Dos tribunales se declararon incompetentes para revisar la extensión de medidas cautelares contra la expresidenta de la CCSS, Marta Esquivel, por el Caso Barrenador, luego de que ella resultara electa diputada de la República para el periodo 2026-2028, con lo que adquirirá inmunidad.
En consecuencia, aunque la Fiscalía solicitó una ampliación, la política del Partido Pueblo Soberano (PPSO) quedó libre de las medidas cautelares una vez que expiró el periodo de la resolución judicial anterior, la cual data de abril del 2025.
Las medidas consistían en mantenerse alejada de la Presidencia de la CCSS y evitar comunicarse con testigos del caso. Así lo había dispuesto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, porque Esquivel era ministra de Planificación y Política Económica en ese momento.
Lío judicial
Ante la consulta de La Nación, el Ministerio Público explicó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó el 19 de marzo del 2026, al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, una audiencia para prorrogar las medidas en contra de la imputada Esquivel, las cuales vencían el 6 de abril.
Sin embargo, ese órgano se declaró incompetente ante la resolución del 23 de marzo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en la que se declaró a Esquivel diputada electa por la provincia de Heredia.
El Juzgado consideró que la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adquirió inmunidad, pese a que su gestión empieza el próximo 1.° de mayo.
Ante esta situación, la Fiscalía General solicitó la prórroga de las medidas cautelares a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a la que le corresponde analizar los casos de miembros de supremos poderes, pero este órgano también se declaró incompetente para conocer la solicitud.
El Ministerio Público reiteró la petición al Juzgado Penal de Hacienda, pero este volvió a declararse incompetente.
“Esto generó un conflicto entre ambos despachos y provocó que la gestión no pudiera resolverse antes del vencimiento de las medidas”, explicó Fiscalía.
Al lío legal se suma que, cuando Sala Tercera dictó las medidas en abril del 2025, el defensor de Esquivel apeló esa decisión ante la Corte Plena, pero los magistrados no han resuelto el recurso más de un año después.
Esto constituyó otro obstáculo para que algún Tribunal pudiera resolver la solicitud de medidas cautelares contra la política.
Debido a ello, las medidas vencieron sin que se prorrogaran.
Según Fiscalía, “esto no implica una variación en el grado de probabilidad de comisión del delito al día de hoy“.
“Se aclara que las medidas cautelares son de carácter preventivo y no constituyen una sanción anticipada, y que su vencimiento responde únicamente a esta situación procesal”, continuó.
El Caso Barrenador es una investigación relacionada con un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones por año en la adjudicación de contratos para la administración de 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana a tres cooperativas y una asociación médica, por un periodo de 10 años.