La muerte de una profesora de 37 años, que se complicó durante una liposucción en Golfito el 12 de octubre, lo mismo que una enfermera fallecida en condiciones similares 16 días después, en San José, fueron denunciadas por familiares que están a la espera de la autopsia para velar porque los casos no queden impunes.

El abogado Juan Carlos Peralta, quien lleva el caso de la profesora de Orientación, Arelys Rodríguez Rojas, ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y ante el Colegio de Médicos y Cirujanos, contra el cirujano general de apellido Sánchez, encargado de la operación.

Explicó que ahora están a la espera de que el laboratorio de patología forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) les haga llegar el resultado de la autopsia para orientar la denuncia.

“Hay que determinar primero cuál es la causa de la muerte, para ver si estamos al frente de una mala praxis, si el tratamiento fue el adecuado y en qué se pudo haber fallado”, agregó.

Además, en el expediente penal están solicitando indagar si Sánchez tenía el conocimiento para ese tipo de cirugías, si la casa usada como clínica en Río Claro tenía los permisos, si las condiciones eran las óptimas y si todo estaba en regla.

El OIJ allanó la clínica dos días después del deceso, tras recibir el informe del Hospital de Golfito sobre la muerte de la educadora procedente de una clínica estética privada.

Peralta añadió que la Fiscalía Adjunta del Colegio de Médicos también recibió la denuncia interpuesta para la indagación administrativa.

Según Peralta, esa entidad lleva adelante una investigación de oficio, así como la que él les planteó en representación de la familia de la víctima.

Dijo desconocer si ese colegio profesional tomó alguna medida de precaución en torno al cirujano, quien realizó la operación a la docente el 12 de octubre en una clínica de Río Claro, donde la mujer se complicó hasta fallecer horas después en el Hospital de Golfito.

La denuncia la planteó la hija mayor de la docente, junto con el abogado Peralta.

Ayuda psicológica

Rebeca Rodríguez, hermana que acompañó a Arelys a la operación, indicó que ya se cumplió un mes de la muerte y para la familia el dolor por la partida de la educadora no cesa.

Explicó que el papá, de 65 años, también está muy impactado. El labora como chofer de un bus de estudiantes en San Vito y ahora está haciendo los trámites para pensionarse.

Rebeca dice que acepta que su hermana murió, pero no asimila el modo de muerte.

Agregó que los compañeros del colegio de Puerto Jiménez, donde Arelys laboraba, así como los vecinos no cesan de enviarles el pésame, pues ella era muy querida.

“Yo voy al cementerio, visitó la tumba y aún siento que el cuello se me hincha por el pesar. No he podido sacar lo que siento, me duele demasiado. En las noches no puedo dormir y por eso voy a buscar ayuda psicológica”, puntualizó.

Adiós a enfermera del Tony Facio

El 28 de octubre pasado la muerte de la enfermera obstetra Raquel Chaves Durán, de 48 años, conmovió a familiares, compañeros del Hospital Tony Facio y a allegados de la trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Chaves acudió a una clínica privada que le recomendaron para operarse de una hernia abdominal y horas después de la cirugía perdió la vida en condiciones donde, según la familia, pudo existir una supuesta mala praxis.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que se trata de una muerte ocurrida en San José, que está en investigación.

El domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos, terminó el novenario en Limón, y ahora el esposo, la hija y un hijo menor de edad, van a solicitar a las autoridades judiciales que el caso se investigue a fondo.

“Estamos esperando la autopsia para estar bien seguros de lo ocurrido. No se sabe cómo pasó”, afirmó un familiar que prefirió no identificarse.

Raquel era obstetra y decidió operarse porque al atender partos se le hizo una hernia abdominal y le molestaba mucho. Ella se quejaba y por eso había decidido operarse, agregó.

Como le recomendaron ese lugar en San José, se trasladó con su hija, estudiante de medicina a la clínica, pero avanzada la noche sobrevinieron las complicaciones y la mujer falleció en unos apartamentos de Curridabat.

Entregada a su trabajo

Ella era enfermera del Tony Facio desde 1994. Era oriunda de Limón y la tercera de cinco hermanos.

“Muchos en Limón la recuerdan y le han enviado el pésame. Ella apoyaba a los estudiantes que llegaban a hacer pasantías al hospital y decía que les daba todo el apoyo para que fueran buenos profesionales e hicieran su trabajo bien”, dijo un familiar.

El Colegio de Enfermeras también se manifestó en redes sociales con una publicación donde dicen: “En el cielo ya disfrutan de tu bondad y alegría, mientras aquí te extrañaremos”.

Aunque originalmente los allegados pensaban incinerar el cuerpo, luego cambiaron de idea, pues no se descarta una exhumación por parte de las autoridades judiciales.

“Era una enfermera linda, tenía mucho futuro”, dijo otro allegado, quien afirmó que la familia necesita un tiempo para asimilar la muerte, pero la idea es aclarar lo ocurrido y sentar las responsabilidades de quien corresponda.

Por ahora, las Fiscalías del I y II Circuito Judicial de San José indicaron que, tras verificar en el sistema informático, no se ha interpuesto ninguna causa relacionada con esa muerte cuya causa investiga el OIJ.

Casos reportados

Las muertes por cirugías estéticas no son nuevas, entre el 2006 y el 2015 el laboratorio forense del OIJ atendió al menos 11 decesos, casi en su totalidad de mujeres.

En otros casos, ellas han logrado sobrevivir, pero con secuelas que las marcan de por vida, como ocurrió con la periodista Maricruz Leiva, cuyo juicio penal está en proceso, y la exmodelo Cristina García Chacón, quien en el 2017 logró una condena penal contra el médico que la operó.

Esa vez, el representante legal de la exmodelo, Jorge Rodríguez, destacó que con ese fallo comenzaba un camino de erradicación de corrupción en los laboratorios de ciencias forenses, pues, afirmó, que se emitió un dictamen médico-legal que combatieron por varios años para demostrar que no estaba apegado a la verdad.

El Tribunal Penal de Pavas ordenó al médico el pago de $200.000 por daño moral y más de $78.334 por los gastos médicos que García tuvo que hacer en México para recuperar parte de su salud.