Juan Diego Córdoba. 20 marzo
Las autoridades judiciales allanaron la curia metropolitana y la Conferencia Episcopal en búsqueda de pruebas, el pasado 7 de marzo, por los casos penales seguidos contra Mauricio Víquez Lizano y Manuel Antonio Guevara Fonseca. Fotografía: José Cordero
Las autoridades judiciales allanaron la curia metropolitana y la Conferencia Episcopal en búsqueda de pruebas, el pasado 7 de marzo, por los casos penales seguidos contra Mauricio Víquez Lizano y Manuel Antonio Guevara Fonseca. Fotografía: José Cordero

El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial deberán explicar las razones que mediaron para allanar la curia metropolitana y la Conferencia Episcopal el pasado 7 de marzo, luego de que la Sala Constitucional diera curso a un habeas corpus presentado por el abogado José Francisco Herrera.

Entre otras cosas, el hombre alega que los agentes privaron de libertad a los trabajadores de la Conferencia Episcopal mientras los agentes realizaban las indagaciones. Herrera también denuncia que las autoridades les prohibieron rezar, todo bajo un supuesto uso excesivo de fuerza.

“Los allanamientos son sumamente reprochables y temerarios. Tanto la Fiscalía de Delitos Sexuales de San José, como el Juzgado Penal de San José, así como todos y cada uno de los oficiales deben responder por esos actos abusivos y temerarios, al privar de libertad a varias personas, abusar de su autoridad, como si se tratara de un allanamiento de un crimen”, menciona el hombre en el recurso presentado un día después de los hechos.

Las autoridades judiciales allanaron las sedes de la Iglesia católica con el objetivo de recopilar pruebas por las causas penales seguidas contra los sacerdotes Mauricio Víquez Lizano de 54 años y Manuel Guevara Fonseca de 52.

“Los privaron de libertad por varias horas a varias personas, abusando de forma total y absoluta de su autoridad, parecía que estaban ingresando a la casa del Chapo Guzmán”, acusa el hombre en el recurso.

Los magistrados analizarán cada uno de los alegatos planteados por el hombre en el habeas corpus. Como parte de este proceso, el director del OIJ, la fiscal adjunta de Asuntos de Género y la jueza que ordenó el allanamiento, deberán exponer sus argumentos en un plazo de tres días hábiles.

“Le puedo asegurar que ni en esta ni en ninguna otra causa ha existido ninguna irregularidad, ni abuso ni arbitrariedad del Ministerio Público y vea que es tanto así, que en la diligencia hubo jueces de garantía que si hubieran detectado eso, lo hubieran detenido”, manifestó la fiscal general Emilia Navas.

Horas después de los allanamientos, la Iglesia católica denunció un uso “excesivo de la fuerza” por parte de fiscales y policías judiciales que realizaron los allanamientos de este jueves.

Mediante la lectura de un comunicado, Mauricio Granados Chacón, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, reclamó que los funcionarios judiciales, “al mando de varios oficiales armados y mostrando una orden de allanamiento, encerraron en un salón a todos los colaboradores de las diferentes instancias de la curia metropolitana”.

Un día después, el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza, rechazó las acusaciones de la organización religiosa y aseguró que los allanamientos fueron “pasivos”, “un acto de investigación más, usual, común y silvestre”.

Según detalló, la única fuerza que se utilizó fue para abrir tres candados de casilleros y una puerta del baño.

Además, dijo que los funcionarios fueron apartados, porque si transitaban de un lado para otro podían “entorpecer la labor judicial”, y también negó que se les prohibiera continuar con las oraciones religiosas, que iniciaron justamente cuando ingresaban los agentes policiales.