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El rezago judicial en los casos de renombre se debe a los choques de agenda con los abogados defensores en cada causa, aseguró el fiscal general Carlo Díaz, la mañana de este lunes en Corte Plena.
Luego de recibir los resultados de la evaluación de su desempeño en el 2024, Díaz se refirió a casos como Aldesa, Yanber, Cochinilla y Diamante, los cuales saltaron en los últimos años al foco mediático por su magnitud, pero aún parecen lejos de resolverse. El más antiguo de estos expedientes es el de Yanber, abierto desde el 2016.
Sobre Aldesa y Yanber, ambas causas por presunto fraude de una firma en asesoría bursátil y una empresa de producción de plásticos, respectivamente, el fiscal general indicó que “ya fueron acusados, los pasamos al juzgado que corresponde, pero no se han realizado las audiencias respectivas, no es una cuestión propia del Ministerio Público”.
En cuanto al Caso Cochinilla, por supuesta corrupción en obra pública, Díaz afirmó que “ya hay algunas acusaciones” listas, mientras que en el Caso Diamante, por presuntas irregularidades en obras municipales, aún no hay acusaciones preparadas.
“En estos casos los atrasos generalmente tienen que ver con la parte de los abogados, abogados de bastante renombre que aparecen en múltiples casos y la participación de todos ellos en una sola audiencia hace que tengan que acomodar todas las agendas”, dijo el fiscal a los magistrados.
“Esto ha permitido que de alguna u otra manera, diligencias importantes como apelaciones no se puedan llevar a cabo y no se pueda continuar con el trámite”, agregó.
Díaz se refirió también al Caso la Trocha, y enfatizó en que ya se encuentra en etapa de juicio y sus atrasos no tienen que ver con acciones del Ministerio Público.
Este caso es uno de los más ejemplares del rezago judicial, pues tardó 13 años en empezar el juicio por diferentes razones, la más reciente, la negativa de quien era abogado de ocho imputados, José Miguel Villalobos, a asistir a la jornada vespertina debido a su participación en el Caso Fénix, por presunto lavado de dinero. Por su ausencia en el debate, Villalobos fue separado del proceso.
La magistrada de Sala Segunda, Julia Varela, quien realizó la consulta a Díaz sobre estas causas, manifestó que las mismas han generado preocupación “porque no siempre se da la información clara, precisa y oportuna sobre qué está pasando, y esto genera problemas de interpretación que afectan la imagen institucional”.
Estas trabas ya han sido asunto de discusión en la Corte Plena, la cual en marzo aprobó enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca evitar atrasos en juicios por ausencias de un abogado defensor, el cual sería reemplazado por otro profesional nombrado por el imputado o por un defensor público.
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Ante la consulta de la magistrada de Sala Segunda, Roxana Chacón, sobre el presupuesto para abrir nuevas plazas en el Ministerio Público, Díaz respondió que el Ministerio de Hacienda ha transferido fondos en tractos, y aún falta por recibir más del 70% de ese dinero.
Detalló que la expectativa es que a fin de año ya se haya completado el traslado de los ¢9.000 millones que la Asamblea Legislativa aprobó en el presupuesto 2025 para crear 328 plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
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Díaz recibe buena nota
En la exposición de resultados de la evaluación de los jerarcas judiciales, la directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta, le dio una calificación del 99% al fiscal general.
Arrieta explicó que todos los objetivos establecidos por el Ministerio Público se cumplieron, entre ellos la disminución de las causas en rezago judicial, definidas como aquellas que tienen dos años o más en el circulante de la institución.
Al 30 de diciembre del 2024, en la Fiscalía se tramitaban 66.374 causas activas, de las cuales 12.314 estaba en rezago, con un porcentaje del 18,55%. Estas cifras no incluyen las fiscalías de Flagrancia ni Penal Juvenil.
Díaz detalló que la mayoría de las causas que llegan a la entidad son por delitos contra la propiedad, delitos sexuales, maltrato contra las mujeres, delitos informáticos y delitos contra la vida.
