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El Ministerio Público solicitó suspender el proceso judicial que se sigue en el expediente del Caso Corona contra Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, señalado como presunto cabecilla de una organización que enviaba cocaína líquida a Europa y Asia. El objetivo de la Fiscalía es agilizar su extradición a Estados Unidos.
Lozano figura como imputado en el expediente 22-000088-0622-PE, en el que se investiga en Costa Rica ese aparente tráfico de cocaína.
Sin embargo, el colombiano, naturalizado costarricense, es requerido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico. Aunque el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José autorizó su extradición en mayo pasado, el traslado solo podrá concretarse una vez que Lozano concluya los procesos penales que mantiene pendientes en Costa Rica.
Por esa razón, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Penal de San José la aplicación de un criterio de oportunidad, según confirmó a La Nación el fiscal general, Carlo Díaz.
Si esta solicitud se aprueba, la Fiscalía renunciaría a la persecución penal contra Lozano por el Caso Corona, lo que significa que no se le juzgaría en Costa Rica y, de esta forma, su envío a Estados Unidos sería más expedito.
A inicios de junio, este medio dio a conocer que Lozano y otros cinco hombres imputados en esta causa irían a juicio. A ellos se les señala por los delitos de transporte, posesión, almacenamiento y comercialización de drogas de uso no autorizado, así como por un delito de legitimación de capitales.
En ese momento, el Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) no había fijado fecha de inicio para el debate y se dio a conocer que a otras seis personas a las que inicialmente se les vinculó con la causa se les dictó sobreseimiento.
El fiscal general explicó a este diario que el Ministerio Público está a la espera de la resolución sobre esta solicitud de prescindir de la persecución penal, e indicó que Lozano podría viajar a Estados Unidos junto al extraditable Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, requerido por presunto narcotráfico en la misma instancia judicial en Nueva York.
El Caso Corona
Las investigaciones relacionadas con la exportación de cocaína líquida comenzaron en junio del 2022.
Sin embargo, el caso trascendió en noviembre del 2023, cuando las autoridades judiciales ejecutaron 22 allanamientos en Curridabat, San José, Moravia, Montes de Oca, Santa Ana, Coronado, Escazú, La Unión, Turrialba, Grecia, Poás y Sarapiquí.
Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron 26 vehículos de alta gama y 39 propiedades con un valor total de ¢6.000 millones.
De acuerdo con la Policía Judicial, la organización se dedicaba a reinvertir las ganancias que generaba la exportación de cocaína líquida en bienes raíces, un centro comercial en Limonal de Guanacaste, complejos de apartamentos y polleras.
Como parte de las pesquisas, en junio del 2023 se interceptó en la frontera entre Israel y Jordania un cargamento de 150 litros de cocaína líquida que habría salido desde el muelle de APM Terminals en Moín, Limón.
La droga estaba camuflada en botellas de bebidas como zarzaparrilla y cola, exportadas desde Costa Rica. En estas condiciones, la cocaína es muy difícil de detectar mediante rayos X o escáneres.
Esta no es la primera vez que a alias Compadre se le vincula con una causa de narcotráfico. El sujeto ya había sido detenido y juzgado en 2016 por tráfico internacional de drogas; no obstante, en 2019 obtuvo la libertad mediante un beneficio otorgado por el Instituto Nacional de Criminología (INC).
