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La crisis de opioides en Estados Unidos se vio aún más agravada por el fentanilo en las últimas décadas.
Solo el año pasado, el país norteamericano registró más de 80.000 muertes por sobredosis, de las cuales 48.422 fueron por fentanilo, usado de forma médica para tratar a pacientes con fuertes dolores, pero que tiene una potencia 50 veces mayor a la heroína.
Mientras tanto, en Costa Rica, la presencia de esta peligrosa droga sintética se ha convertido en motivo de alarma para las autoridades en tiempos recientes. En este 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registra nueve muertes de personas con fentanilo en el cuerpo, lo que no significa que hayan fallecido a causa del opioide.
La droga volvió a estar en el ojo público el 11 de setiembre, cuando el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria que evidenció un aparente descontrol de fentanilo y morfina en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que llevó al OIJ a iniciar una investigación de oficio.
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Además, en los últimos dos meses, el Ministerio Público registró un aumento sustancial de investigaciones sobre medicamentos psicotrópicos.
Con el ejemplo de Estados Unidos a vista del mundo, surge la interrogante de cuán probable es que una crisis de fentanilo similar se inicie en Costa Rica y qué se puede hacer para evitarla.
En la nación norteamericana, uno de los principales errores fue esperar demasiado para combinar esfuerzos entre las autoridades policiales y de salud, aseguró a La Nación Daniel Neill, director ejecutivo en el Medio Oeste del programa Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (Hidta, por sus siglas en inglés), creado por el Congreso en 1988 para combatir el tráfico de estupefacientes por medio de recopilación de datos y coordinación de investigaciones entre diferentes agencias.
“En Estados Unidos, durante mucho tiempo, no se trabajó con el Departamento de Salud. Es un concepto nuevo dentro de los últimos años para las fuerzas de la ley, el de comenzar a derribar ese muro y a trabajar con ellos”, declaró Neill, quien está a cargo de una región compuesta por siete estados: Misuri, Iowa, Kansas, Nebraska, Illinois, Dakota del Sur y Dakota de Norte.
“La Policía tiene su propio lenguaje. Hablan a su manera, tienen sus propios términos y significados para distintas cosas. El Departamento de Salud también tiene su propia misión y su manera de hacer las cosas. Pero, para combatir esto, hay que trabajar juntos”, agregó.
Explicó que las instituciones de salud son las que suelen recolectar información más detallada sobre los reportes de sobredosis, datos que deberían ser de conocimiento inmediato de las fuerzas policiales pertinentes; en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el OIJ y el Ministerio Público.
De igual forma, sugirió que los médicos forenses sean capacitados para detectar con mayor certeza indicios de sobredosis.
“El problema puede ser que habrá personas muriendo y no sabrán por qué; es necesario analizar su sangre o realizar pruebas para determinar qué fue lo que causó la muerte de esa persona; entonces, si se logra que las autoridades de salud, los investigadores forenses y la policía trabajen juntos desde antes, creo que se tendrá mucho más éxito”, indicó.
Uno de los principales obstáculos en Estados Unidos, mencionó, es que se debe encontrar la forma de coordinar los 50 estados, cada uno con sus propios problemas y formas de abordar la problemática, a diferencia de Costa Rica, donde las instituciones están más centralizadas y es más fácil que trabajen entre sí.
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¿Qué se está haciendo en Costa Rica?
Las advertencias en el país se han tornado más severas en los últimos años.
A inicios del 2024, el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, aseguró que, de continuar la tendencia reciente, el fentanilo desplazaría a la marihuana y la cocaína como droga de primer uso en Costa Rica.
“Por eso es que, en buena medida, la marihuana y cocaína han bajado de precio. La tendencia es que el fentanilo, en algún momento, como genera mayor adicción y un viaje más placentero en las personas, modifique el consumo y la lucha contra la criminalidad”, aseguró el jerarca.
Asimismo, el jefe de Medicina Legal del OIJ, Franz Vega, advirtió de que la Morgue Judicial debía prepararse ante un posible aumento de muertes por esta droga.
Ante consultas de La Nación sobre esfuerzos articulados con cuerpos policiales y judiciales, la CCSS indicó que “la institución cuenta con los controles internos para la prescripción y despacho de medicamentos”, sin dar mayores detalles sobre coordinación con otras instituciones.
La entidad agregó, a través de su oficina de prensa, que cuenta con una normativa de control para prescribir, despachar y administrar todos los medicamentos, y en el caso de los psicotrópicos y estupefacientes, hay controles específicos para cada etapa del proceso.
Por su parte, el fiscal de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta de San José, Jorge Meckbel, detalló que el Ministerio Público sostiene reuniones periódicas con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública, en las que se definen las estrategias para combatir el tráfico ilegal de medicamentos psicotrópicos.
“Si bien no conviene especificar estas estrategias, se puede decir que incluyen labores de inteligencia e identificación de objetivos”, señaló Meckbel.
Una de las principales acciones coordinadas es la ejecución de operativos en la Gran Área Metropolitana (GAM) para encontrar puntos de venta, así como labores de inteligencia, recalcó.
Sobre el aumento de investigaciones en los últimos dos meses, el fiscal dijo que esto se dio gracias a “los constantes esfuerzos de identificación y detención de personas que se dedican a este comercio ilícito. A ello se suma la valiosa colaboración de la ciudadanía, la cual denuncia y brinda reportes de importancia ante el MSP”.
