Aunque no alcanzaron el grado de carteles, las organizaciones comandadas por Alejandro Arias, Jonathan Pérez y Roney Díaz Oconitrillo, conocidos como Diablo, Tan y Coco Guácimo, ejercieron un nivel de violencia superior al de una banda transnacional.
A esos se les atribuyen al menos 360 homicidios. Para el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el dato es conservador y estaría relacionado con el modo de operar de estas estructuras criminales, muy habituadas al uso sistemático de la violencia.
Soto explicó que ninguno de esos grupos, al menos hasta el momento, ha sido catalogado como cartel de droga porque no alcanzaron la transnacionalidad. Sin embargo, se trata de estructuras “muy organizadas”, “clanes muy fuertes” que, por su naturaleza local, han sido responsables de las pugnas en los barrios.
Entre el 2016 y la actualidad, estos sujetos lograron tomar el control del tráfico local de drogas, el contrabando de cigarrillos y de licor, y otras actividades ilícitas en Pococí, Guácimo, Batán, Valle La Estrella, Sarapiquí, la zona norte, Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Quepos, Parrita, Garabito y Osa.
Organizaciones como las comandadas por Diablo, Tan y Coco Guácimo se dedicaron a colonizar territorios para la distribución de drogas y otros negocios ilícitos para diversificar sus ganancias.
Aunque operan a nivel local, tienen cabecillas, división de funciones, personas dedicadas a recolectar dinero, vender lotería clandestina y transportar droga. Así como grupos encargados de amenazar, extorsionar y ejecutar los homicidios.
Más violentos que dos carteles
De acuerdo con el director de la Policía Judicial, estas estructuras locales son incluso más violentas que los únicos dos carteles de droga desarticulados en la historia del país. Uno de ellos es el cartel del Caribe Sur, comandado por los extraditables Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, intervenido en noviembre del 2025 durante la Operación Traición.
El segundo es el grupo criminal encabezado por el extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, desmantelado a finales de junio de este año en el marco del caso Riverside, durante los operativos más grandes en la historia de la Policía Judicial.
Estas dos últimas estructuras alcanzaron la categoría de cartel porque expandieron sus operaciones más allá de las fronteras nacionales y dentro de la pirámide criminal se ubicaron por encima de organizaciones como las comandadas por Diablo y sus aliados.
Shock, Noni y Pecho de Rata, según explicó Soto, eran quienes abastecían de cocaína y marihuana a Diablo, Tan y Coco Guácimo. Estos últimos se encargaban posteriormente de distribuir la droga en las calles y de disputarse el control del territorio para la venta local.
Decenas de homicidios
Son precisamente esas pugnas las que, según el jerarca, generan gran parte de los homicidios en el país.
Diablo comenzó sus operaciones en el 2016, pero su presencia criminal se intensificó a partir del 2019. Desde entonces, solo al grupo que él comanda se le han atribuido 200 homicidios. Tan, por su parte, comenzó a operar en el 2020 en Guácimo y a sus aliados se les vincula con 100 asesinatos, dos de ellos oficiales de la Fuerza Pública.
El más reciente ocurrió apenas el 13 de mayo, cuando el policía Gerson Rosales, de 28 años, fue asesinado por la espalda cuando trabajaba en un operativo de rutina en Batán de Matina.
Coco Guácimo, por otro lado, inició sus operaciones en el 2021 y hasta la fecha a su grupo se le atribuyen al menos 60 homicidios.
Tanto Diablo como Tan fueron detenidos el viernes 24 de julio en una finca privada en Sarapiquí, tras un intercambio de balas con oficiales de los grupos tácticos del OIJ. En ese mismo predio estaba Coco Guácimo, quien fue abatido por las autoridades durante la balacera que duró unos 50 minutos.
Estos sujetos eran tres de los diez más buscados por las autoridades costarricenses por sus altos perfiles criminales, su vínculo con el tráfico de drogas y asesinatos.
Por información que llevara al paradero de alias Diablo, el 30 de abril del 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció hasta $500.000. El sujeto llevaba casi 10 años prófugo de la justicia.