Escuchar
El proceso para agilizar la extradición de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, hacia los Estados Unidos fue despejado después de que el Tribunal Penal de Limón acogiera la solicitud del Ministerio Público de aplicar un criterio de oportunidad, que suspende la acción penal del último expediente que tenía pendiente en Costa Rica.
A López Vega se le atribuyen en el país los delitos de legitimación de capitales, uso de documento falso y falsedad ideológica bajo el consecutivo 15-000026-1322-PE. La resolución fue emitida el 20 de febrero.
La urgencia del Ministerio Público de suspender causas contra Pecho de Rata responde al aval que dio el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José a principios de mes, autorizando la extradición tanto de López Vega como de Celso Gamboa Sánchez, ambos requeridos por la justicia estadounidense.
A Gamboa también se le suspendieron las causas pendientes en el país, por lo que está a las puertas de ser extraditado a Estados Unidos.
Ese país requiere tanto al exmagistrado como a López por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.
Suspensión de otra causa
El pasado 18 de febrero, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José acogió la solicitud del Ministerio Público para aplicar otro criterio de oportunidad, ordenando la suspensión inmediata de la acción penal que se seguía en su contra en el país por legitimación de capitales (expediente 25-000071-0016-PE).
Ahora, con ambas suspensiones, el camino de Pecho de Rata queda despejado para ser extraditado a Estados Unidos.
En esa primera causa suspendida, según la acusación del Ministerio Público, Pecho de Rata habría liderado una “sofisticada estructura de lavado de dinero” que operó en el país entre 2004 y 2014.
Las investigaciones señalan que López Vega, quien ya descontó penas de cárcel de 10 y 17 años impuestas en 2005 y 2014 respectivamente, habría logrado infiltrar el sistema financiero nacional.
Para ello, habría contado con la colaboración de una red de profesionales y familiares. El expediente destaca como piezas clave a una notaria pública de apellidos Gómez Cubero y a un funcionario del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Rivera Ferrera.
