Los cuatro imputados en el caso Pista Oscura, arrestados este martes por presuntas irregularidades en la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, pasarían una noche más en celdas judiciales tras más de 9 horas de audiencia preliminar, iniciada a la 1:30 p. m. pero que quedaría inconclusa este miércoles en el Segundo Circuito Judicial de San José.
Se prevé que la audiencia continuaría este jueves, para definir eventuales medidas cautelares para Mauricio Batalla Otárola, exministro de Obras Públicas y Transportes; Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil; y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE.
A las 7 p.m de este miércoles, La Nación contactó a Gerardo Chaves, defensor de Batalla, quien informó de que aún continuaban en audiencia. Al cierre de esta nota se le volvió a contactar, no obstante no se obtuvo respuesta.
Ellos son investigados por presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y de tráfico de influencias.
Según detallaron abogados defensores del caso, la exposición de los fiscales Carlos Jiménez y Diego Maroto se extendió durante más de seis horas, pero no llegaron a solicitar las medidas cautelares al Juzgado Penal.
Los hechos que se les atribuyen habrían ocurrido a partir del 2023. Al parecer, uno de los sospechosos habría pedido al Poder Ejecutivo ampliar el área de cobertura de un decreto de emergencia por dos ondas tropicales y la tormenta tropical Bonnie, para facilitar procesos de contratación en el aeropuerto.
Caso Pista oscura Alejandro Picado, Mauricio Batalla Otárola, Henry Villalobos y Marco Castillo, detenidos por el caso Pista Oscura. (Jose Cordero/Jose Cordero)
Así se adjudicó el proyecto “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós” a la empresa MECO.
La reparación de la pista incluía el recarpeteo superficial y la intervención de las capas subyacentes, con el objetivo de garantizar mayor durabilidad y atender los daños atribuidos a las tormentas.
Al parecer, el encargado de la unidad ejecutora y los funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil se opusieron a una propuesta de MECO de no intervenir ciertas capas contempladas en un principio, pero habrían recibido presiones por parte de los detenidos.
Esto habría provocado el reemplazo del jefe de la unidad ejecutora, lo que habría facilitado la aprobación de la ingeniería de valor y la modificación contractual a favor del contratista.
