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Una muchacha de 16 años que fue condenada en setiembre pasado por el asesinato de Karolay del Carmen Serrano Cordero, impugnó la sentencia al alegar que hubo una “manipulación irregular” de la prueba que se tenía en su contra.
La defensora pública de la menor, Shirley María Jaubert Solís, interpuso en una fecha no conocida un recurso de casación para intentar revertir ese fallo dictado por el Juzgado Penal Juvenil de Heredia.
No obstante, según indicó la Fiscalía, los magistrados de Sala Tercera lo declararon sin lugar, luego de que, el 17 de febrero pasado, lo acogieran para estudio.
Eso significa que la menor, cuya identidad es protegida por la ley penal juvenil, continuará en reclusión por el crimen ocurrido en agosto del 2019 en una zona montañosa de Barva de Heredia, pero que fue descubierto el 11 de febrero del 2020 cuando un baquiano halló los restos óseos.
La joven descuenta una sanción de 12 años en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Santo Domingo de Heredia.
Según la resolución Nº 00154 - 2021 de la Sala Tercera, de febrero anterior, Jaubert presentó tres motivos de casación, entre los cuales resaltó que existió prueba espuria.
Más en detalle, la abogada explicó que a su representada le decomisaron un celular, el cual tuvo “una custodia y manipulación irregular” por parte de las autoridades, situación que, aseguró, fue reconocida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de Goicoechea, cuando se elevó el caso a esa instancia.
Según detalló en el recurso, el Ministerio Público “ordenó reparar el mencionado celular en el taller Mobile Game, en Heredia, sin contar con autorización judicial, ni previo aviso a la defensa o al Juzgado (...) todo ello en contra de lo dispuesto en la Ley de Justicia Penal Juvenil y el Código Procesal Penal, en cuanto a la participación de la defensa durante los actos probatorios”.
Ella recalcó, además, que el Tribunal de Apelación no solo admitió que hubo una ruptura en la cadena de custodia, sino que “hubo documentación sobre la reparación del celular que se mantuvo oculta al juzgado (Penal Juvenil de Heredia) y a las partes”.
Esa situación, a criterio de la defensora, convirtió la información extraída del aparato en evidencia espuria y, por lo tanto, no debió ser valorada a la hora de dictar una sentencia.
“No se debió valorar la información obtenida en dicha evidencia, y si se hace supresión hipotética de tal prueba, el resultado del proceso sería otro, pues se trataba de prueba esencial sin la cual no se podría arribar a la conclusión de que su patrocinada tuviere participación en el delito de homicidio calificado”.
Reprochó omisión de vulnerabilidad de menor
Los reclamos de la abogada también fueron en el sentido de considerar poco proporcional el castigo, tomando en consideración la vulnerabilidad que tenía la menor al momento de la comisión del delito: pobreza, abandono familiar, baja escolaridad, embarazo, la edad, entre otros.
Según expuso, esas circunstancias sociales de la imputada solo fueron analizadas para rechazar la petitoria del Ministerio Público, la cual pedía 15 años de prisión, máximo extremo que permite la Ley Penal Juvenil. Pero en ningún momento, agregó, fueron tomadas en cuenta para valorar, por ejemplo, una sanción que pudiera cumplir en libertad.
“No fueron elementos de juicio que fueran considerados a favor de la joven sentenciada para justificar un menor reproche de la conducta delictiva por la que fue hallada culpable (...) Si bien los juzgadores aceptan que la menor pudo ser manipulada por otros autores del homicidio, esas circunstancias no fueron ponderadas al aplicar el principio de proporcionalidad para adecuar la sanción a un menor reproche”, señaló Jaubert, según la resolución de la Sala Tercera.
Por lo tanto, en el recurso, ella pidió un reenvío para que también se hiciera una nueva sustentación en cuanto al tipo y al monto de la pena impuesta.
No obstante, luego de entrar a conocer los criterios de la abogada, los magistrados declararon sin lugar el recurso, lo cual quiere decir que la condena privativa de libertad quedó en firme.
Seis meses sin conocer paradero
El 12 de agosto del 2019, Karolay Serrano salió de su trabajo en la empresa Bimbo, tomó un bus y se bajó en el Palí de Los Lagos, en Heredia. Luego caminó unos 400 metros para llegar a la casa que alquilaba.
Más tarde, en la noche, salió de su vivienda para abordar un vehículo blanco. Desde ese momento, no se volvió a saber de ella.
Se presume que ese mismo día fue asesinada y después los homicidas dejaron su cuerpo en una zona montañosa en las cercanías de Sacramento, poblado aledaño al volcán Barva. Partes óseas de su cuerpo y prendas de vestir, encontradas por un baquiano el 11 de febrero pasado, confirmaron el deceso de la joven madre.
De acuerdo con la investigación, desarrollada tras la desaparición y asesinato de la muchacha, se supo que Andrey Josué Cubillo Hidalgo, novio de Karolay, ordenó su asesinato para ocultar la relación sentimental que tenía con ella.
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“La evidencia aportada permitió comprobar que Cubillo había tenido una relación con la ofendida; sin embargo, en determinado momento buscó a una menor de edad (la sentenciada que presentó la casación) para que le ayudara a acabar con la vida de Karolay Serrano.
“A su vez, la joven contactó a Jhonderth Mauricio Soto Rodríguez e idearon un plan para asesinar a la ofendida, por lo que el 12 de agosto del 2019 los imputados trasladaron a la víctima a un mirador, en Barva, Heredia.
“La acusación fiscal señaló que una vez en ese lugar, Soto utilizó un arma de fuego para asesinar a la mujer y luego huyeron”, explicó la Fiscalía Adjunta de Heredia en un comunicado de prensa en enero pasado, cuando se condenó a Soto y a Cubillo a 24 años de cárcel.
Serrano, de 26 años, vivía en Guararí de San Francisco, Heredia y era madre de una una niña nacida en julio del 2016.
