Los ¢9.000 millones que la Asamblea Legislativa aprobó en el presupuesto para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía se otorgarán en tres tractos, el primero en marzo.
Así lo confirmó este martes el director de ese cuerpo policial, Randall Zúñiga, quien añadió que la segunda erogación se realizará en junio o julio, y el 33% restante en el último trimestre del año.
Zúñiga conversó la noche del lunes con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, luego de que la Corte Plena solicitara horas antes la liberación de esos recursos, que estaban retenidos, con el fin de enfrentar la creciente criminalidad.
Inicialmente, el Gobierno se negó a girar con la celeridad requerida esos fondos para la creación de 328 plazas en ambas entidades, por lo que la Corte Plena acordó, por unanimidad y mediante acuerdo firme, solicitar al Ministerio de Hacienda el traslado inmediato de los recursos ante los “desafíos sin precedentes”, en los que dichos fondos son clave para afrontar la situación.
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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó ante consulta de La Nación este martes que esos recursos no corresponden al presupuesto asignado este año al Poder Judicial por más de ¢500.000 millones. Añadió que el único responsable de establecer las prioridades internas y de distribuir en su presupuesto lo que le corresponde al OIJ es el Poder Judicial.
Añadió que los legisladores trasladaron recursos al OIJ sin considerar las implicaciones que eso pudiera tener para el país, pues ya estaban comprometidos para el pago intereses de la deuda pública. “Primero debemos honrar los compromisos con los acreedores y, posteriormente, en la medida de lo posible, iremos liberando los recursos asignados por los diputados a otros destinos”, acotó.
Acosta dejó claro que no se está comprometiendo a girar todos los recursos, por lo que en marzo se podrá hacer uso de ¢3000 millones que resultan de un manejo responsable de la gestión de la deuda, pero los otros tractos dependen de otros factores.
Dijo que está conscientes de que actualmente la seguridad es un tema nacional, por lo que seguirá haciendo el ejercicio, para ver la posibilidad de ir allegando nuevos recursos de acuerdo con el comportamiento de las finanzas públicas, sin que esto afecte el pago de intereses. “Aquí la pregunta es, si el Poder Judicial va ser responsable en asignar más recursos al OIJ y no quitárselos al pago de intereses y a otras necesidades del Estado”, puntualizó Acosta.
Galopante inseguridad
Enero cerró con 77 asesinatos y febrero lleva 11. En ellos se incluye el perpetrado contra el subjefe de la oficina regional del OIJ en Pococí, Geiner Zamora Hidalgo, quien falleció este martes 4 de febrero en el Hospital Calderón Guardia, tras haber ingresado en estado grave la noche del 31 de enero.
Randall Zúñiga afirmó que los fondos que girará el Ministerio de Hacienda contribuirán a combatir la criminalidad, que en el año recién concluido dejó 880 homicidios y 15 personas desaparecidas. Fue el segundo año más crítico en la historia del país, solo superado por el 2023, que cerró con 905 homicidios.
En los primeros 35 días de este año ya son 88 los crímenes, 11 más que en igual periodo del año pasado, la mayoría son por ajustes de cuentas y venganzas.
El jefe policial añadió que la ciudadanía ha mostrado un gran apoyo a la lucha emprendida para capturar a los responsables del asesinato de Zamora, un hecho que, según criminólogos, no tiene precedentes, pues una organización narcotraficante contrató a un sicario para disparar contra el investigador y así tratar de amedrentar a la Policía.
Zamora fue baleado en la cabeza, el tórax y el abdomen la noche del 31 de enero en el bar y restaurante El Rubio, ubicado a menos de 400 metros de los Tribunales de Pococí.
Solo uno de los sospechosos quedó preso
La madrugada de este martes la Fiscalía dictó un año de prisión preventiva contra un veinteañero, de apellido Guadamuz, sospechoso de disparar contra Zamora. Otros detenidos, entre ellos un exagente del OIJ, de apellidos Delgado Mora, quien fue excompañero de Zamora, así como otros detenidos de apellidos Azofeifa Ugalde y Coto Vega quedaron en libertad porque la prueba aportada por la Fiscalía no fue suficiente para establecer el grado de probabilidad que exige el Código Procesal Penal, para dejarlos presos de forma temporal. La Fiscalía apeló esa decisión del juez.
Por este crimen el OIJ también busca a Jorge David Núñez Aguilar, de 30 años, conocido con el alias de Coco Pastilla, quien lidera una célula del narco en Turrialba y de quien se presume estaría relacionado de forma directa con el mortal atentado en perjuicio del agente judicial.
La criminóloga Tania Molina, expresó en su perfil de Facebook el pésame a la familia, doliente. Dijo que la muerte de Geiner Zamora, al igual que los otros homicidios dolosos que se cometieron en contra de agentes de Fuerza Pública son una alerta para que el Estado entienda en cuál etapa se encuentra Costa Rica y que tome acciones articuladas que se requieren.
“Un Estado fragmentado solo sirve a las organizaciones criminales, ellos son los únicos ganadores. Y nosotros en medio , con el futuro secuestrado “, puntualizó.