:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/V7FCVWR6RRHAHHYJ2S5Q57YYUU.jpeg)
El empresario de apellidos González Hernández y su esposa, apellidada Jiménez Araya, cayeron en San Joaquín de Flores, en Heredia. Foto: OIJ.
Este viernes fue suspendida la audiencia para definir de nuevo posibles medidas cautelares contra los 13 sospechosos de integrar una supuesta banda narcotraficante y de lavado de dinero.
Aunque la vista se iba a realizar a la 1 p. m. en los Tribunales de San José, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos indicó que no se pudo.
La posposición obedece, entre otras cosas, a que existen imputados en aislamiento por la enfermedad de covid-19.
Ahora la audiencia del caso conocido como Finca Darwin deberá ser reprogramada.
Mientras se define la nueva fecha, el Juzgado Penal de Golfito resolvió prorrogar todas las medidas cautelares durante un mes más, es decir hasta el 14 de junio, mientras se realiza la nueva audiencia.
El martes 11 de mayo, todos los abogados defensores alegaron que la jueza Heizel Murillo Beita, del Juzgado Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, sede Grecia, no estuvo concentrada en la primera audiencia de medidas cautelares por estar atendiendo su dispositivo electrónico.
Ante ello, plantearon un recurso de apelación que derivó en que se anularan las medidas acordadas en primera instancia.
Caso sonado
El caso Finca Darwin se remonta a un operativo en varios puntos del país que concluyó el seis de abril, cuando las autoridades judiciales detuvieron a un reconocido empresario de palma aceitera, de apellidos González Hernández, sospechoso de liderar la organización que trasegaba al menos una tonelada de cocaína cada dos meses, para lo cual infiltró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A esa agrupación narco se le relaciona con droga que llegaba a playas de Burica, Zancudo y Puerto Jiménez, en el Pacífico sur. De ahí la llevaban a bodegas en la zona fronteriza con Panamá, donde luego la cargaban en camiones, vagonetas o carros con compartimentos especiales hasta otros lugares en el Pacífico central.
Al parecer, la mayoría de los cargamentos tenían como destino final Estados Unidos.
El caso causó revuelo pues el 13 de abril obligó a la renuncia del diputado liberacionista Gustavo Viales a su puesto como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, y a su inmunidad parlamentaria, ya que visitó la casa de la compañera sentimental del supuesto líder narco en San Joaquín de Flores, Heredia.
¿Por qué una nueva audiencia?
El Juzgado Penal de Grecia había ordenado el pasado mes de abril seis meses de prisión preventiva contra los imputados de apellidos González Hernández (líder), Concepción Quiel, Campos Jiménez, Méndez Mora y Estribí Angulo, así como contra dos hombres y una mujer de apellidos Jiménez Araya.
A otros cuatro sospechosos se les mantuvo el arresto domiciliario con monitoreo electrónico e impedimento de salida del país por seis meses. Se trata de Gómez Arroyo, Santos Madrigal, Quirós Salazar y Jiménez Araya.
Lo mismo aplicaba para el Chavarría Hernández (presidente del Concejo de Corredores), a quien originalmente se le impuso monitoreo electrónico, presentarse a firmar una vez al mes, mantener domicilio fijo y prohibición de salida del país.
Sin embargo, al acogerse la apelación planteada el 11 de mayo, se anularon las medidas cautelares acordadas en esa primera instancia y se ordenó al Juzgado Penal la realización de una nueva audiencia.
La misma estaba prevista para este viernes.
Ahora, en el mes de plazo que queda para reprogramar la diligencia, se espera solventar los inconvenientes por medidas sanitarias.
El Juzgado Penal de Golfito indicó que la audiencia de medidas cautelares no se pudo llevar por razones ajenas a ese despacho.
“Esto ocasionó que se dictara una prórroga instrumental de prisión preventiva por el plazo de un mes, para los imputados que están con prisión e igualmente para los que se les había impuesto una medida distinta a la prisión”, informó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.