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Una demanda de $18,5 millones (más de ¢9.300 millones) contra el Estado, el Banco de Costa Rica (BCR) y la empresa constructora de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) parece más cerca de encontrar la luz, en medio de un empinado proceso judicial que se ha retrasado por casi ocho años.
El litigio lo iniciaron las empresas Lemon Stone, Eco Proyecciones del Nuevo Milenio y Meco, que formaron un fideicomiso administrado por la empresa Fidelex para reclamar que tenían el derecho para explotar el tajo Asunción, ubicado en Matama de Limón, del cual inicialmente iban a extraer piedra para venderla a Van Oord-Bam, firma holandesa subcontratada por la terminal de contenedores.
La piedra que se iba a extraer del tajo se iba a utilizar como material de relleno de la nueva terminal portuaria, pero esto nunca ocurrió.
Carlos Araya, representante de Lemon Stone, indicó a La Nación que su empresa estaba encargada de la parte comercial, Eco Proyecciones reclamaban ser los dueños de la propiedad y Meco estaba a cargo de la extracción del material.
Desde el 2014, Lemon Stone y Meco firmaron el contrato de consorcio para la explotación del tajo. No obstante, en el 2015 el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) prohibió el uso de la cantera porque las empresas encargadas no demostraron ser dueñas de la misma.
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Además, el abogado de Van Oord-Bam, Paul Zúñiga, explicó que el material de la piedra del tajo no resultó ser el que necesitaba en la construcción.
Zúñiga detalló que el consorcio debía transferir $1,65 millones a Van Oord-Bam debido a dos garantías pactadas en caso de que existiera un incumplimiento contractual. Sin embargo, antes de que el BCR transfiriera el dinero a la constructora, recibieron una orden judicial por una medida cautelar presentada por Meco contra el BCR y la empresa holandesa, lo que suspendió la ejecución de las garantías.
Inicialmente la medida cautelar se iba a procesar en el Contencioso Administrativo, pero tras una apelación de Van Oord-Bam, se trasladó a los Tribunales de Limón. Esto debido a que el BCR actuaba en una actividad comercial privada y no como empresa pública, por lo que el proceso no podía tramitarse por la vía Contenciosa, donde solo se resuelven asuntos contra la administración pública.
Finalmente, el Juzgado Civil de Limón ordenó pagar las garantías en el 2017.
Meses después, Van Oord-Bam fue notificado sobre la demanda actual, dentro del expediente 17-006052-1027-CA, en el cual Meco argumentó que ellos no pudieron cumplir el contrato por culpa del Estado, al haberles cerrado acceso al tajo Asunción.
Tras varios años de espera, la audiencia preliminar se celebrará el 27 de agosto, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial. En esa audiencia, el juez escuchará a las partes y decidirá si el caso se eleva a juicio o no.
La Nación solicitó criterio a Jonatán Picado León, abogado de la parte demandante, quien explicó que la pretensión de los $18,5 millones es contra el Estado y Van Oord-Bam, no así contra el BCR.
El monto pretendido se desglosa en $5 millones por la imposibilidad de explotación del tajo, $2,5 millones por la pérdida de la inversión realizada en infraestructura, $1 millón por gastos operativos y administrativos incurridos y perdidos por la no operación del tajo, $8 millones por los ingresos dejados de percibir por la no ejecución del contrato existente con Van Oord-Bam y $2 millones por “lucro cesante producto de esos ingresos no percibidos”.
“Es una demanda muy compleja. En la demanda se desarrolla la teoría del caso. No hay ninguna pretensión contra el BCR. No se le demanda en nada, pero procesalmente debía formar parte del expediente por temas técnicos procesales”, explicó.
Por su parte, Zúñiga afirmó que “aquí Van Oord no tiene nada que hacer, Van Oord simplemente cobró una garantía que se le había dado por un material que nunca se le entregó, y si Meco está alegando que por culpa del Estado fue que no cumplieron, entonces que vaya y le reclame el Estado y no a Van Oord, porque Van Oord tuvo que ir después a buscar esa piedra a otro lado”.
Finalmente, la constructora trajo el material requerido desde Noruega.
Demoras constantes
Parte de la tardanza en resolver la demanda se ha debido a múltiples postergaciones de la audiencia preliminar.
“Nos topamos de camino con la pandemia, después cada vez que se señalaba una audiencia preliminar, se pedía por parte de los actores que se suspendiera por alguna razón. Creo no equivocarme si digo que se han señalado al menos siete audiencias preliminares, porque alguno de los abogados de alguna de las partes decía que le chocaba con algún señalamiento anterior y esa es una de las razones por las cuales siempre se suspende una audiencia”, indicó Zúñiga.
El proceso también ha tenido disputas entre las partes demandantes. Por estos conflictos, Lemon Stone se retiró de la demanda, pues su representante, Carlos Araya, consideró que la misma está viciada y que su empresa no recibiría ninguna compensación. La solicitud fue acogida por el Tribunal Contencioso el 24 de mayo del 2024.
Araya alegó que los demandantes omitieron documentos importantes en la demanda y cometieron errores de procedimiento. Al respecto, Picado afirmó que esos reclamos son “una lectura completamente desacertada y falsa” del proceso.
En el 2015 trascendió que Lemon Stone y Eco Proyecciones demandarían al Estado por $400 millones; sin embargo, dicho proceso no prosperó.
