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La Fiscalía investiga a tres empresas por la invasión a áreas de protección y un severo daño ambiental detectado en el río Torres y la quebrada Chapuí, a su paso por el distrito de Pavas, en San José. Allí, las autoridades judiciales constataron la destrucción total de la vegetación ribereña y la acumulación de materiales que impiden la regeneración natural de estos cauces.
Este jueves, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental informó que le solicitará al Juzgado Penal de Pavas que dicte una medida cautelar de liberación y limpieza de las zonas afectadas, como parte del expediente 25-000838-0283-PE.
En la causa figuran como investigadas las firmas Tajo Comag, Cbz Asfaltos S. A. y Anapau Natural Escape S. A., por los presuntos delitos de invasión a área de protección, destrucción de vegetación y disposición ilegal de aguas residuales.
Se investiga si existe una presunta dinámica por la cual se estaría cobrando a terceros para permitirles el ingreso de camiones con desechos, que luego serían depositados de manera ilegal en estos terrenos.
La investigación inició en agosto del año anterior, tras denuncias presentadas por ciudadanos y varias entidades, lo que dio paso a las diligencias judiciales.
La solicitud de la Fiscalía se presentará la próxima semana, luego de que el lunes 12 de enero pasado se ejecutara un operativo que permitió recabar prueba que, según el Ministerio Público, confirma la ocupación ilegal de las franjas de protección del río y la quebrada.
Durante los allanamientos, las autoridades constataron la ausencia total de cobertura vegetal en los márgenes de ambos cauces, producto del depósito de escombros y materiales que formaron rellenos.
También se determinó que el ingreso constante de camiones impidió la regeneración natural de la vegetación. En esta etapa de la investigación, la Fiscalía descartó el vertido de aguas residuales sin tratamiento.
De acuerdo con el expediente, los hechos se habrían producido a partir de inicios de enero, cuando las zonas protegidas fueron utilizadas para la acumulación de materiales, en contravención de la normativa ambiental vigente.
La Nación envió consultas, por correo electrónico, a la empresa Anapau Natural Escape S. A. y se está a la espera de respuestas. En tanto, Tajo Comag no responde en ninguno de los números telefónicos disponibles.
La empresa Asfaltos CBZ aseguró que no tiene relación con la presunta invasión ni con el depósito de desechos, y afirmó que cuenta con todos los permisos ambientales y sanitarios al día.
Según explicó Alejandro Blanco, ingeniero y vocero de la empresa, la investigación de la Fiscalía abarca toda la zona donde operan tres compañías distintas, entre ellas CBZ, otra empresa productora de mezcla asfáltica y un tajo de extracción de materiales.
“Nuestra empresa no recibe material de desecho ni lanza nada al río. Tenemos un estricto control del Minae y del Ministerio de Salud, y cualquier residuo debe enviarse a una empresa certificada; en nuestro caso, a WWPP”, afirmó Blanco.
El vocero indicó que durante el allanamiento las autoridades comprobaron que no existe forma de desechar materiales al cauce, ya que los residuos se gestionan mediante terceros autorizados.
Blanco indicó que los señalamientos estarían relacionados con el Tajo Comag, una propiedad de aproximadamente 40 hectáreas, donde —según indicó— sí se habría detectado el depósito de escombros e invasión de zona protegida, situación que derivó en el cierre de esa operación.
En contraste, aseguró que Asfaltos CBZ continúa operando con normalidad.
Daño a ecosistemas clave
Literatura científica en gestión ambiental recuerda que los cauces de ríos y quebradas y sus áreas de protección son fundamentales para la regeneración de los ecosistemas, la conectividad biológica y la prevención de inundaciones.
La vegetación ribereña actúa como hábitat y corredor natural para numerosas especies, contribuye a la estabilización de los suelos, filtra contaminantes y regula la temperatura del agua, condiciones esenciales para la vida acuática.
La invasión y el relleno de estas zonas reducen la biodiversidad, aumentan la erosión y elevan el riesgo de desbordamientos durante la época lluviosa, por lo que la legislación costarricense establece franjas de protección obligatorias donde está prohibido construir o depositar materiales.
La Fiscalía indicó que continuará con las diligencias para determinar responsabilidades penales y definir eventuales acusaciones, mientras insiste en la necesidad de restaurar de inmediato las áreas afectadas para evitar un deterioro ambiental mayor.
