente en el cantón de Pérez Zeledón.
En la acción policial solo se detuvo a 10 de los presuntos integrantes del grupo; otros cuatro, considerados los principales implicados, se habían dado a la fuga, pero ya todos están con medidas cautelares.
Durante los allanamientos se decomisó dinero en efectivo, cuya suma asciende a ¢5.155 millones entre dólares y colones, los cuales ocultaban principalmente en compartimentos fabricados en vehículos. También se les incautaron ¢941 millones derivados de la subasta del ganado confiscado a los miembros del grupo.
