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Ricardito, como lo llamaba su familia, fue el primer hijo de Wendy Marroquín Alas. La mujer emigró desde El Salvador hacia Costa Rica en setiembre de 2018 junto con el menor y su pareja, Sahir Pérez Flores, padrastro del niño. Lo que parecía el inicio de una nueva vida terminó convertido en una tragedia que conmocionó al país.
Ocho meses después de llegar a Costa Rica, el 9 de mayo de 2019, el pequeño de apenas cinco años murió a causa de una hemorragia intestinal provocada por las brutales agresiones físicas que sufría por parte del hombre, con la complicidad de la madre.
Ambos fueron condenados a 78 años de prisión: 35 años por homicidio calificado y cuatro adicionales por tenencia de imágenes con contenido de abuso sexual infantil, en un proceso dirigido por la fiscal Floribeth Rodríguez.
Siete años después del crimen, ocurrido en la comunidad de Los Ángeles, en Sabanilla de Alajuela, la familia del menor sigue sin encontrar paz. Además del dolor por la violenta muerte del niño, sus parientes enfrentan otra angustia: no han podido repatriar sus restos a El Salvador.
Desde ese país, María Marroquín, tía del menor, conversó con La Nación al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato. “Lo recordamos en esta fecha, pero el recuerdo de él es siempre constante. Cuando llega la época de ir a la escuela, pensamos en qué grado estaría, qué tan grande sería”, expresó. “Como siempre lo he dicho, él era el niño de la casa y toda la familia lo queríamos mucho”.
María contó que se enteró de la muerte de Rodrigo ocho días después de ocurrido el crimen, gracias a vecinos que vieron la noticia en medios de comunicación. “Habíamos publicado pidiendo ayuda para encontrarlo”, recordó.
Cuando acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, recibió una noticia devastadora: el niño ya había sido sepultado en Costa Rica. “De ahí se nos vino el mundo encima; intentamos ver qué se podía hacer para traerlo, pero lamentablemente no pudimos”, relató.
La mujer aseguró que la madre del menor llegó a decir que el niño no tenía familiares. “Ella dijo que él no tenía familia, pero aquí estamos nosotros. No sé por qué dijo eso, quizá porque ella misma lo había matado”, afirmó.
El deseo de trasladar los restos del pequeño se ha topado con obstáculos económicos y burocráticos que la familia no ha logrado superar. Aunque ya buscaron ayuda ante las autoridades salvadoreñas, el alto costo del proceso ha impedido concretar la repatriación.
La situación empeoró con el paso de los años. “En la espera de arreglar los permisos del cementerio para el traslado, lamentablemente murieron otros dos familiares y tuvimos que ocupar la bóveda que teníamos disponible”, explicó María. “Tendríamos que empezar todo de nuevo”.
A pesar de las dificultades, la familia mantiene viva la esperanza de poder llevar a Rodrigo de regreso a su país natal. “Me gustaría traerlo, aunque sé que es muy difícil, pero sería bueno tener sus restos aquí porque su familia está acá”, manifestó.
La tía también arrastra un profundo sentimiento de culpa. Según contó, denunció en varias ocasiones el maltrato que sufría el niño antes de que emigraran a Costa Rica, pero nadie actuó. “Han pasado tantos años y no se logró nada, lo que siento bastante es que no me pude dar cuenta a tiempo, el 9 de mayo fue la culminación de tanto maltrato que sufrió”.
Además, lamentó que las alertas sobre la violencia fueran ignoradas desde antes de que el menor saliera de El Salvador. “Ese maltrato lo traía desde aquí, de El Salvador y por eso denuncié en muchas partes, pero lamentablemente no hicieron nada”, dijo.
En Costa Rica tampoco hubo una respuesta efectiva. Cinco días antes del homicidio, representantes de la organización Unbound Costa Rica visitaron la vivienda familiar y psicólogos de la entidad presentaron una denuncia ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Alajuela por presunto maltrato infantil. Vecinos de la zona habían alertado porque escuchaban constantes gritos del menor.
Sin embargo, el Patronato nunca logró ubicar a la familia para investigar el caso. “Este menor pudo haber sido salvado ante una debida diligencia del PANI, porque no es excusa válida decir que no se ubicó la casa”, señaló Miguel Abarca, presidente del tribunal que dictó la sentencia el 4 de marzo de 2021.
Tras el caso, el PANI sancionó a seis funcionarios con suspensiones sin goce salarial de seis días y emitió dos llamadas de atención. La entonces presidenta ejecutiva de la institución, Patricia Vega, renunció en enero de 2020, ocho meses después del asesinato, en medio de cuestionamientos por la actuación del Patronato en este y otros casos similares.
María asegura que hoy su deseo va más allá del dolor familiar. “Me gustaría hacer conciencia a la gente y a otras mamás. Imagínense que ella se fue siguiendo a ese hombre solo para matar al niño, pues no era su papá. Lo más doloroso fue todo lo que le hicieron”, expresó.
Actualmente, los restos del menor permanecen en una fosa del cementerio de Alajuela.
