Con arreglos provisionales, vecinos se sobreponen a efectos de lluvias extremas en Desamparados, Aserrí y Alajuelita

Rocío Quesada Monge, vecina de calle Areneros, en San Rafael Abajo de Desamparados, estaba todavía este 2 de noviembre realizando arreglos y limpieza en su casa, luego de que el 16 de setiembre el río Cañas subió metro y medio en la casa de ella y hasta el techo en las de las vecinas.

Todo el barrio fue desalojado esa vez hacia albergues o a casas de familiares. Una semana después el río se salió de nuevo y el agua llegó hasta los portones. Esta barriada es, hasta ahora, la más afectada en San José por las inundaciones, pues ahí se contabilizaron unas 60 familias damnificadas y no todas han podido regresar a sus casas, porque siguen muy dañadas o están tratando de restaurarlas. En ambas orillas del río hay estructuras sumamente dañadas y declaradas inhabitables.

A algunas familias el Instituto Mixto de Ayuda Social les brinda ayuda con tres meses de alquiler en otro sitio, pero luego de eso no tienen dónde ir.

En Desamparados hubo 33 comunidades con inundaciones con pérdidas en 153 viviendas y otras 261 con daños entre parciales y totales. Fueron censadas 690 familias y el Ministerio de Salud aún continúa girando órdenes sanitarias por inhabitabilidad.

De igual manera, resultaron afectados puentes, carreteras y caminos en San Rafael Abajo, San Juan de Dios, Patarrá, Los Guido, Desamparados centro y Gravilias. También colapsaron varias obras de contención en los principales ríos, informó la municipalidad.

En Aserrí, 20 comunidades tuvieron afectaciones en sectores como Santa Teresita y Salitrillos, mientras que en Alajuelita fueron Concepción, Carmen Lyra y Boca El Monte las zonas más afectadas con 31 viviendas con daños.

Al menos 15 familias de Concepción de Alajuelita que quedaron sin casa esperan respuesta integral, amparados en el decreto de emergencia (N.° 43752-MP) firmado el 12 de octubre, donde se declara emergencia nacional en esos tres cantones josefinos.

El alcalde de Alajuelita, Modesto Alpízar, afirmó que en su cantón los daños no fueron tantos como en Desamparados o Aserrí, pero aún así se realizan las gestiones para ayudar a las familias que lo perdieron todo.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha recibido en lo que va de año casi 6.000 incidentes por inundación, de los cuales 456 han sido en Desamparados.

Ríos estrangulados

Para Blas Sanchez, geólogo de CNE, entre las principales causas de las inundaciones están la falta de mantenimiento en los cauces en temporada seca, con el fin de garantizar la capacidad hidráulica de los mismos en la estación lluviosa.

Otro aspecto tiene que ver con el desordenado crecimiento urbano y la invasión a las zonas de protección de ríos y quebradas por parte de personas que construyen sus casas en las márgenes, exponiendo su vida y estrangulando el cauce, lo que limita su capacidad hidráulica.

En ese sentido, el municipio de Desamparados sostiene que los lineamientos de construcción cerca de ríos y quebradas son otorgados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y no por las municipalidades. Las distancias a partir de la orilla del río van entre 10 y 15 metros según la Ley Forestal (N.° 7575). Esa legislación indica que si el terreno es muy quebrado (pendiente mayor al 40% ) se dejará una franja de 50 metros, como zona de protección.

En algunos casos, se ha visto que la fuerza de los ríos erosionó considerablemente la distancia entre las edificaciones y la cuenca, aunque en la mayoría de los casos los daños son producto de construcciones que se levantaron en áreas de protección de los ríos.

Según esa municipalidad, se requiere un cambio de mentalidad de los ciudadanos para respetar las márgenes de ríos, cuencas y quebradas. También claman por variantes en la normativa que brinden un mayor músculo a las autoridades municipales para la supervisión, control y sanción contra quienes construyen sin la debida licencia municipal.

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Planes reguladores incompletos

En el Índice de Gestión de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República, realizado en el 2021 en los 82 gobiernos locales, sobresale la ausencia de planes reguladores, pues sólo 24 tienen este instrumento de ordenamiento y planificación territorial.

Hay 32 municipios sin plan regulador y 20 lo tienen con cobertura parcial. Es decir, el 68% de las municipalidades carecen de ese instrumento o no les cubre el 100% de su territorio.

En Alajuelita el alcalde dijo que ya el plan regulador de ese cantón fue presentado por segunda vez al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y están a la espera del visto bueno.

Por su parte, en Desamparados el plan es de cobertura parcial, ya que no abarca la totalidad del cantón. Actualmente están elaborando un nuevo plan de ordenamiento territorial, que busca potenciar temas económicos y sociales, informó la oficina de prensa municipal.

En Aserrí el plan de ordenamiento territorial apenas está en etapa de formulación, informó su oficina de prensa.

En cuanto a la red vial cantonal, la Contraloría menciona que 1.182 puentes en todo el país cuentan con condición deficiente o con riesgos inaceptables.

Arreglo parcial en puente devolvió la paz a vecinos de Salitrillos

Aunque el tiempo va borrando la memoria, doña Lorena Fallas Fernández, vecina de Salitrillos, sigue calificando como terrible lo que pasó el 14 de octubre, cuando las aguas de la quebrada Lagunilla arrasaron con el puente que está diagonal a la delegación de la Fuerza Pública de ese distrito de Aserrí y que venía falseado desde setiembre.

“Al llegar no se podía pasar ni siquiera a pie porque todo se desgajó. Tuvimos que dar una vuelta de casi una hora por La Tranca y barrio Prestaciones para poder recoger a mi papá en el hogar diurno de ancianos de Aserrí”, rememoró Fallas.

Para esta ama de casa, de 59 años, el reciente arreglo parcial, ha sido providencial. Dijo que a los ocho días se restableció el paso y que durante la semana en que estuvo cerrado su esposo no pudo sacar el carro para nada. Explicó que la otra salida es por Jericó, en San Miguel de Desamparados, lo que implica un mayor gasto de gasolina, llantas y tiempo, por un mal camino.

Aunque el arreglo es temporal, eso ha facilitado el paso de los buses, ambulancias, los estudiantes y los trabajadores de Salitrillos que todos los días usan ese paso puedan seguir con sus quehaceres diarios.

“Es muy alta la cantidad de carros, buses, motos y camiones que pasan por ahí todos los días. Lugareños que trabajan y estudian en San José tuvieron una semana sumamente difícil a la espera de una respuesta que llegó gracias a la sinergia entre vecinos, empresa privada y municipio”, expresó la vecina.

La colocación de varias alcantarillas o grandes ductos sobre los cuales se rellenó luego el terreno, permitió solventar el problema. Antes era de un puente de doble vía, ahora solo quedó en un sentido, se tuvo que colocar una señal de Ceda y así comenzaron a pasar los carros, cuyos conductores prefieren esperar el turno a tener que dar una vuelta de ocho kilómetros.

La municipalidad también levantó un paso peatonal con láminas de metal soldadas a una estructura, de modo que los caminantes también pueden pasar de un lado a otro.

Según el alcalde Oldemar García, la gran necesidad de usar esa ruta que tiene la población, les llevo a buscar soluciones prontas. En cuanto a la solución final, afirmó que no pueden dar fechas pero ya se están trabajando con la CNE, el Consejo Nacional de Vialidad y otras entidades, para solucionar cuanto antes los problemas estructurales de las vías a causa de estas emergencias.

Junto con ese arreglo se desarrolla el dragado de algunas secciones del río Cañas, cuyas crecidas ocasionaron muchas de las inundaciones que golpearon esa región.

Camión de la basura no entra y menos las máquinas de Bomberos

Muy cerca de esa comunidad, en barrio Santa Lucía en Salitrillos, unas 150 familias rezan para que no ocurra un incendio, pues la única calle de acceso quedó por la mitad luego de las crecidas del río Cañas, que la erosionaron con las lluvias de setiembre y octubre.

Al otro lado del río se ven las paredes colgantes de viviendas cuyos patios y muros de contención fueron arrasados por la corriente. Aunque desde hace más de 60 años existen casas ahí, antes no eran tantas, ni mucho menos al borde del río, dijo Lourdes Campos Córdoba, vecina.

Desde que ocurrió eso, los camiones recolectores de basura no pueden entrar a ese barrio, de modo que los vecinos tienen que caminar con los desechos desde sus casas hasta el área donde se aproxima el camión, por lo que algunos deben caminar casi un kilómetro.

Campos afirmó que en caso de incendio, las máquinas extintoras de los Bomberos no pueden entrar, ya que apenas quedó un carril por donde solo pasa un carro liviano o una motocicleta.

“Si se nos va el pedacito que nos queda, sería imposible el acceso para ambulancias y Policía. Aquí hay adultos mayores, personas asmáticas, personas con alguna discapacidad, así como escolares y colegiales”, dijo.

En esa zona el río Cañas movió hasta el centro del cauce una enorme piedra que en su base tiene casi tres metros de diámetro, lo que impide el paso de las retroexcavadoras que dragan el río y eso dificulta la situación ante nuevas crecidas.

Como no se puede usar dinamita, por la cercanía de muchas casas y la vibración que eso genera, se está usando otro método para resquebrajarla y así poder limpiar el cauce con maquinaria, pero ese proceso es muy lento.

La municipalidad informó que en esa zona se necesita una supervisión permanente debido a la complejidad que presenta, sin embargo la prioridad es habilitar los accesos.

Agregan que desde la tormenta Nate, en octubre del 2017, el cantón ha sido muy afectado por las inclemencias del tiempo y este año las lluvias generaron de nuevo un grado de emergencia considerable.

Al otro lado de Santa Lucía, separada por el río Cañas, queda la zona de San Juan, donde Nathaly Quirós Castro, vecina, vive en una de las casas que da al río.

Las crecidas de setiembre arrasaron con varias propiedades cercanas. Ella tenía un patio que ya no existe y un muro de contención que también cedió. Aunque está en zona de peligro, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), lo único que les dice es que tienen que desalojar, pero como pasa con la mayoría de vecinos, no tienen para dónde irse.

Esta manicurista de 29 años reside con sus dos hijos a la par de donde vive su madre, Miriam Castro León, quien es no vidente.

Lo único que recibieron de la municipalidad y del Ministerio de Salud fue el acta de desalojo y les dijeron que con ese documento podían ir al IMAS a gestionar ayuda para un alquiler.

Afirma que el río siempre se crece y que hace siete años lavó una parte del terreno. Cada invierno para ellos es un dolor de cabeza. Cuando hay aguaceros fuertes moviliza a su mamá hacia donde una tía que vive cerca para atenuar el riesgo.

Nathaly tiene una niña de 11 años y un niño de dos, que les cuida la tía mientras ella trabaja. Por ahora, la única solución es desalojar la casa y ver si el IMAS le aprueba tres meses de alquiler, pero afirma que cómo no tiene para dónde irse después de ese tiempo, prefiere quedarse ahí.