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La ilación de evidencias hecha por los investigadores judiciales de Cartago, para capturar al sospechoso del asesinato de Allison Pamela Bonilla Vásquez, convirtió esta investigación en la mejor del 2020.
Esa decisión fue revelada este jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que premió los casos más sobresalientes atendidos entre noviembre del 2019 y octubre de este año.
Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, manifestó que aunque ellos no fueron quienes encontraron los primeros indicios del cuerpo de la joven, hicieron un trabajo previo complejo que les permitió encontrar elementos claves para esclarecer el caso.
“El OIJ hizo una labor, investigó y puso todo su empeño y su esfuerzo para obtener un resultado que pudiera llevar paz y tranquilidad a la familia y a las personas afectadas por tan desagradable evento.
“Precisamente, antes de que aparecieran los restos ya había un proceso por homicidio calificado, una imputación del Ministerio Público por ese delito y una aceptación de cargos.
“Desde el principio hubo un análisis y una visualización de todas las informaciones confidenciales que nos ingresaron, que fueron masivas y de toda naturaleza, algunas creíbles y otras que no tenían esa condición, pero todas se revisaron y por esa circunstancia hubo tantísima labor operativa, porque el OIJ no margina ni elimina datos que, eventualmente, nos puedan conducir a una resolución oportuna del caso que, al final de cuentas, es nuestra labor”, explicó Espinoza ante consulta de La Nación.
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El jerarca agregó que la investigación por la desaparición de Allison Bonilla también conllevó un trabajo científico y técnico cuando se encontraron los restos, por lo que todo el trabajo realizado junto con la Fiscalía hizo que se determinara la existencia de un grado de complejidad considerable.
Destacó que por la etapa en la que se encuentra la investigación no puede referirse a los detalles y las pruebas que existen en el expediente, pero reiteró que son contundentes.
“La labor de ilación e hilvanado de datos del OIJ es la que conduce a que se ordene un allanamiento que, al final de cuentas, nos ofrece muchos datos. A partir de ellos se logró hacer una estructura de trabajo que es absolutamente contundente.
“Nosotros no tenemos posibilidad de decirles o comentarles qué existe en el expediente, pero era tan robusta la investigación que aunque no es usual, el imputado aceptó los cargos del hecho criminal. Que posteriormente se retractara eso es un tema procesal, pero el OIJ junto con la Fiscalía asumieron este asunto con responsabilidad, empeño, empatía y con muchísima dedicación”, insistió.
El director del OIJ añadió que es común en circunstancias similares a las de esta investigación que la Cruz Roja, la Fuerza Pública e incluso la familia y la población les colaboren con diversas herramientas que, finalmente, son importantes para el trabajo de los agentes judiciales.
Además, mencionó que para ellos es vital haber resuelto el caso, el cual calificó como “doloroso, desagradable y grotesco”, por lo que espera que en el tema procesal “tenga un resultado pronto y positivo”.
El caso
La investigación ganadora comenzó a desarrollarse el 5 de marzo anterior, un día después de que la joven de 18 años fuera vista con vida por última vez, cuando se dirigía a su vivienda, en la urbanización Florencio del Castillo, en Ujarrás de Paraíso, Cartago.
Como parte de las labores de búsqueda se rastrearon represas, terrenos y se realizaron entrevistas con personas de la zona. A partir de eso, el 29 de marzo agentes judiciales de Cartago allanaron una casa ubicada en Ujarrás y decomisaron un vehículo marca BMW, propiedad de un sujeto de apellidos Sánchez Ureña.
Desde ese momento, el hombre de 28 años, conocido como Sukia, se convirtió en sospechoso de la desaparición y después de otras diligencias se procedió con su captura el 2 de setiembre, casi seis meses después de la desaparición de Bonilla.
Al día siguiente, el 3 de setiembre, Sánchez manifestó en su indagatoria que había asesinado y violentado sexualmente a su vecina; sin embargo, menos de un mes después se retractó y afirmó que era inocente.
En su primera versión, Sukia contó que había lanzado el cadáver de Allison Bonilla en un botadero clandestino de San Jerónimo de Cachí, en Paraíso, por lo que el OIJ, en conjunto con cuerpos de socorro y rescatistas, realizó varias incursiones que no dieron fruto.
No obstante, un grupo voluntarios que coordinó con la familia siguió realizando incursiones en los alrededores del lugar y el 27 de setiembre localizaron una jacket, una media y dentro de esta una uña.
La familia de la muchacha reconoció las prendas y por ello, un día después, un grupo de agentes judiciales ingresó a ese punto y encontró restos óseos, un zapato y un pedazo de tela de jeans. El trabajo se extendió por más días y el 1.° de octubre se ubicó una vértebra y dos costillas.
El 5 de octubre, las autoridades confirmaron que los restos óseos pertenecían a Bonilla y con ello la investigación se concentró en otras diligencias.
Sánchez Ureña descuenta prisión preventiva en la actualidad y, a pesar de los intentos de su defensor, su medida cautelar no ha sido modificada. A él, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos le atribuye un presunto delito de homicidio calificado.
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Los otros galardonados
La segunda mejor investigación de los últimos 12 meses fue para agentes del OIJ de Liberia, Guanacaste, quienes desplegaron el 4 de diciembre del 2019 la operación Patrón, la cual permitió desestructurar un grupo narco que traficaba droga a Nicaragua.
El líder de esa agrupación era un sujeto de apellidos González Carmona, de nacionalidad nicaragüense, quien se había radicado en Cuajiniquil de La Cruz, luego de que, aparentemente, enfrentó dificultades en Nicaragua.
Junto a él, también conocido como Chiricano, se aprehendió a un exjuez penal, apellidado León Contreras, a quien se le señaló como sospechoso de legitimar el dinero de la organización criminal.
Otras 13 personas ligadas a la banda fueron capturadas en aquel momento, entre ellos dos oficiales de la Fuerza Pública y un expolicía de esa misma institución.
Los trabajos para dar el golpe a esta agrupación comenzaron en el 2018, cuando se tuvieron los primeros datos del traslado de droga desde Colombia hasta La Cruz, donde estaba el centro de operaciones del grupo. Posteriormente, la cocaína era enviada a suelo nicaragüense.
Además, con el dinero obtenido ilegalmente, la organización invirtió en la crianza de ganado y actividades taurinas.
Incluso, en los festejos de Zapote del 2018 recibieron un premio, luego de que el toro El Vendaval fuera designado como campeón.
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El tercer caso se denominó Brothers y trascendió el 16 de junio del 2020, luego de 33 allanamientos en cuatro provincias, los cuales permitieron detener a 26 personas, sospechosas de narcotráfico y algunos homicidios.
Según la investigación, que data de julio del 2018, los imputados conformaron una organización que, al parecer, estaba dedicada al tráfico, almacenamiento, distribución, preparación y venta de droga. Su principal punto de operación era el cantón de La Unión, Cartago.
Además, se presume que este grupo también habría delegado a terceras personas la comisión de asesinatos y otros delitos contra la vida.
El OIJ informó en aquel momento que la banda se dedicaba a la distribución cocaína, marihuana y crack.
Tanto el líder de la organización, como el segundo al mando, son de apellidos Campos Barrantes, hermanos conocidos como los Gary. Todos cumplen medidas cautelares.
Información actualizada a las 5:55 p. m. con más datos.
