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El juicio contra un hombre sospechoso de estafar a la Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial (Caprede) fue pospuesto hasta el 5 de abril del 2027, confirmó a este medio el Poder Judicial.
El debate iba a realizarse entre el 29 de enero y el 7 de febrero de este año en el Tribunal Penal de San José, pero se debió aplazar por una incapacidad durante “periodo prolongado” del acusado, de apellidos Rojas Moscoa.
La causa tenía otros siete imputados, pero la Fiscalía Adjunta de Fraudes solicitó sobreseimiento definitivo en favor de seis de ellos por falta de pruebas, y en favor del sétimo porque falleció.
La Nación pidió una reacción a Rojas, pero indicó que por recomendación de su abogado, no se referiría al caso mientras esté activo.
El caso se inició en el 2010, cuando Caprede entró en el negocio del factoreo: compra y descuento de facturas para aumentar sus utilidades, por lo que creó la subsidiaria Caprede Factoreo, y la institución le trasladó ¢4.500 millones de los ahorros y utilidades de trabajadores y pensionados del Poder Judicial.
También, le inyectó más de ¢4.300 millones de créditos solicitados al Banco Nacional y otras entidades financieras.
En el 2021, La Nación dio a conocer que esa decisión los dejó al borde de la quiebra, sin poder devolverle ahorros e inversiones millonarias a sus socios y con varias denuncias judiciales a cuestas.
Una auditoría forense, realizada en el 2017, reveló que la entidad recibió cientos de facturas alteradas por miles de millones, lo cual desembocó en carteras de crédito incobrables.
La mayoría de esos recursos habrían terminado, según un reporte forense, en manos de una sociedad, la cual presuntamente cedió facturas alteradas a Caprede Factoreo.
Por ejemplo, los auditores detectaron que la sociedad trasladó 484 facturas de Walmart que resultaron falsas; esa condición fue confirmada por representantes de esa corporación y subrayada por ARF Consultores en 2017.
Según los estados financieros auditados, a julio del 2020, Caprede estaba en riesgo de perder ¢8.844 millones invertidos en la compra y descuento de facturas.
Por estos hechos, Alexander Arguedas Vindas, exgerente general de Caprede, fue denunciado por el presunto delito de intermediación financiera, caso que sigue en investigación bajo el número de expediente 20-000069-621-PE, según detalló el Ministerio Público ante consulta de este medio.
Este medio consultó a Arguedas sobre la causa en su contra, pero negó ser imputado. Al ser contactado para la repregunta, no contestó llamadas ni mensajes de WhatsApp.
Adrián Arroyo Acosta, expresidente de la Junta Directiva de la entidad, afrontó pesquisas por aparente apropiación y retención indebida en la causa 21-000007-619-PE, pero la Fiscalía solicitó su desestimación ante el Juzgado Penal de San José.
Arguedas y Arroyo dijeron, desde el 2021, que desconocen de esos procesos judiciales y rechazaron ser los responsables del descalabro financiero de la Caja de Préstamos.
“Lo ponen a uno como si uno fuera el responsable y uno no es el responsable; para el año 2020, yo era el presidente de la Junta Directiva, pero el factoreo no es una situación que se diera en el 2020″, argumentó Arroyo en aquel momento, cuando era vocal en la Junta Directiva.
Arroyo también fue contactado por este medio ante el nuevo retraso en el proceso, pero su esposa afirmó que no se encontraba disponible.
